Jorge R. Schweizer
Israel ordenó la salida de 20 diplomáticos británicos y forzó la reducción de su consulado en Jerusalén Este. Londres respondió que Israel carece de autoridad legal para clausurar la representación en un territorio ocupado. La declaración abre interrogantes sobre los criterios diplomáticos británicos frente al reclamo argentino por Malvinas. Mientras tanto, la Cancillería de Pablo Quirno enfrenta cuestionamientos por los vínculos de su secretaria de Malvinas, Paola Di Chiaro, con una fundación que desarrolla programas respaldados institucionalmente por la Embajada británica.
La crisis diplomática entre Israel y el Reino Unido, desatada este jueves 8 de octubre, dejó una declaración que merece ser examinada desde la Argentina. El canciller británico Ed Miliband rechazó que Israel tuviera autoridad legal para cerrar el Consulado General del Reino Unido en Jerusalén y recordó que Jerusalén Este es territorio ocupado. La afirmación constituye una posición oficial sobre los límites del ejercicio de autoridad territorial y plantea una pregunta para la política exterior argentina: ¿cómo fundamenta Londres su defensa del derecho internacional en Jerusalén mientras mantiene su negativa a negociar la soberanía de las Islas Malvinas?
El conflicto comenzó después de que Israel respondiera a las sanciones británicas contra los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, anunció el cierre de la representación consular y la salida de una veintena de diplomáticos, incluido el cónsul general. Sin embargo, tras negociaciones entre ambos gobiernos, Londres consiguió mantener abierta la sede bajo una nueva denominación, UK Mission, Jerusalem, con personal reducido y funciones limitadas. La disputa no quedó resuelta y las conversaciones diplomáticas continuarán.
La posición británica fue explícita. En un comunicado publicado el 8 de octubre, Miliband afirmó que su gobierno no reconoce el derecho legal de Israel a cerrar unilateralmente la sede consular y reiteró que Jerusalén Este constituye territorio ocupado. También confirmó que la misión continuará prestando servicios a la población palestina y que Londres no adoptará represalias equivalentes mientras las conversaciones con Israel mantengan perspectivas de avance.
Las autoridades israelíes sostienen, por su parte, que la decisión responde a las medidas británicas contra los asentamientos y a lo que consideran una política hostil del Gobierno laborista. El enfrentamiento se produce en un contexto de deterioro de las relaciones bilaterales por la política israelí en los territorios palestinos, la guerra en Gaza y el reconocimiento británico del Estado palestino.
La soberanía territorial y los límites del poder de ocupación
La declaración británica tiene un fundamento jurídico que excede la controversia consular. El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias legales de las políticas israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este. La Corte concluyó que la presencia continuada de Israel en ese territorio es ilegal y que la ocupación no puede utilizarse para adquirir soberanía.
El pronunciamiento distingue entre el control efectivo de un territorio y el derecho de soberanía sobre él. También establece obligaciones para Israel y para otros Estados respecto de la situación derivada de la ocupación.
No se trata de una doctrina creada para resolver la controversia de Malvinas, ni de un fallo que reconozca los derechos argentinos sobre el archipiélago. Pero sí incorpora principios de derecho internacional que permiten analizar cómo los Estados interpretan los límites de la autoridad territorial y las obligaciones derivadas de los pronunciamientos internacionales.
En Jerusalén, el Reino Unido invoca expresamente la condición jurídica del territorio para rechazar una decisión israelí. En el Atlántico Sur, en cambio, sostiene su propia soberanía sobre las Islas Malvinas y considera que cualquier modificación de ese estatus debe contar con el consentimiento de sus habitantes.
La diferencia entre ambos argumentos merece ser examinada a la luz de los antecedentes jurídicos de cada controversia.
Malvinas: una disputa reconocida por Naciones Unidas
Desde 1833, cuando fuerzas británicas desplazaron a las autoridades argentinas de las islas, la Argentina sostiene un reclamo de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
La cuestión ingresó formalmente en el proceso de descolonización de Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 (XX), aprobada en 1965. Ese documento reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes del archipiélago.
