GONZALO SCHWEIZER
El Consejo Interuniversitario Nacional reclama $2,5 billones adicionales en el Presupuesto 2027 para financiar las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios calculan que los salarios docentes y no docentes necesitan una recomposición de entre el 33% y el 40% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2023. Mientras tanto, el conflicto judicial por la aplicación de la norma continúa y las universidades advierten que el financiamiento previsto es insuficiente.
La discusión por el financiamiento de las universidades nacionales ingresó en una etapa decisiva. El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de Javier Milei contempla $7,2 billones para el sistema universitario, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que se necesitan $9,7 billones para cumplir las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario.
La diferencia asciende a $2,5 billones, equivalentes al 34,7% de los recursos previstos originalmente. No se trata de una solicitud de expansión extraordinaria del sistema, sino de una estimación de los fondos necesarios para aplicar una legislación sancionada por el Congreso, cuyo cumplimiento continúa siendo objeto de controversias judiciales.
El reclamo volvió a ocupar el centro de la discusión pública durante la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves 15 de octubre, mientras el Congreso debate las partidas que definirán el funcionamiento de las instituciones durante el próximo año.
El problema excede la cantidad de dinero asignada. La mayor parte del presupuesto universitario se destina a remuneraciones, por lo que la insuficiencia de fondos afecta directamente a docentes y trabajadores no docentes. También compromete la capacidad de sostener actividades académicas, investigación, becas y servicios vinculados con los hospitales universitarios.
Una diferencia presupuestaria que representa más de un tercio de los fondos previstos
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, precisó que la asignación de $7,2 billones incluida en el proyecto oficial debería elevarse hasta $9,7 billones para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
La diferencia de $2,5 billones representa aproximadamente un 34,7% adicional sobre el monto presupuestado. Dicho de otra manera, el proyecto del Gobierno cubre alrededor del 74% de los recursos que las universidades consideran necesarios para cumplir la norma.
La ley, sancionada en 2025 y ratificada por el Congreso después del veto presidencial, establece mecanismos de actualización para distintas partidas del sistema universitario. Comprende remuneraciones docentes y no docentes, gastos de funcionamiento, becas, hospitales universitarios e investigación, con criterios y períodos de recomposición que no son necesariamente idénticos para todos los conceptos.
Esta distinción es importante porque no todos los recursos tienen el mismo destino. Los fondos salariales permiten pagar al personal, mientras que los gastos de funcionamiento sostienen servicios, mantenimiento, materiales y otras necesidades institucionales. La recomposición de una partida no sustituye automáticamente la insuficiencia de otra.
La controversia tampoco puede reducirse a si el Gobierno aumenta o no el presupuesto nominal respecto del año anterior. La cuestión jurídica y económica es si las partidas previstas permiten cumplir las obligaciones específicas establecidas por la legislación vigente.
El costo de aplicar la ley y la deuda acumulada son dos problemas diferentes
Un informe de la consultora Zentrix estimó que la aplicación de las obligaciones consideradas en su escenario de cumplimiento legal requeriría aproximadamente $2,45 billones adicionales durante 2027, una cifra muy cercana a la planteada por el CIN.
El estudio también contempla un escenario de recomposición más amplia de los gastos de funcionamiento, que elevaría la necesidad de financiamiento adicional hasta $3,65 billones.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre calcular cuánto dinero se necesita para financiar el sistema durante 2027 y determinar cuánto debería pagarse por los períodos anteriores en los que las partidas no fueron actualizadas conforme a los criterios reclamados.
Zentrix aclara que sus estimaciones no incluyen las eventuales diferencias retroactivas correspondientes a 2024, 2025 y 2026. Para establecer esos montos sería necesario reconstruir las obligaciones de cada período, identificar los pagos efectivamente realizados y calcular las diferencias según los conceptos alcanzados.
Por lo tanto, los $2,5 billones reclamados no representan necesariamente el costo total de resolver el conflicto universitario. Constituyen una estimación de los recursos adicionales requeridos para el ejercicio 2027, sin incorporar una eventual liquidación de retroactivos.
