Rodolfo Gudino
Miles de estudiantes, docentes, trabajadores, jubilados y personas con discapacidad desafiaron la lluvia y se movilizaron frente al Congreso para reclamar que el Gobierno cumpla una ley sancionada por el Parlamento y respaldada por decisiones judiciales. La quinta Marcha Federal Universitaria terminó atravesada por una intervención policial con gases lacrimógenos, carros hidrantes, personas heridas y detenidas. El conflicto expone una disputa más profunda: hasta dónde puede llegar el ajuste fiscal cuando existen obligaciones legales que el Poder Ejecutivo se resiste a ejecutar.
La quinta Marcha Federal Universitaria convirtió nuevamente al Congreso de la Nación en el centro de un conflicto político que el gobierno de Javier Milei no consiguió resolver mediante decisiones presupuestarias ni recursos judiciales. Este jueves 15 de octubre, bajo una lluvia persistente, una multitud reclamó la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y los recursos necesarios para sostener las actividades académicas y científicas.
La jornada, convocada por organizaciones universitarias, sindicatos y agrupaciones estudiantiles, reunió también a trabajadores de la industria, jubilados, organizaciones de personas con discapacidad y familias que expresaron su preocupación por el deterioro de los ingresos y las dificultades de acceso a servicios esenciales.
La protesta tuvo momentos de violencia en las inmediaciones del Congreso. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes durante enfrentamientos que incluyeron lanzamiento de piedras y daños al mobiliario urbano por parte de algunos participantes.
La Agencia Noticias Argentinas confirmó el uso de elementos químicos y vehículos hidrantes, mientras otros registros periodísticos documentaron corridas, personas heridas y detenciones.
El operativo reabrió la discusión sobre la proporcionalidad de la respuesta policial y la protección del derecho constitucional a manifestarse.
La existencia de actos violentos cometidos por personas determinadas no habilita a atribuir esas conductas al conjunto de los manifestantes. Pero tampoco corresponde omitirlos al reconstruir lo sucedido.
La cuestión es si la intervención estatal se limitó a controlar hechos concretos de violencia o si afectó de manera desproporcionada a personas que ejercían pacíficamente su derecho a protestar.
La ley que el Congreso aprobó y el Gobierno continúa cuestionando
El origen del conflicto está en la Ley 27.795, aprobada durante 2025 y ratificada por el Congreso después del veto presidencial. La norma establece mecanismos para recomponer los salarios universitarios, actualizar determinadas partidas presupuestarias y atender el financiamiento del sistema público de educación superior.
El Poder Ejecutivo promulgó la ley mediante el Decreto 759/2025, pero condicionó su ejecución efectiva a la determinación de fuentes de financiamiento y a la asignación de partidas presupuestarias.
Las universidades consideraron que esa condición impedía aplicar una norma vigente y acudieron a la Justicia.
Durante 2026, el conflicto produjo diversas decisiones judiciales. La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó en marzo una cautelar que exigía medidas de recomposición salarial y actualización de becas.
Posteriormente, el juez federal Diego Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto que condicionaba la aplicación de la ley y ordenó su ejecución.
El Gobierno apeló esa sentencia, argumentando que el Congreso no había determinado los recursos necesarios para cubrir el gasto. El 9 de octubre, el magistrado concedió la apelación con efecto suspensivo sobre la sentencia definitiva, pero mantuvo vigente la ejecución de las medidas cautelares relacionadas con salarios y becas.
Esta distinción es fundamental: la apelación gubernamental no eliminó todas las obligaciones judiciales existentes, ni supone que la totalidad de la controversia haya sido resuelta definitivamente.
El Gobierno plantea que debe preservar el equilibrio presupuestario y que las erogaciones aprobadas por el Congreso requieren financiamiento suficiente. Las universidades responden que la administración nacional no puede suspender indefinidamente una ley vigente mediante condiciones reglamentarias.
El enfrentamiento ha dejado de ser exclusivamente una discusión sobre partidas presupuestarias. También se ha convertido en una controversia institucional sobre las facultades del Ejecutivo frente a las decisiones del Congreso y de la Justicia.
