Miles de ahorristas denuncian incumplimientos en sus planes de vivienda y una estimación preliminar calcula que los afectados podrían superar los 13 mil. Entre los nombres vinculados a Pilay aparecen Javier Vigo Leguizamón, abogado relacionado con defensas de represores, y Marcelo Vorobiof, exfuncionario socialista condenado por corrupción en la administración del Puerto de Santa Fe. ¡Una familia quería un dos ambientes y terminó descubriendo que había comprado una entrada al tren fantasma de la política santafesina!

¡Mis queridos sobrevivientes del capitalismo inmobiliario! ¡En Santa Fe inventaron el departamento cuántico: lo pagás durante veinte años, pero cuando vas a buscarlo puede que no esté!

¡Y encima te explican que el problema es la zonificación!

¡Claro, querido! ¡La culpa es del municipio, de la inflación, del cemento y seguramente de Mercurio retrógrado! ¡Del dinero que cobraste durante dos décadas mejor no hablemos, que se nos deprime el contador!

Pilay enfrenta denuncias de ahorristas que sostienen que cumplieron durante años con sus cuotas y no recibieron las viviendas esperadas. La empresa invoca dificultades económicas y urbanísticas y ofrece soluciones individuales.

¡Veinte años pagando para tener techo y ahora te ofrecen una reunión! ¡Al menos que sea bajo techo, hijos de puta!

Pero lo más interesante es el árbol genealógico del negocio. Porque uno empieza buscando su departamento y termina encontrando un catálogo de personajes que parece armado por un fiscal con insomnio.

Marcelo Vorobiof fue director de Pilay y funcionario de los gobiernos socialistas de Hermes Binner y Antonio Bonfatti. En 2022 recibió una condena de tres años de prisión condicional por delitos vinculados con su gestión en el Puerto de Santa Fe, mediante un juicio abreviado en el que admitió responsabilidad.

Durante aquella gestión se adjudicaron contratos a empresas relacionadas con su familia, incluidos trabajos no realizados o ejecutados parcialmente.

¡Qué extraordinaria interpretación del socialismo! ¡Los medios de producción para los trabajadores y los contratos para los primos!

¡Y qué talento para las obras!

¡Mientras el ciudadano común necesita un albañil para levantar una pared, algunos funcionarios conseguían cobrar por construcciones que ni siquiera estaban terminadas! ¡El único cemento indispensable era el parentesco!

Después aparece Javier Vigo Leguizamón, uno de los empresarios señalados detrás de Pilay, abogado vinculado con defensas y gestiones relacionadas con militares acusados o condenados por crímenes de la dictadura.

También fue funcionario durante el régimen militar.

¡Mirá qué currículum para una empresa que promete hogares!

¡De un lado, un exfuncionario condenado por negocios incompatibles; del otro, un abogado ligado al universo de los represores! ¡No sabés si te van a entregar un departamento o tomarte declaración!

Los damnificados sostienen además que Vigo tendría influencia en sectores de la Justicia santafesina y que eso complicaría sus reclamos colectivos. Es una denuncia que debe investigarse, no una complicidad judicial demostrada.

Pero imaginemos el nivel de desesperación de una familia que lleva dos décadas pagando y ahora siente que, además de reclamar la vivienda, tiene que enfrentarse a relaciones de poder que no comprende.

¡Te venden el sueño de la casa propia y después necesitás un abogado, un perito contable y un exorcista para averiguar dónde mierda quedó!

Y acá aparece una historia que no admite burlas contra quien la padece.

Alicia Bernal, una de las ahorristas, es hija de Tito Messiez, dirigente comunista secuestrado en Rosario en 1977 y todavía desaparecido.

Su testimonio vincula la historia empresarial de Bauen-Pilay con relaciones políticas que atraviesan décadas de la provincia.

Una mujer que pasó parte de su vida buscando respuestas sobre su padre ahora también debe exigir explicaciones por una vivienda. La tragedia no está en el chiste: está en la obscenidad de esa coincidencia histórica.

Mientras tanto, Fernando Vorobiof, hijo de Marcelo, renunció al directorio de Pilay en octubre, en pleno conflicto con los ahorristas.

La renuncia no prueba culpabilidad, pero tampoco entrega un solo departamento.

¡Qué facilidad tienen algunos para encontrar la puerta de salida! ¡Lástima que los clientes todavía no encuentran la puerta de entrada de sus casas!

Y conviene aclarar algo: la condena de Marcelo Vorobiof corresponde a su gestión portuaria, no a una sentencia por los actuales reclamos contra Pilay. Tampoco el ejercicio de la defensa de acusados de lesa humanidad constituye, por sí mismo, participación en esos delitos.

Lo que corresponde es investigar las denuncias inmobiliarias, determinar responsabilidades y establecer qué ocurrió con los compromisos asumidos.

Porque los ahorristas no contrataron una excursión por la historia de la corrupción provincial.

¡Querían un living, dos dormitorios y un baño! ¡No un expediente con más personajes que una causa de asociación ilícita!

El verdadero escándalo es el tiempo.

Veinte años.

Una pareja puede empezar a pagar cuando recién se casa y terminar reclamando cuando sus hijos ya están buscando alquiler.

¡Con ese plazo, el departamento debería venir con escritura, cochera y un geriátrico en planta baja!

Y si las cuotas quedaron desfasadas respecto de los costos, corresponde examinar qué establecían los contratos, qué riesgos asumía cada parte y qué información recibieron los consumidores.

Lo que no puede convertirse en una solución automática es trasladarle toda la incertidumbre al que pagó.

¡Porque para cobrar las cuotas el sistema funcionaba como un reloj suizo; para entregar las viviendas parece un reloj de arena al que le afanaron la arena!

Santa Fe necesita respuestas judiciales, controles efectivos y soluciones verificables para los ahorristas. No alcanza con invocar dificultades técnicas ni con exhibir trayectorias empresariales influyentes.

Y si se comprueban delitos, deberán responder quienes los hayan cometido, sin importar sus apellidos, relaciones políticas o contactos.

Porque el negocio de la vivienda tiene una regla bastante sencilla: si una familia paga durante veinte años para tener una casa, la casa no puede ser solamente una promesa que envejece junto con sus propietarios.

Pilay ofrecía el sueño de la casa propia. Sus ahorristas denuncian que, después de veinte años, siguen sin poder abrir la puerta.

¡Y lo más perverso es que en esta historia aparecen políticos que consiguieron cargos, empresarios que consiguieron contratos y abogados que consiguieron clientes!

¡Los únicos boludos que todavía tienen que conseguir algo son los que pusieron la plata!