Melina Orquidea
El diputado libertario negó que en la Argentina hubiera condenados por genocidio, reivindicó la teoría de la “guerra contra la subversión” y provocó la furia de Germán Martínez. El escándalo estalló mientras el Gobierno intenta conseguir votos para aprobar una norma que contempla hasta 15 años de prisión por “manipular la opinión pública”.
El diputado de La Libertad Avanza Beltrán Benedit convirtió el debate de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en un escándalo político al defender su visita a represores condenados por delitos de lesa humanidad, relativizar el terrorismo de Estado y provocar un violento enfrentamiento verbal con el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
El episodio golpeó directamente la estrategia de Santiago Caputo, uno de los principales impulsores políticos del proyecto, cuando el Gobierno intenta convencer a radicales, macristas y legisladores provinciales de acompañar una iniciativa cuestionada por la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo y por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
Según publicó La Política Online, Caputo habría responsabilizado a Benedit por haber complicado una ley anunciada por Javier Milei como una de las principales apuestas de su giro discursivo sobre Malvinas. La frase insultante atribuida al asesor presidencial y la posibilidad de quitarle al diputado el control político del PAMI y la ANSES en Entre Ríos proceden de fuentes anónimas y no fueron confirmadas oficialmente.
Lo que sí quedó registrado fue la intervención de Benedit durante el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, donde se discute el expediente 0010-PE-2026 enviado por el Poder Ejecutivo.
Benedit negó el genocidio y reivindicó la teoría de los dos demonios
El conflicto comenzó cuando el diputado de Unión por la Patria Aldo Leiva recordó la visita realizada en julio de 2024 por legisladores libertarios a represores detenidos en el penal de Ezeiza. Benedit integró aquella comitiva y decidió responder cuando el plenario estaba a punto de finalizar.
“Hemos callado mucho tiempo por lo que hoy se ha mencionado acá”, comenzó el entrerriano. Desde la otra punta del salón, Germán Martínez advirtió que el peronismo respondería si el libertario pretendía defender aquella visita.
Benedit afirmó entonces que en la Argentina se había instalado la palabra “genocidio” pese a que, según él, no existían personas procesadas ni condenadas bajo esa calificación. También sostuvo que había existido un plan ejecutado por “fuerzas subversivas terroristas”, un argumento utilizado históricamente para relativizar el terrorismo de Estado y presentar la represión clandestina como parte de una guerra entre dos fuerzas equivalentes.
La intervención provocó la reacción inmediata de Martínez. “¡Es para cagarlo a trompadas!”, exclamó el jefe del bloque peronista. El enfrentamiento no pasó de los gritos, pero dejó el debate legislativo completamente desplazado por una discusión sobre la última dictadura.
Benedit no es ajeno a estas controversias. Fue uno de los diputados libertarios que visitaron en Ezeiza a represores condenados por secuestros, torturas, desapariciones y apropiaciones de menores. Entre los detenidos visitados se encontraba Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada.
El peor momento para el Gobierno
El escándalo ocurrió cuando el oficialismo trata de evitar que su proyecto pierda el respaldo de los bloques dialoguistas. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, asistió al Congreso para defender la iniciativa y anunció que el Gobierno analiza incorporar una comisión bicameral destinada a supervisar el Consejo de Seguridad Nacional previsto por la norma.
La Casa Rosada rechaza dividir el proyecto, pese a que varios bloques aceptan endurecer las sanciones contra quienes exploten ilegalmente los recursos naturales de las Islas Malvinas, pero se oponen a los capítulos vinculados con seguridad interior, inteligencia, terrorismo e intervención extranjera.
El Gobierno presentó oficialmente la iniciativa el 17 de septiembre y aseguró que se apoya en tres pilares: castigar la explotación ilegítima de recursos argentinos, generar incentivos para que esas actividades cesen y otorgar al Estado nuevas herramientas frente a amenazas externas. También propuso crear un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente.
Sin embargo, el articulado excede ampliamente la cuestión Malvinas. Incluye modificaciones penales, un registro de personas y organizaciones vinculadas con el terrorismo, nuevas facultades de inteligencia y mecanismos para involucrar a las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura considerada estratégica.
El artículo 111 y el riesgo para la libertad de expresión
El punto que concentra las mayores objeciones es el artículo 111. La disposición propone incorporar al Código Penal un nuevo artículo 225 bis, con penas de entre cinco y doce años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, intente alterar procesos electorales o “manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
La escala se elevaría de ocho a quince años cuando existan amenazas, coerción, sobornos u otros agravantes.
El problema jurídico no reside únicamente en las penas, sino en la vaguedad de conceptos como “desinformación”, “manipulación de la opinión pública” y “campaña coordinada”. Una interpretación amplia podría alcanzar a periodistas, medios, organizaciones sociales, investigadores o dirigentes que reciban financiamiento de instituciones extranjeras y publiquen información que el Gobierno considere falsa o perjudicial.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas advirtió que esa redacción puede generar interpretaciones ambiguas y un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión. La UCR también comunicó que no acompañará el artículo si mantiene su formulación actual.
Ese era precisamente el terreno que Ibarzábal intentaba despejar cuando Benedit transformó el plenario en una reivindicación de la narrativa militar sobre la última dictadura. Su intervención reforzó las sospechas de quienes temen que herramientas penales redactadas con términos imprecisos puedan terminar utilizándose contra opositores, periodistas o voces críticas.
La bronca de Caputo y las posibles represalias
La Política Online sostuvo que el enojo de Santiago Caputo habría escalado hasta el punto de evaluar represalias políticas contra Benedit. Entre las posibilidades mencionadas aparece quitarle influencia sobre las delegaciones del PAMI y la ANSES en Entre Ríos.
Esa versión no fue confirmada por la Casa Rosada, por los organismos involucrados ni por el propio legislador. Por lo tanto, debe considerarse información atribuida a fuentes reservadas y no una decisión oficial.
La reacción resulta verosímil dentro de la interna libertaria: Caputo necesita sostener el respaldo de los sectores dialoguistas, mientras Benedit acaba de ofrecerles un argumento adicional para desconfiar del proyecto. Pero la existencia de un motivo político no prueba que las amenazas o las represalias hayan ocurrido.
Malvinas atrapada en una ley de seguridad
Unión por la Patria propone respaldar los primeros artículos relacionados específicamente con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y rechazar el resto del proyecto. Otros bloques reclaman separar el régimen contra la explotación ilegal de recursos del capítulo de seguridad nacional.
El Gobierno se niega a fragmentarlo porque pretende convertir la reivindicación de Malvinas en la puerta de entrada para aprobar una arquitectura mucho más amplia de inteligencia, defensa y control político.
La intervención de Benedit dejó esa contradicción al descubierto. Mientras la Casa Rosada presenta la norma como una herramienta de unidad nacional, uno de sus propios diputados utilizó el debate para justificar la narrativa de los represores y volvió a dividir el Congreso alrededor de los crímenes de la dictadura.
El problema de Caputo ya no consiste solamente en conseguir los votos. También deberá explicar por qué una ley presentada como defensa de la soberanía incluye penas de hasta quince años por influir sobre la opinión pública y por qué algunos de sus defensores reivindican a quienes utilizaron el aparato estatal para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar argentinos.
GONZALO SCHWEIZER