Salarios deteriorados, becas insuficientes y universidades bajo presión
El financiamiento universitario tiene consecuencias que van mucho más allá de la administración de edificios y facultades.
Los salarios docentes y no docentes, las becas estudiantiles, los servicios básicos, el mantenimiento de laboratorios, la investigación científica y la asistencia hospitalaria dependen de recursos suficientes y previsibles.
Según información difundida durante la convocatoria, los trabajadores universitarios acumularon una pérdida significativa de poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Los reclamos también describieron un deterioro de las partidas de funcionamiento y dificultades para sostener becas.
Las estimaciones publicadas situaron la pérdida salarial acumulada en torno del 33%, aunque ese indicador requiere precisar el período, la categoría laboral y el método de cálculo para establecer comparaciones definitivas.
El Gobierno defiende la disciplina fiscal como condición para reducir la inflación y estabilizar la economía. Sin embargo, la discusión sobre el costo de financiar las universidades no puede limitarse a cuánto representa cada partida para el Tesoro.
También debe considerar los efectos de una reducción sostenida de recursos sobre la formación de profesionales, la investigación científica, los servicios de salud universitarios y la capacidad productiva futura.
La educación superior no constituye únicamente un gasto corriente. También integra el conjunto de inversiones sociales que permiten desarrollar capital humano, conocimiento y capacidades tecnológicas.
El debate económico exige medir tanto el costo presupuestario inmediato como las consecuencias de limitar esas capacidades a mediano y largo plazo.
Gases, carros hidrantes y detenciones frente al Congreso
Los enfrentamientos comenzaron durante la tarde, antes del acto central de las organizaciones universitarias. Distintas coberturas documentaron daños sobre bancos de cemento, lanzamiento de proyectiles y la posterior intervención policial mediante agentes químicos y vehículos hidrantes.
Según la reconstrucción publicada el 16 de octubre, se reportaron al menos diez personas heridas y 31 detenidas, entre ellas dos menores de edad. Estas cifras corresponden a los reportes disponibles tras la jornada y no deben interpretarse como un balance judicial definitivo.
Los organizadores y algunos manifestantes denunciaron que personas ajenas a la convocatoria habrían provocado los disturbios. Esa hipótesis requiere identificación y pruebas; no puede darse por comprobada únicamente a partir de testimonios o imágenes difundidas en redes sociales.
La responsabilidad del Estado, sin embargo, merece un examen independiente. El artículo 14 de la Constitución Nacional protege el derecho de peticionar a las autoridades y el artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de derechos humanos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 21, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 15, reconocen el derecho de reunión pacífica, sujeto únicamente a restricciones legalmente justificadas y necesarias.
Las fuerzas de seguridad pueden intervenir frente a actos concretos de violencia, pero el empleo de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Por eso, el análisis no termina determinando si hubo personas que arrojaron piedras. También debe establecer cómo respondió la Policía, contra quiénes se utilizaron los agentes químicos, qué riesgo existía y si se adoptaron medidas para proteger a los manifestantes pacíficos.
Sin una investigación completa del operativo no corresponde afirmar que todas las intervenciones fueron ilegales, pero tampoco que la presencia de algunos manifestantes violentos justificaba cualquier respuesta policial.
La universidad reunió reclamos que exceden las aulas
Uno de los aspectos más significativos de la movilización fue la participación de sectores que no pertenecen directamente a la comunidad académica.
Trabajadores industriales, organizaciones de personas con discapacidad y jubilados se sumaron a la convocatoria con demandas propias.
La presencia de familias vinculadas con la producción de calzado expuso la preocupación por la caída de actividad industrial y las dificultades de pequeñas empresas frente a las importaciones y la reducción del consumo.
También participaron trabajadores relacionados con servicios para personas con discapacidad, que denunciaron problemas en la cobertura de prestaciones y el financiamiento de las instituciones.
Estos testimonios representan experiencias individuales y sectoriales, no mediciones generales de la economía. Sin embargo, muestran que la defensa de las universidades se convirtió en un espacio de articulación de conflictos sociales diferentes.
La universidad pública ocupa un lugar particular en esa articulación porque conecta la educación de los jóvenes con las oportunidades futuras de familias trabajadoras, la investigación científica con el desarrollo industrial y la formación profesional con los servicios públicos.