La distinción jurídica resulta relevante: la resolución menciona los intereses de la población, mientras que Londres sostiene que deben prevalecer sus deseos y que no puede negociarse soberanía sin su consentimiento.
El Reino Unido invoca el principio de autodeterminación y el resultado del referéndum celebrado en 2013, en el que una abrumadora mayoría de los votantes optó por conservar la condición de territorio británico de ultramar. Argentina cuestiona que ese mecanismo pueda decidir una controversia de soberanía que Naciones Unidas ha reconocido como bilateral.
Los pronunciamientos de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización han reiterado durante décadas el llamado a negociar. No constituyen, por sí solos, una sentencia que adjudique la soberanía a Argentina, pero establecen un marco diplomático específico que Londres no puede hacer desaparecer mediante su sola negativa a sentarse a la mesa.
El antecedente que Londres conoce: las negociaciones de 1966
La historia diplomática demuestra que negociar la soberanía de Malvinas no fue siempre una posibilidad rechazada por el Reino Unido.
El 14 de enero de 1966, los cancilleres Miguel Ángel Zavala Ortiz y Michael Stewart emitieron un comunicado conjunto que dio continuidad al proceso de conversaciones iniciado después de la Resolución 2065. Durante los años siguientes hubo intercambios entre ambos gobiernos sobre posibles soluciones a la controversia territorial.
Aquellos antecedentes no significan que se hubiera alcanzado un acuerdo definitivo sobre soberanía. Demuestran, sin embargo, que la discusión bilateral tuvo una etapa efectiva y reconocida por ambas partes.
La posición británica actual, que condiciona cualquier negociación al consentimiento previo de los isleños, contrasta con ese recorrido histórico y continúa siendo objetada por la diplomacia argentina.
La cuestión Malvinas tampoco permanece aislada del ámbito regional. Distintos pronunciamientos de la Organización de los Estados Americanos y del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas han respaldado la reanudación de negociaciones entre Buenos Aires y Londres. El reclamo argentino conserva así una dimensión latinoamericana que trasciende a los gobiernos de turno.
Jerusalén y Malvinas: dos situaciones distintas, una pregunta diplomática
Comparar Jerusalén Este con Malvinas exige una precisión indispensable. La primera situación fue examinada directamente por la Corte Internacional de Justicia en relación con la ocupación israelí del territorio palestino. La segunda constituye una controversia de soberanía reconocida por Naciones Unidas, cuya resolución se reclama mediante negociaciones entre Argentina y el Reino Unido.
Las poblaciones, los antecedentes históricos y los instrumentos jurídicos no son idénticos. Por eso sería incorrecto presentar la declaración de Miliband como una admisión británica de la soberanía argentina.
Su importancia es distinta: ofrece una oportunidad para interrogar los criterios con los que Londres interpreta la autoridad territorial, la autodeterminación y las obligaciones internacionales cuando están involucrados sus propios intereses.
Si el Gobierno británico considera indispensable respetar la condición jurídica de Jerusalén Este frente a una decisión israelí, Argentina puede solicitarle que explique cómo concilia esa defensa del orden internacional con su negativa a reanudar conversaciones sobre Malvinas, pese a los reiterados llamamientos de organismos internacionales.
La controversia no se resolverá mediante una comparación retórica. Requiere argumentos históricos y jurídicos, continuidad diplomática y capacidad para aprovechar las declaraciones internacionales que permitan ampliar la discusión sobre el Atlántico Sur.
La Cancillería argentina y los interrogantes sobre Paola Di Chiaro
Esa posibilidad diplomática también coloca bajo examen la actuación de quienes tienen a su cargo la política argentina sobre Malvinas.
