GONZALO SCHWEIZER
El Gobierno retrasó un mes la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral y duplicó de seis a doce meses el período mínimo de carencia. El mecanismo comenzará a recibir contribuciones en diciembre de 2026, pero sus recursos recién podrán utilizarse, en principio, desde diciembre de 2027. La decisión posterga una herramienta para financiar indemnizaciones en medio del deterioro del empleo, aunque el propio decreto reconoce que los fondos necesitan tiempo para acumular recursos.
El gobierno de Javier Milei modificó el cronograma de implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los instrumentos incorporados por la reforma laboral sancionada en febrero de 2026. La decisión posterga hasta el 1 de diciembre de este año el comienzo del régimen y extiende a doce períodos mensuales el plazo mínimo que deberá transcurrir antes de que los empleadores puedan utilizar sus recursos.
El cambio tiene una consecuencia política y económica relevante: el fondo no estará disponible para financiar indemnizaciones durante la mayor parte de 2027, un año atravesado por las elecciones nacionales. Sin embargo, la coincidencia entre el calendario electoral y la nueva fecha de habilitación no demuestra, por sí sola, que el objetivo del Gobierno sea impedir despidos durante la campaña.
La explicación expresada en los fundamentos del decreto es diferente. El Poder Ejecutivo sostiene que los fondos necesitan un período de acumulación suficiente para comenzar a operar y que, durante su etapa inicial, todavía no dispondrán del volumen de recursos necesario.
La modificación llega en un contexto de dificultades laborales y financieras para numerosas empresas, con suspensiones, despidos y deterioro de la capacidad de pago en distintos sectores productivos. Por eso, el nuevo cronograma plantea interrogantes sobre el funcionamiento efectivo de un sistema que fue presentado como una herramienta para facilitar la cobertura de las obligaciones derivadas de la desvinculación de trabajadores.
El fondo comenzará en diciembre, pero no podrá utilizarse durante doce meses
La modificación del Decreto 408/2026 desplaza la entrada en vigencia del régimen previsto en el Título II de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802.
Hasta ahora, el esquema debía comenzar el 1 de noviembre de 2026. Con la nueva disposición, su aplicación se posterga hasta el 1 de diciembre.
El cambio más significativo, sin embargo, no es ese mes adicional, sino la ampliación del período mínimo de carencia. El plazo pasa de seis a doce períodos mensuales, contados a partir del registro del primer aporte del empleador ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Esto significa que los empleadores deberán realizar contribuciones durante un período más prolongado antes de poder utilizar los recursos acumulados.
Bajo el supuesto de que el primer aporte quede registrado en diciembre de 2026, el fondo podría comenzar a utilizarse una vez cumplidos los doce períodos exigidos, hacia diciembre de 2027. La fecha efectiva dependerá del registro de los aportes y de las condiciones previstas en la reglamentación.
La diferencia respecto del esquema anterior es considerable. La habilitación inicialmente prevista para mediados de 2027 se desplaza hacia el final del año, lo que posterga la posibilidad de aplicar el mecanismo al pago de las obligaciones laborales comprendidas en el régimen.
El Gobierno admite que los fondos todavía no tendrían recursos suficientes
Los fundamentos de la modificación reconocen expresamente que, durante la etapa inicial, los fondos estarán en proceso de formación y acumulación de las contribuciones empresariales.
Este argumento revela una limitación financiera del sistema. Un fondo destinado a asistir en el pago de indemnizaciones necesita reunir recursos suficientes antes de comenzar a afrontar desembolsos que pueden ser importantes y concentrarse en determinados períodos.
Si las empresas pudieran utilizar el mecanismo poco después de comenzar a aportar, los recursos disponibles podrían resultar insuficientes frente a las obligaciones que pretendieran financiar.
La ampliación de la carencia busca reducir ese riesgo, pero también muestra que la implementación del FAL requiere una etapa de capitalización más extensa que la prevista originalmente.
Esta cuestión adquiere particular importancia en empresas pequeñas y medianas, donde una desvinculación puede representar una obligación económica significativa en relación con su flujo de fondos.
Sin embargo, el período de acumulación no elimina por sí solo los riesgos financieros. La suficiencia del fondo dependerá del volumen de aportes, las condiciones de administración, el rendimiento de los activos y la cantidad de obligaciones que deba cubrir.
Tampoco garantiza que todos los empleadores acumulen recursos suficientes para afrontar cualquier indemnización. La asistencia efectiva dependerá de las reglas específicas del sistema y de los saldos disponibles.
El FAL se financiará con recursos que hoy integran las contribuciones patronales
Uno de los aspectos más importantes del régimen es su forma de financiamiento.
La reglamentación establece que los empleadores privados alcanzados deberán realizar aportes mensuales calculados sobre las remuneraciones utilizadas como base para determinar las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Las alícuotas previstas son del 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas y determinadas entidades sin fines de lucro, y del 1% para el resto de los empleadores privados comprendidos en el sistema.
Sin embargo, estas contribuciones no se incorporan como una carga patronal adicional.
Los recursos destinados al FAL se obtendrán mediante detracciones de contribuciones que actualmente corresponden a distintos componentes de la seguridad social, entre ellos el SIPA, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares.
La diferencia es fundamental para comprender el impacto del mecanismo.
No se trata simplemente de exigir a las empresas un nuevo aporte para financiar eventuales indemnizaciones. El sistema modifica el destino de una parte de los recursos asociados con las contribuciones patronales.
Por lo tanto, la discusión también involucra el financiamiento de los subsistemas de seguridad social afectados por esas detracciones.
Para determinar el impacto fiscal y previsional efectivo será necesario conocer los montos que dejará de recibir cada subsistema, las compensaciones previstas y la evolución de las contribuciones durante la implementación del régimen.
