Melina Schweizer
Dos profesionales de la salud están imputados en una causa que investiga desvío de anestésicos, posible consumo recreativo y una muerte bajo sospecha en Buenos Aires. La Justicia analiza si se trata de un caso aislado o de una red más amplia.
Una muerte que abrió una caja de Pandora
El fallecimiento de Alejandro Zalazar, anestesista de 29 años, no solo conmocionó al ámbito médico porteño, sino que activó una investigación que rápidamente desbordó los límites de un caso individual. Lo que inicialmente se analizaba como un posible consumo problemático derivó en una trama compleja que involucra desvío de medicamentos, presuntas fiestas clandestinas y un circuito irregular dentro del sistema de salud.
El hallazgo del cuerpo, en un departamento del barrio de Palermo, ya contenía indicios inquietantes: vías de administración, elementos descartables y signos compatibles con el uso intravenoso de sustancias. La autopsia confirmó un cuadro de congestión y edemas pulmonares y cerebrales, pero los investigadores apuntaron rápidamente a una posible sobredosis de fármacos anestésicos.
Entre ellos, dos nombres clave: propofol y fentanilo.
Los imputados: quiénes están en la mira judicial
Hasta el momento, la causa tiene dos personas imputadas, ambas vinculadas directamente al ámbito hospitalario y al manejo de anestésicos:
- Hernán Boveri, exintegrante del área de Anestesiología del Hospital Italiano.
- Delfina Lanusse, médica residente de tercer año en la misma institución, actualmente apartada de sus funciones.
Ambos fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera en el marco de una investigación que busca determinar si existió un circuito organizado de desvío de medicamentos desde hospitales hacia usos no autorizados.
Según los elementos reunidos hasta ahora, parte de las sustancias encontradas en el domicilio de Zalazar habrían sido sustraídas del Hospital Italiano, lo que refuerza la hipótesis de una cadena interna de distribución irregular.
El punto de quiebre: la denuncia del Hospital Italiano
La causa dio un giro decisivo cuando el Hospital Italiano detectó faltantes de anestésicos y presentó una denuncia formal. Este dato fue clave: permitió conectar la muerte del anestesista con una posible estructura más amplia de manejo indebido de medicamentos.
A partir de allí, la Justicia avanzó con allanamientos, secuestro de elementos y reconstrucción de circuitos internos. Los resultados fueron contundentes: los medicamentos hallados en la escena coincidían con los denunciados como faltantes.
Este cruce de información abrió una línea de investigación mucho más profunda, centrada en posibles responsabilidades dentro del sistema sanitario.
El propofol: una droga médica en el centro del escándalo
El propofol no es una droga cualquiera. Se trata de un anestésico de uso hospitalario, administrado exclusivamente en contextos controlados para inducir y mantener la anestesia general o sedar pacientes en procedimientos médicos.
Su acción sobre el cerebro es potente: altera el equilibrio entre excitabilidad y estabilidad neuronal, generando un estado de inconsciencia profunda.
En combinación con fentanilo —un opioide de alta potencia— sus efectos se intensifican. Pero fuera del ámbito clínico, el riesgo es extremo: pequeñas variaciones en la dosis pueden provocar depresión respiratoria, apnea y muerte súbita.
Es decir, lo que en un quirófano es una herramienta terapéutica, fuera de ese contexto se convierte en un factor letal.
“Viajes controlados”: la hipótesis que inquieta
Uno de los elementos más perturbadores de la causa es la aparición de una posible práctica conocida como “viajes controlados”. Según esta línea de investigación, se trataría de experiencias en las que una persona consume anestésicos bajo la supervisión de alguien capacitado, con el objetivo de inducir estados de relajación extrema.
La hipótesis no es menor. Implica la utilización de conocimientos médicos y recursos hospitalarios con fines recreativos o comerciales.
De acuerdo con la investigación, uno de los imputados habría facilitado estas sustancias fuera del entorno clínico bajo esta modalidad.
Esto plantea una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto el conocimiento profesional puede ser desviado hacia prácticas de alto riesgo fuera de todo control institucional?.
Las “Propofest”: entre rumores y líneas de investigación
En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre supuestas fiestas clandestinas —denominadas “Propofest”— en las que anestesistas habrían utilizado estas drogas en contextos recreativos o incluso sexuales.
Si bien estos elementos no forman parte formal del expediente judicial, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. La viralización de audios y testimonios en redes sociales aportó indicios que, aunque no probatorios, contribuyen a delinear un posible escenario.
En estas versiones, se describe un circuito cerrado, con acceso restringido y utilización de insumos médicos fuera de todo marco legal.
El sistema bajo la lupa: controles, fallas y responsabilidades
El caso pone en evidencia una problemática estructural: el control de medicamentos sensibles dentro del sistema de salud.
El propofol y el fentanilo son sustancias altamente reguladas. Su distribución, almacenamiento y uso están sujetos a protocolos estrictos. Sin embargo, el hecho de que hayan sido desviados sugiere fallas en los mecanismos de control.
Esto abre un debate más amplio sobre la trazabilidad de los medicamentos, la supervisión interna y la responsabilidad institucional.
¿Se trata de un caso aislado o de un síntoma de debilidades estructurales?.
Ejemplo internacional: el caso Michael Jackson
El uso indebido de propofol no es un fenómeno nuevo. El caso más conocido es el de Michael Jackson, cuya muerte en 2009 estuvo vinculada a la administración de este anestésico fuera de un entorno hospitalario.
En ese episodio, el médico personal del artista fue condenado por homicidio involuntario, tras demostrarse que suministró la sustancia sin las condiciones necesarias de monitoreo y soporte vital.
El paralelismo es claro: cuando estos fármacos se utilizan fuera de protocolos médicos, el margen de error es prácticamente inexistente.
La dimensión ética: cuando la medicina se desvía
Más allá de las responsabilidades penales, el caso interpela al ejercicio mismo de la medicina. El acceso a sustancias como el propofol implica un nivel de confianza institucional y social elevado.
Su uso indebido no solo pone en riesgo vidas, sino que erosiona la credibilidad del sistema de salud.
En este sentido, la investigación no solo busca esclarecer una muerte, sino también delimitar los límites entre práctica profesional y conducta delictiva.
Una causa abierta, múltiples interrogantes
La Justicia continúa trabajando para reconstruir el recorrido de los medicamentos, identificar posibles conexiones y determinar si existió una red organizada.
Las pericias sobre dispositivos, bombas de infusión y registros hospitalarios serán clave para avanzar en la causa.
Pero más allá de los resultados judiciales, el caso ya dejó una marca: evidenció la existencia de zonas grises donde confluyen conocimiento médico, acceso a recursos críticos y posibles usos desviados.
El hilo que puede revelar una trama mayor
La muerte de Alejandro Zalazar podría ser, como sostienen los investigadores, el “hilo suelto” de una trama mucho más amplia.
Una trama donde convergen el sistema de salud, el acceso a drogas de alta complejidad y prácticas que, de confirmarse, exceden lo individual para instalar un problema estructural.
En un contexto donde la confianza en las instituciones es clave, casos como este obligan a mirar más allá de lo evidente.
Porque cuando una sustancia diseñada para salvar vidas aparece en escenarios clandestinos, la pregunta ya no es solo qué pasó, sino cómo fue posible.
