Melina Orquidea
La querella solicitó que el exintendente de San Isidro declare por presunta defraudación y malversación de fondos públicos. El contrato pasó de $17,3 millones a $37,6 millones, mientras una pericia determinó que sólo se ejecutó el 16,4% de las casas prometidas.
La querella pidió la declaración indagatoria del exintendente de San Isidro Gustavo Posse y de otros exfuncionarios y empresarios en la causa que investiga el presunto desvío de fondos destinados a construir 250 viviendas sociales en el barrio Martín y Omar.
La presentación judicial sostiene que el municipio aprobó 101 certificados de obra y realizó pagos por $37.682.053,54, aunque una pericia oficial de ingeniería sólo pudo reconocer 41 viviendas técnicamente válidas. Esa cantidad representa el 16,4% de las unidades comprometidas y el 19,1% de la superficie prevista.
El pedido no constituye todavía una imputación definitiva ni una resolución del juez. Fue formulado por los abogados de la querella, que consideran reunido el grado de sospecha necesario para que Posse y los demás señalados sean convocados a explicar su actuación.
Prometieron 250 viviendas y sólo validaron 41
El proyecto denominado “San Isidro I-Barrio Martín y Omar” formaba parte del Plan Federal de Viviendas y debía ejecutarse en un plazo de 12 meses. La obra comenzó formalmente el 17 de octubre de 2006 y tenía que finalizar el 17 de octubre de 2007.
Sin embargo, la recepción definitiva fue firmada el 30 de marzo de 2016, casi nueve años después del vencimiento original. Durante ese período participaron sucesivamente las empresas EMACO, Construcciones Ecológicas e INELCO.
Una inspección realizada por el Ministerio Público Fiscal en 2016 encontró 44 viviendas. La pericia oficial concluida en 2022 redujo esa cantidad a 41 unidades técnicamente válidas, incluso aplicando el criterio territorial más favorable para las contratistas.
El informe añadió un elemento todavía más grave: si se considera estrictamente la nomenclatura catastral consignada en el pliego, ninguna de las viviendas relevadas fue construida en las manzanas originalmente individualizadas. Bajo ese criterio, el avance dentro del emplazamiento contractual sería nulo.
Certificados que informaban casi toda la obra terminada
La diferencia entre los documentos municipales y la obra efectivamente encontrada es el centro de la investigación. Mientras la pericia determinó un avance real del 16,4% de las viviendas, los certificados suscriptos durante la ejecución llegaron a informar un cumplimiento del 99,44%.
Desde el segundo certificado ya se había declarado como realizada el 95% de la “limpieza de suelo vegetal”, porcentaje equivalente a 237 de las 250 viviendas proyectadas. Los peritos calificaron esa discordancia como una “desnaturalización de los certificados de obra”.
La pericia tampoco encontró fotografías mensuales, mediciones individualizadas por vivienda, órdenes de servicio, planes de trabajo actualizados ni actos administrativos suficientes para justificar la transformación del proyecto original.
Aunque el municipio alegó que parte del dinero se destinó a saneamiento, infraestructura, demoliciones y traslado de familias, los especialistas no hallaron documentación contemporánea suficiente que acreditara una reformulación integral del contrato.
El contrato duplicó su valor
El presupuesto original era de $17.319.984,16. Mediante 12 redeterminaciones de precios, su valor terminó superando los $37,6 millones, más del doble del monto inicial.
La pericia contable estableció que se pagaron $37.682.053,54: $36.088.935,48 correspondieron al Estado nacional y $1.593.118,87 al municipio de San Isidro.
Las cifras son valores nominales del período investigado y no están actualizadas por inflación. Aun así, el contraste entre el dinero desembolsado, los porcentajes certificados y las 41 viviendas finalmente reconocidas constituye uno de los principales indicios señalados por la querella.
La acusación ubica a Posse en el centro de las decisiones
El escrito sostiene que Gustavo Posse no se limitó a firmar documentación rutinaria. Como intendente, era la máxima autoridad del municipio, responsable de administrar los recursos transferidos, controlar la ejecución, certificar los trabajos y rendir cuentas ante el Estado nacional.
Los abogados también citaron la declaración de Fernando Adrián Romero, entonces subsecretario de Obras Públicas, quien ubicó en Posse las decisiones políticas centrales relacionadas con el proyecto.
Romero declaró que, después de renunciar en enero de 2009, Posse le pidió que continuara colaborando con la política barrial, especialmente con el programa de obras. Para la querella, ese testimonio indicaría que el exintendente conservó el control de la operatoria incluso después de los cambios de funcionarios.
La presentación también invoca un informe de análisis de vínculos elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Según la interpretación de los denunciantes, ese estudio colocaría a Posse en una posición estratégica dentro de la red administrativa y política examinada.
Estas afirmaciones pertenecen a la acusación y deberán ser evaluadas por el juez. La eventual citación a indagatoria permitiría que Posse ejerza su defensa y responda sobre los actos administrativos que firmó y las decisiones atribuidas a su gestión.
También piden indagar a funcionarios y empresarios
El pedido alcanza además a los exfuncionarios Héctor Aníbal Prassel, Federico García, Sergio Cesio, María de los Ángeles Polantinos y Marcelo Nayem.
También solicita convocar a quienes representaron a EMACO, Construcciones Ecológicas e INELCO durante la ejecución del proyecto. Las tres compañías presentaron certificados que derivaron en liquidaciones y pagos con fondos públicos.
La querella atribuye distintas responsabilidades a quienes tomaron decisiones políticas y económicas, aprobaron contrataciones, controlaron la obra, visaron mediciones, firmaron certificados o representaron a las empresas beneficiarias de los pagos.
El fiscal Jorge Di Lello ya había pedido la indagatoria de Posse y otros involucrados en febrero de 2017. El juzgado consideró prematura la convocatoria porque todavía faltaban las pericias contable y de ingeniería. Esos estudios fueron finalizados en 2022 y sus autores ratificaron las conclusiones ante el tribunal en octubre de 2025.
Durante julio de 2026 ya fueron indagados Romero, el inspector Germán Ballester y el exsecretario de Obras Públicas Bernardo Landívar. La nueva presentación sostiene que no resulta razonable investigar únicamente a funcionarios intermedios y excluir a quienes habrían tenido responsabilidades iguales o superiores.
Los abogados consideran que las pruebas reunidas permiten investigar una posible defraudación contra la administración pública y malversación de caudales públicos. Ahora deberá resolver el juez si convoca a Posse y al resto de los señalados.
El expediente no prueba todavía la culpabilidad del exintendente. Sí documenta una diferencia que exige una explicación judicial: se contrataron 250 viviendas, se certificó prácticamente la totalidad del proyecto y se pagó más del doble del presupuesto original, pero la pericia sólo reconoció 41 unidades técnicamente válidas.
La información central surge del pedido de indagatorias incorporado a la causa 12.590/2014.
GONZALO SCHWEIZER
