Melina Orquidea
El consorcio de Rowing, Transclor, Arcos y PHX presentó la mayor oferta por el 90% de la empresa. Walter Martello advirtió que una recategorización tarifaria permitiría recuperar en cuatro años el monto de la compra con dinero aportado por los usuarios.
El consorcio encabezado por Rowing y Transclor quedó en condiciones de controlar el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) después de ofrecer USD 340,2 millones, pero una denuncia advirtió que el futuro operador podría sumar USD 93 millones anuales mediante una recategorización de los usuarios.
La estimación fue difundida por Walter Martello, defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, quien sostuvo que el cambio de zonificación tarifaria generaría un flujo adicional suficiente para recuperar, en aproximadamente cuatro años, una suma equivalente al precio ofrecido por la empresa.
“Quien compra ya sabe qué ingresos adicionales le esperan. Quien paga la factura todavía no sabe cuánto va a pagar”, cuestionó Martello. También reclamó que la información sea difundida y analizada antes de formalizar la adjudicación.
La cifra de USD 93 millones surge de una estimación realizada por el funcionario a partir de información del Ente Regulador de Agua y Saneamiento. Hasta el momento no se difundió públicamente un estudio oficial completo que permita auditar de manera independiente ese cálculo, por lo que debe presentarse como una denuncia y no como un ingreso definitivamente confirmado.
Una oferta inferior a la expectativa oficial
El consorcio integrado por Rowing, Transclor, la brasileña Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua AR BV presentó una oferta de USD 340,2 millones por el 90% de AySA. Superó los USD 285 millones ofrecidos por el grupo Roggio, aunque quedó casi un 25% por debajo de los USD 450 millones que el Gobierno esperaba recaudar, según las estimaciones difundidas durante el proceso.
La licitación no estableció un precio mínimo público. Además, los informes empleados para valuar la compañía permanecieron reservados, una decisión cuestionada por integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.
La presentación más alta no significa que el traspaso esté completamente cerrado: todavía resta formalizar la adjudicación y cumplir los pasos administrativos correspondientes. Una vez concluido el proceso, el consorcio privado controlará el 90% del paquete accionario y el 10% restante seguirá en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
AySA brinda servicios de agua potable y saneamiento a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano. La concesión tendrá una duración inicial de 30 años y podrá prorrogarse durante otros diez.
El costo quedaría en manos de los usuarios
El punto central de la denuncia de Martello es que el Gobierno habría mejorado anticipadamente la rentabilidad de la empresa antes de entregarla al sector privado. La nueva clasificación tarifaria modificaría los coeficientes aplicados a millones de hogares y permitiría incrementar la facturación sin necesidad de ampliar inmediatamente la cobertura del servicio.
La advertencia adquiere mayor relevancia porque las tarifas de AySA acumularon un incremento del 538% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026. Paralelamente, alrededor de 1.200 trabajadores dejaron la empresa mediante retiros voluntarios.
El contrato proyecta inversiones por aproximadamente USD 1.878 millones, pero no fija para los primeros cinco años metas concretas de expansión de la cobertura. Actualmente, el servicio alcanza al 75% de la población comprendida en el área concesionada en agua potable y al 63% en redes cloacales.
Las metas del 90% de cobertura de agua y del 75% de cloacas deberán alcanzarse recién al finalizar la concesión, que puede extenderse durante cuatro décadas. Esto significa que el comprador comenzaría a recibir los beneficios de la nueva estructura tarifaria mucho antes de completar la expansión comprometida.
Aportes electorales y conflictos de intereses
Martello también reclamó investigar la relación entre empresas vinculadas con el consorcio y el financiamiento electoral de La Libertad Avanza. Rowing forma parte de Equo Capital, holding presidido por Walter Román. Otras dos compañías del grupo, Direct Group y Lógico, aportaron $20 millones cada una a la campaña libertaria para las elecciones legislativas porteñas de 2025.
Los aportes figuran en información pública de la Cámara Nacional Electoral. Su existencia no demuestra por sí misma una irregularidad en la licitación, pero plantea la necesidad de determinar si se ajustaron a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y si existió algún conflicto de intereses.
Otro de los integrantes del consorcio es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y proveedor de productos químicos para la potabilización del agua de AySA. Filiberti también participa en el control de Edenor, distribuidora eléctrica de la que AySA es uno de los principales clientes del área metropolitana.
Si la adjudicación se formaliza, empresas vinculadas con un mismo grupo quedarían presentes en distintos lados de relaciones comerciales estratégicas: el suministro de productos para potabilizar el agua, el consumo de energía eléctrica y la administración directa del servicio.
Una privatización sin precio base ni tasación pública
Legisladores peronistas denunciaron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y a otros funcionarios por el mecanismo utilizado para establecer el valor de AySA.
La presentación cuestiona que el Gobierno haya mantenido reservados los informes de tasación y que la empresa se licitara sin un precio base conocido. También pide investigar posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles.
La discusión excede el monto ofrecido por el consorcio. La pregunta de fondo es si el Estado venderá por USD 340,2 millones una empresa cuyos nuevos controlantes podrían obtener USD 93 millones adicionales cada año gracias a una modificación tarifaria solventada por millones de hogares.
Si la proyección denunciada por Martello se confirma, los usuarios terminarían financiando en apenas cuatro años una suma comparable con el precio pagado por el control de AySA. El grupo privado se quedaría con la empresa; la población, con la factura.
GONZALO SCHWEIZER