Esta precisión también importa para evaluar el impacto fiscal. No es lo mismo financiar una obligación recurrente del próximo ejercicio que cancelar diferencias acumuladas durante varios años.
La disputa judicial coloca al Gobierno frente a una obligación que no puede ignorar
La Ley de Financiamiento Universitario fue objeto de un veto presidencial que el Congreso rechazó mediante el procedimiento constitucional correspondiente. A pesar de esa insistencia legislativa, su aplicación plena continúa en disputa.
Según la información difundida sobre el expediente, durante 2026 se dictaron resoluciones judiciales desfavorables a la posición del Gobierno y medidas destinadas a exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones salariales y de becas.
Es importante distinguir entre la vigencia de la ley, las medidas cautelares y las decisiones judiciales definitivas. Una cautelar puede imponer obligaciones de cumplimiento inmediato respecto de ciertos aspectos del conflicto, pero su alcance concreto depende de lo establecido en la resolución. Tampoco corresponde confundir una decisión de la Corte Suprema con una sentencia definitiva sobre todas las controversias presupuestarias si el expediente no acredita ese alcance.
La información disponible señala que las obligaciones salariales y de becas alcanzadas por las medidas judiciales representarían alrededor de $2 billones adicionales. También se informó la imposición de una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, vinculada con el incumplimiento de una orden judicial.
Más allá de las instancias procesales pendientes, el conflicto plantea una cuestión institucional: el Poder Ejecutivo no puede considerar una ley ratificada por el Congreso como una simple recomendación presupuestaria. Si existen obligaciones legales exigibles, su cumplimiento debe ser contemplado al formular y ejecutar las partidas correspondientes, sin perjuicio de las decisiones judiciales que determinen su alcance.
Los salarios explican el 87% del presupuesto universitario
El aspecto más delicado del conflicto es la situación salarial. Según las estimaciones difundidas por las organizaciones universitarias, las remuneraciones representan aproximadamente el 87% del presupuesto del sistema.
Esto significa que cualquier discusión seria sobre el financiamiento debe considerar cuánto dinero se destina a los trabajadores. Si los salarios permanecen retrasados, un aumento nominal del presupuesto puede resultar insuficiente para recuperar las condiciones económicas anteriores.
Las federaciones gremiales coinciden en que existe una pérdida importante de poder adquisitivo desde fines de 2023, aunque presentan estimaciones diferentes sobre la recomposición necesaria.
La CONADU Histórica, a través de su secretaria general Francisca Staiti, calcula que los salarios docentes y no docentes necesitan un incremento del 33% para recuperar el poder de compra perdido desde la llegada de Milei al Gobierno.
La CONADU, por su parte, estima una recomposición del 36%, tomando como referencia el poder adquisitivo de diciembre de 2023. Otras evaluaciones sindicales ubican la necesidad de actualización cerca del 40%.
Las diferencias responden, entre otros factores, a los períodos utilizados como referencia y a los criterios de cálculo. Por eso, no corresponde presentar esos porcentajes como si fueran una única estimación oficial.
Tampoco debe confundirse el aumento necesario para recuperar el salario real con el porcentaje de pérdida salarial. Por ejemplo, si una remuneración necesita aumentar 36% para recuperar su poder adquisitivo anterior, su valor real actual es aproximadamente un 26,5% inferior al nivel de referencia. La diferencia surge de que la recuperación se calcula sobre una base salarial ya reducida.
El dato es relevante para comprender por qué los porcentajes reclamados pueden parecer elevados: no buscan necesariamente otorgar una mejora real sobre el nivel anterior, sino recuperar el poder adquisitivo que los gremios consideran perdido.
Un docente inicial cobra $300.000 por diez horas cátedra
La situación salarial adquiere una dimensión concreta al observar las remuneraciones informadas por las organizaciones gremiales.
Carlos De Feo, exsecretario general de CONADU, señaló que un docente universitario inicial con una dedicación de diez horas cátedra percibe alrededor de $300.000 mensuales. También indicó que solamente el 5% de los trabajadores universitarios alcanza ingresos superiores a $3,5 millones.
El primer dato requiere una interpretación cuidadosa. Una remuneración correspondiente a una dedicación de diez horas no puede compararse directamente con el salario mensual de una jornada completa, porque las cargas horarias y las categorías laborales son diferentes.