Chevening forma parte de los instrumentos de diplomacia pública del Reino Unido. A través de becas, vínculos académicos y programas de liderazgo, contribuye a proyectar la presencia internacional británica y a construir relaciones con profesionales y futuros responsables de decisiones públicas.
Es una expresión de lo que en relaciones internacionales se conoce como poder blando: la capacidad de influencia de un Estado mediante la educación, las instituciones, las redes profesionales y la construcción de vínculos, sin recurrir necesariamente a mecanismos de coerción.
La participación en esas actividades no constituye por sí misma una irregularidad ni demuestra subordinación a intereses extranjeros. Pero la vinculación institucional de una funcionaria responsable del reclamo de soberanía sobre Malvinas con una fundación que coopera con instrumentos diplomáticos británicos merece explicaciones públicas.
La controversia llegó al Congreso argentino. El 18 de agosto de 2026 se presentó el expediente 4048-D-2026, que solicita informes al Poder Ejecutivo sobre las relaciones entre la Secretaría de Malvinas, Argentina Global y programas de capacitación vinculados al Reino Unido. También se presentó el expediente 4083-D-2026, que expresa preocupación por el desarrollo del Future Leaders Programme Argentina.
La responsabilidad política alcanza a Quirno, bajo cuya conducción Di Chiaro continúa en el cargo. El canciller debe poder explicar qué evaluación institucional se realizó de esos vínculos y qué mecanismos existen para prevenir posibles conflictos de intereses en un área especialmente sensible para la política exterior argentina.
La pregunta adquiere actualidad frente al episodio de Jerusalén: ¿se ha evaluado desde la Secretaría de Malvinas la posibilidad de utilizar las declaraciones británicas del 8 de octubre para fortalecer el planteo diplomático argentino?
Al cierre de esta investigación no se había podido verificar una declaración pública específica de Di Chiaro que relacionara ambos asuntos. Eso no demuestra inacción interna, pero sí justifica requerir una explicación oficial sobre la posición y las eventuales iniciativas de la Cancillería.
El problema de fondo no consiste en prohibir la cooperación internacional ni en presumir deslealtades. Consiste en garantizar que los funcionarios encargados de una controversia territorial puedan acreditar independencia de criterio, transparencia y una política exterior coherente con las responsabilidades de sus cargos.
Una oportunidad para la diplomacia argentina
La declaración del Reino Unido sobre Jerusalén Este no modifica por sí misma el estatus jurídico de las Islas Malvinas. Tampoco convierte dos controversias diferentes en situaciones equivalentes.
Pero sí proporciona un documento oficial reciente que podría utilizarse para formular preguntas diplomáticas y ampliar el análisis sobre los principios que Londres invoca cuando discute soberanía y autoridad territorial.
Argentina dispone de antecedentes propios mucho más directos: la Resolución 2065, las conversaciones bilaterales iniciadas en la década de 1960, los pronunciamientos del Comité Especial de Descolonización y el respaldo regional expresado en diferentes foros internacionales.
La oportunidad consiste en relacionar esos antecedentes con las declaraciones británicas actuales, sin sustituir el argumento jurídico por una simple denuncia de contradicción.
En un escenario internacional atravesado por disputas territoriales, conflictos armados y cuestionamientos al cumplimiento del derecho internacional, la cuestión Malvinas continúa planteando una controversia pendiente de solución pacífica.
La defensa de los derechos argentinos requiere diplomacia sostenida, investigación histórica, solidez jurídica y explicaciones transparentes sobre quienes tienen la responsabilidad de conducirla.
Londres acaba de recordar que el control de un territorio no equivale necesariamente a tener autoridad jurídica sobre él. Argentina tiene motivos para pedirle que explique cómo aplica sus principios internacionales cuando la controversia involucra a las Islas Malvinas.
Y la Cancillería argentina tiene la responsabilidad de demostrar qué hace, con qué argumentos y mediante qué decisiones concretas para sostener ese reclamo.
Melina Orquidea
GONZALO SCHWEIZER