El reclamo dejó de limitarse al presupuesto de las instituciones. Pasó a expresar una preocupación más amplia por la movilidad social y las posibilidades de desarrollo económico del país.
Un Congreso sin quórum y una multitud reclamando decisiones
La manifestación coincidió con otro acontecimiento político importante: el fracaso de la sesión especial convocada en Diputados para tratar el rechazo del DNU 70/2023.
La oposición reunió 121 legisladores y quedó a ocho del quórum necesario para habilitar el debate.
La falta de asistencia impidió avanzar con los proyectos incluidos en la convocatoria y permitió que el megadecreto continuara vigente.
Los dos acontecimientos no deben confundirse. El reclamo universitario tenía como objetivo central la aplicación de su ley de financiamiento; el debate parlamentario sobre el DNU respondía a otra controversia normativa.
No obstante, ambos expresaron tensiones sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y sus relaciones con el Congreso, la Justicia y distintos sectores sociales.
Mientras en las calles se reclamaba el cumplimiento de una ley aprobada, el debate institucional sobre otra de las normas centrales del Gobierno quedaba impedido por la ausencia de quórum.
La simultaneidad volvió a colocar en primer plano los mecanismos democráticos de resolución de conflictos.
El ajuste fiscal frente a los límites de la legalidad
El gobierno de Milei ha colocado el equilibrio fiscal entre sus principales objetivos económicos. Esa política puede discutirse en términos de sostenibilidad de la deuda pública, inflación, inversión y distribución de recursos.
Pero existe una diferencia entre proponer modificaciones presupuestarias y condicionar unilateralmente la ejecución de obligaciones establecidas por una ley vigente.
La controversia sobre la Ley 27.795 precisamente obliga a determinar dónde terminan las atribuciones administrativas del Ejecutivo y dónde comienzan las obligaciones que derivan de las decisiones del Poder Legislativo y del control judicial.
La Justicia deberá resolver los aspectos pendientes de la apelación. El Congreso conserva facultades presupuestarias y de control, y el Ejecutivo tiene la responsabilidad de administrar los recursos públicos conforme al ordenamiento jurídico.
La discusión también exige transparencia: conocer cuánto cuesta aplicar cada disposición de la ley, cuáles son los recursos presupuestarios necesarios y qué alternativas de financiamiento existen.
La gravedad del conflicto no se mide solamente por la intensidad de las movilizaciones, sino también por la prolongación de una controversia legal que afecta el funcionamiento de instituciones educativas nacionales.
La lluvia no frenó el reclamo; la represión tampoco resolvió el conflicto
La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a demostrar la capacidad de movilización de la comunidad educativa y de los sectores sociales que acompañan sus demandas.
Aunque distintas crónicas describieron una convocatoria de cientos de miles de personas, no se cuenta con un recuento independiente y metodológicamente verificable que permita establecer una cifra exacta de asistentes.
Lo que sí está documentado es la magnitud de la movilización, la participación de múltiples organizaciones, el uso de gases y carros hidrantes, y la persistencia de un conflicto presupuestario respaldado por decisiones judiciales que todavía no ha encontrado una solución definitiva.
La intervención policial tampoco respondió a la pregunta que motivó la protesta: cuándo y de qué manera se aplicarán las obligaciones vigentes de financiamiento universitario.
El Gobierno puede defender su programa económico y discutir el costo fiscal de las universidades. Lo que no puede evitar es que esas decisiones queden sometidas al control del Congreso, de la Justicia y al ejercicio legítimo de los derechos constitucionales de la ciudadanía.
La multitud que marchó bajo la lluvia no consiguió una respuesta presupuestaria definitiva. La Policía intervino durante los disturbios, la Justicia continúa examinando el conflicto y las universidades mantienen sus reclamos.
El episodio deja una cuestión política que va más allá de las imágenes de enfrentamientos: la necesidad de establecer cómo se compatibiliza la política fiscal del Gobierno con las obligaciones legales del Estado y el derecho de la sociedad a exigir su cumplimiento.
La protesta terminó. La ley sigue vigente. Y el conflicto por su aplicación continúa abierto.
GONZALO SCHWEIZER
