Melina Orquidea
Cientos de universitarios permanecieron durante más de dos horas en la Secretaría de Educación y reclamaron la aplicación de la norma, un aumento de las becas Progresar y fondos para salarios, comedores y residencias. La Policía Federal desalojó el edificio y el Gobierno anunció que denunciará penalmente a los manifestantes.
Cientos de estudiantes universitarios ingresaron al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, para exigir que el gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y acate el fallo judicial que ordenó aplicar inmediatamente sus disposiciones.
La protesta comenzó con una sentada pacífica frente al edificio ubicado en Pizzurno 935, en la Ciudad de Buenos Aires. Minutos después, los estudiantes accedieron al hall y permanecieron allí durante más de dos horas, mientras reclamaban ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
La información conocida inicialmente indicaba que el funcionario no se encontraba en el lugar. Sin embargo, fuentes estudiantiles y periodísticas confirmaron posteriormente que Torrendell recibió a una delegación, aunque la reunión terminó sin acuerdos ni respuestas concretas. Según TN, el encuentro fue interrumpido después de una comunicación del Gobierno.
La jornada concluyó con la intervención de la Policía Federal, que desalojó el edificio. Los estudiantes denunciaron que los efectivos avanzaron con escudos y gases, mientras el Ministerio de Capital Humano sostuvo que se había producido una “ocupación violenta” y anunció que presentará una denuncia judicial por los supuestos daños ocasionados al patrimonio público.
“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde”
La protesta fue protagonizada por estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de las Artes y otras instituciones públicas. Además del cumplimiento de la ley, reclamaron un aumento de las becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto estudiantil, políticas de salud mental y mayores partidas para residencias y comedores.
“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, expresó Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
La dirigente estudiantil sostuvo que la comunidad universitaria enfrenta a un Gobierno que no escucha al Congreso, a las universidades ni a la Justicia. “Se nos acabó la paciencia”, afirmó durante la permanencia en el Palacio Pizzurno.
Isabel González Puente, consejera directiva de Filosofía y Letras, convocó a la sociedad a acompañar el reclamo y señaló que la discusión excede a quienes estudian o trabajan actualmente en una universidad.
“No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que la sociedad argentina ya le dijo que tiene que cumplir”, sostuvo.
Un juez ordenó aplicar inmediatamente la ley
La protesta ocurrió un día después de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional el Decreto 759/2025, utilizado por el Ejecutivo para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El magistrado hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y ordenó al Gobierno ejecutar inmediatamente las obligaciones establecidas por el Congreso. El fallo cuestionó el argumento oficial de que la norma no determinaba de dónde debían obtenerse los recursos.
Según la sentencia, el artículo 9 de la propia ley contiene disposiciones sobre su financiamiento. También remarcó que el Poder Ejecutivo no puede neutralizar mediante un decreto una ley que fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada posteriormente por ambas cámaras con las mayorías necesarias para rechazar el veto.
El Gobierno anunció que apelará la decisión. No es la primera vez que la Justicia rechaza su estrategia para evitar la ejecución de la norma: la Corte Suprema ya había desestimado en junio un recurso oficial contra una medida cautelar favorable a las universidades, aunque en aquella oportunidad no se pronunció sobre el fondo del conflicto.
La ley establece mecanismos para recomponer los salarios docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y recuperar el financiamiento real perdido por las universidades nacionales desde el comienzo de la gestión libertaria.
La Policía desalojó el edificio
Después de la reunión sin resultados con Torrendell, efectivos de la Policía Federal ingresaron al Palacio Pizzurno y terminaron con la permanencia estudiantil. Los manifestantes denunciaron que fueron desplazados mediante escudos y gases.
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, presentó una versión opuesta. La cartera calificó lo sucedido como una ocupación violenta, aseguró que se registraron daños y anunció que solicitará la intervención judicial para determinar responsabilidades.
El comunicado oficial no detalló públicamente qué bienes habrían resultado dañados ni difundió una estimación económica de los supuestos perjuicios. Los estudiantes, por su parte, insistieron en que la acción había sido pacífica y que su único objetivo era obtener una respuesta institucional.
La denuncia anunciada por el Gobierno transformó un reclamo presupuestario en un nuevo conflicto político y judicial. Mientras las universidades exigen que se cumpla una ley ratificada por el Congreso y respaldada por resoluciones judiciales, el Ejecutivo respondió con una apelación contra el fallo y una acusación penal contra quienes se movilizaron.
Quinta Marcha Federal Universitaria
La ocupación del Palacio Pizzurno abrió una semana de protestas que culminará el jueves 15 de octubre con la quinta Marcha Federal Universitaria.
El Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y los gremios docentes y no docentes convocaron a movilizaciones en distintas provincias. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración está prevista frente al Congreso Nacional.
La convocatoria reclama la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes, recursos para garantizar el funcionamiento de las instituciones y un Presupuesto 2027 que revierta el deterioro acumulado por el sistema.
La jornada coincidirá con otras protestas contra la derogación de la Ley de Tierras, el DNU 70/2023 y el incumplimiento de la emergencia en discapacidad. También está prevista una sesión especial de la Cámara de Diputados para debatir parte de esos reclamos.
El conflicto universitario llegará así nuevamente a las calles. Esta vez, además del reclamo presupuestario, la movilización tendrá como eje una exigencia institucional elemental: que el Poder Ejecutivo cumpla una ley vigente, ratificada por el Congreso y respaldada por la Justicia.
GONZALO SCHWEIZER