Sin embargo, permite observar las condiciones económicas de quienes tienen dedicaciones parciales y deben combinar cargos, actividades de investigación u otros trabajos para completar sus ingresos.
La pérdida de poder adquisitivo también tiene consecuencias institucionales. Las universidades necesitan conservar docentes con formación especializada, investigadores y personal técnico y administrativo para sostener sus actividades. Cuando las remuneraciones pierden competitividad frente a otras alternativas laborales, aumentan los riesgos de dificultades para cubrir cargos y mantener equipos de trabajo.
No se puede afirmar que toda reducción presupuestaria provoque automáticamente una salida masiva de docentes o investigadores. Pero sí existe una relación directa entre las condiciones salariales, la capacidad de retención del personal y el funcionamiento de las instituciones.
¿Se puede financiar el aumento sin comprometer el superávit?
Uno de los principales argumentos del Gobierno para resistir incrementos del gasto es la necesidad de preservar el equilibrio fiscal.
El informe de Zentrix introduce un elemento importante en esa discusión: identifica aproximadamente $7,68 billones en obligaciones del Tesoro sin asignación específica y plantea que una parte de esos recursos podría utilizarse para financiar la recomposición universitaria.
La existencia de esa partida no demuestra, por sí sola, que todos los fondos estén efectivamente disponibles ni que puedan reasignarse sin consecuencias. Para establecerlo es necesario examinar su naturaleza presupuestaria, los compromisos que eventualmente deba cubrir y las facultades legales para modificar su destino.
Sin embargo, la estimación permite cuestionar la idea de que el financiamiento universitario necesariamente deba resolverse mediante un aumento del déficit.
Si las partidas identificadas admitieran una reasignación efectiva, el problema sería también una cuestión de prioridades en la distribución del gasto público.
Los $2,5 billones adicionales reclamados por el CIN equivalen a aproximadamente un tercio de los $7,68 billones mencionados por Zentrix. Esa relación no prueba que la operación presupuestaria sea automática, pero muestra por qué resulta indispensable analizar el conjunto del proyecto antes de afirmar que no existen alternativas de financiamiento.
El Congreso debe decidir si aprueba un presupuesto compatible con la ley
El debate del Presupuesto 2027 coloca a los legisladores frente a una decisión que excede la disputa política entre el Gobierno y las universidades.
Si el Congreso considera que la Ley de Financiamiento Universitario continúa vigente y genera obligaciones exigibles, deberá evaluar si los $7,2 billones previstos permiten cumplirlas. Las estimaciones del CIN y de Zentrix indican que no alcanzarían y que sería necesario incorporar aproximadamente $2,5 billones adicionales.
También deberá determinar cómo se financiarían esos recursos y qué tratamiento recibirían las eventuales obligaciones retroactivas, que no están incluidas en los cálculos principales.
La situación salarial agrega urgencia al debate. Los gremios estiman que los trabajadores universitarios necesitan aumentos de entre el 33% y el 40% para recuperar el poder adquisitivo de fines de 2023, mientras que las remuneraciones representan la mayor parte del presupuesto institucional.
La discusión, por lo tanto, no consiste simplemente en aumentar una partida por presión de las movilizaciones. Se trata de establecer cuánto cuesta cumplir una ley aprobada por el Congreso y cómo se distribuyen los recursos públicos para hacerlo posible.
El Gobierno proyecta destinar $7,2 billones a las universidades, pero las estimaciones disponibles sitúan las necesidades legales de financiamiento en torno a los $9,7 billones. La diferencia de $2,5 billones deberá resolverse durante el tratamiento legislativo o continuará trasladándose a la ejecución presupuestaria y a los tribunales.
Mientras tanto, la quinta Marcha Federal Universitaria vuelve a poner de manifiesto que el conflicto no está cerrado. Para las universidades, el problema sigue siendo sostener la enseñanza, la investigación y el funcionamiento institucional. Para el Congreso, la responsabilidad será determinar si el presupuesto que apruebe permite cumplir efectivamente la legislación que ya sancionó.
Melina Orquidea