¿El fondo abarata los despidos o solamente modifica su financiamiento?
El Fondo de Asistencia Laboral fue incorporado a la reforma como un mecanismo destinado a asistir a los empleadores en el cumplimiento de determinadas obligaciones derivadas de las desvinculaciones laborales.
Su existencia no significa, por sí sola, que desaparezcan las indemnizaciones previstas por la legislación ni que todos los despidos pasen a ser gratuitos para las empresas.
La diferencia central está en la forma de financiar esas obligaciones.
En un sistema tradicional, el empleador debe afrontar el pago de la indemnización cuando se produce el despido correspondiente. Mediante un fondo previamente constituido, puede contar con recursos acumulados para atender parte o la totalidad de las obligaciones comprendidas, según las condiciones legales y reglamentarias aplicables.
Desde el punto de vista financiero, esto puede reducir la necesidad de disponer de una suma importante en el momento de la desvinculación.
Sin embargo, el efecto sobre las decisiones empresariales depende de varios factores: los recursos disponibles, los costos laborales, la situación económica de cada compañía y las obligaciones que continúan siendo exigibles.
Por eso, no puede afirmarse automáticamente que la entrada en funcionamiento del FAL provocará una ola de despidos. Tampoco sería correcto sostener que su postergación impedirá que las empresas desvinculen trabajadores.
Los empleadores mantienen la posibilidad de adoptar decisiones laborales dentro del marco legal vigente, con independencia de que puedan utilizar o no el nuevo mecanismo de asistencia.
Lo que cambia es la disponibilidad de una fuente específica de financiamiento para afrontar esas obligaciones.
La postergación atraviesa el calendario electoral de 2027
La nueva fecha de utilización del FAL tiene una consecuencia política evidente: el mecanismo no estará disponible durante la campaña electoral nacional de 2027, siempre que se mantenga el cronograma establecido.
Esto abre una discusión sobre los posibles efectos de la decisión en el mercado de trabajo.
Una interpretación política sostiene que postergar la disponibilidad de recursos para financiar indemnizaciones podría reducir los incentivos financieros para concretar desvinculaciones antes de las elecciones.
Sin embargo, esa hipótesis necesita distinguirse de los hechos comprobados.
El decreto modifica el calendario y amplía el período de carencia. También fundamenta el cambio en la necesidad de acumular recursos. Pero no demuestra que el Gobierno haya decidido la postergación con una finalidad electoral, ni que el FAL sea el factor determinante de las decisiones de contratación o despido.
Las empresas que atraviesan dificultades económicas pueden continuar reduciendo personal si consideran necesario hacerlo y cumplen las obligaciones correspondientes.
La reciente crisis del laboratorio Valmax, en Ituzaingó, que desvinculó a la mitad de su plantel, muestra precisamente que los despidos pueden producirse sin que el nuevo fondo se encuentre operativo.
La disponibilidad del FAL podría modificar las condiciones financieras de determinadas desvinculaciones, pero no reemplaza los factores económicos que explican la evolución del empleo.
La reforma plantea una discusión sobre quién financia las indemnizaciones
Más allá de la postergación, el Fondo de Asistencia Laboral introduce una modificación importante en la organización del financiamiento laboral argentino.
Al utilizar recursos derivados de contribuciones patronales que anteriormente se destinaban a componentes de la seguridad social, el régimen plantea una redistribución de fondos entre distintos objetivos.
Para los empleadores, puede representar una herramienta que facilite la planificación financiera de eventuales indemnizaciones.
Para los trabajadores, el punto central es que sus derechos legales se mantengan exigibles y que la existencia del fondo no se convierta en una fuente de incertidumbre respecto del cobro de las obligaciones correspondientes.
Para el sistema previsional y los demás subsistemas afectados, la cuestión es determinar cómo se compensará la disminución de los recursos derivados hacia el nuevo mecanismo.
La ampliación del período de carencia tampoco resuelve estas preguntas. Solamente modifica el momento a partir del cual los fondos podrán utilizarse.
La efectividad del régimen dependerá de su administración, del control sobre los recursos y de la capacidad de atender las obligaciones previstas sin comprometer otras funciones del sistema de seguridad social.
Milei posterga una herramienta laboral en medio de una economía que pierde empleos
La decisión del Gobierno se produce en un escenario en el que distintos sectores económicos enfrentan dificultades para sostener sus niveles de actividad y empleo.
El nuevo cronograma retrasa la disponibilidad de un mecanismo que fue presentado como una herramienta de asistencia para las empresas, pero también obliga a examinar con mayor atención su funcionamiento financiero y sus consecuencias sobre los recursos de la seguridad social.
El cambio más importante es concreto: el FAL comenzará a aplicarse el 1 de diciembre de 2026 y exigirá doce períodos mensuales de aportes antes de que sus recursos puedan utilizarse, en lugar de los seis previstos anteriormente.
La postergación coincide con el calendario electoral de 2027, pero los fundamentos oficiales conocidos apuntan a la necesidad de permitir una mayor acumulación de recursos.
El problema de fondo permanece abierto. La reforma laboral creó un instrumento para financiar obligaciones derivadas de las desvinculaciones, pero su implementación inicial muestra que no basta con establecer un fondo por ley: también es necesario garantizar que disponga de recursos suficientes y que su funcionamiento sea compatible con las obligaciones laborales y previsionales existentes.
Mientras el Gobierno posterga la utilización del FAL, las empresas continúan enfrentando dificultades económicas y los trabajadores siguen expuestos a los despidos bajo las reglas actualmente aplicables. La modificación no suspende las desvinculaciones ni resuelve la crisis del empleo; solamente aplaza la entrada en funcionamiento de una nueva forma de financiarlas.
