Melina Orquidea
El exsecretario de Transporte participó del Gobierno cuando comenzó la privatización de Corredores Viales y declaró haber recibido acciones de Guido Mogetta S.A. La compañía integra el consorcio que obtuvo el Tramo Centro, compuesto por sectores estratégicos de las rutas 9, 19 y 34. La adjudicación está comprobada; el supuesto direccionamiento deberá investigarlo la Justicia.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el exsecretario de Transporte Franco Mogetta y funcionarios del Ministerio de Economía por presuntas irregularidades en la concesión del Tramo Centro de la Red Federal de Concesiones, adjudicado a una unión transitoria integrada por una empresa perteneciente a la familia del exfuncionario.
La presentación solicita investigar posibles negociaciones incompatibles con la función pública, falseamiento u omisión en declaraciones juradas, uso de información reservada, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, dádivas, tráfico de influencias y cohecho.
Estas figuras constituyen acusaciones formuladas por la denunciante. Hasta el momento no existe procesamiento ni sentencia que determine que Mogetta direccionó la licitación o intervino ilegalmente para favorecer a su familia. La adjudicación, el vínculo familiar y la participación accionaria declarada por el exfuncionario sí se encuentran documentados.
La denuncia fue registrada por la propia Pagano como la presentación número 46 de su archivo público y quedó dirigida contra Mogetta, los funcionarios de Economía que participaron en el procedimiento y cualquier otra persona que pudiera resultar responsable.
El corredor estratégico que quedó en manos del consorcio
La Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía adjudicó el Tramo Centro a la unión transitoria compuesta por AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A.
Por lo tanto, no fue Guido Mogetta S.A. quien obtuvo individualmente toda la concesión, sino un consorcio integrado por tres compañías. La empresa familiar del exsecretario forma parte de esa estructura adjudicataria.
El corredor abarca 681,92 kilómetros y comprende 363,16 kilómetros de la Ruta Nacional 9, desde el empalme con la avenida de Circunvalación de Rosario hasta el comienzo de la Red de Accesos a Córdoba; 130,08 kilómetros de la Ruta Nacional 19, entre Santo Tomé y el límite entre Santa Fe y Córdoba; y 188,68 kilómetros de la Ruta Nacional 34, desde Rosario hasta su conexión con la Ruta 19.
Se trata de una red fundamental para el transporte de personas y mercancías entre Rosario y Córdoba, atravesada por buena parte de la producción agroindustrial del centro del país.
La concesión fue otorgada por veinte años e incluye la explotación, administración, conservación, reparación, ampliación y mantenimiento de las rutas, financiados principalmente mediante el cobro de peajes.
El Ministerio de Economía afirmó que la oferta del consorcio cumplía los requisitos de los pliegos y era la más conveniente para el interés público. La resolución también adjudicó los otros siete tramos licitados a diferentes compañías y grupos empresarios.
La privatización comenzó mientras Mogetta era funcionario
Franco Mogetta se desempeñó como secretario de Transporte de la Nación entre diciembre de 2023 y mayo de 2025. No fue ministro de Transporte, como indicaron algunas publicaciones, sino titular de una secretaría dependiente del Ministerio de Economía.
Durante su gestión, el Gobierno avanzó con el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de administrar gran parte de las rutas nacionales con peaje.
La Ley Bases declaró a Corredores Viales sujeta a privatización. Posteriormente, el Decreto 97 del 14 de febrero de 2025 autorizó su privatización total mediante concesiones de obra pública por peaje. Esta decisión se adoptó cuando Mogetta todavía estaba al frente de Transporte.
Sin embargo, la cronología obliga a introducir una precisión fundamental. La licitación específica correspondiente a la Etapa III —donde se incluyó el Tramo Centro— fue formalmente convocada mediante la Resolución 174 del 23 de febrero de 2026, nueve meses después de que Mogetta abandonara el cargo.
Las audiencias públicas de los corredores Centro, Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste y Mesopotámico también se realizaron entre junio y julio de 2025, cuando el exsecretario ya no integraba el Gobierno. Los pliegos definitivos fueron aprobados en febrero de 2026 y la adjudicación se concretó en agosto.
La denuncia de Pagano no afirma solamente que Mogetta haya firmado la adjudicación —algo que no hizo—, sino que el programa general fue anunciado, planificado y puesto en marcha durante su gestión y que habría contado con información anticipada sobre su futura estructuración.
Determinar si participó concretamente en la preparación de documentos, tomó decisiones que terminaron favoreciendo a la empresa familiar o tuvo acceso a información reservada será una tarea de la investigación judicial. La coincidencia temporal y el parentesco justifican preguntas, pero no alcanzan por sí solos para probar un delito.
Acciones, herencia y declaraciones juradas
Otro eje de la denuncia es la relación patrimonial entre Mogetta y Guido Mogetta S.A., empresa fundada por su padre y actualmente dirigida por integrantes de la familia.
La documentación citada en la presentación señala que el exfuncionario recibió por herencia una participación del 5,71% en la compañía, correspondiente a 1.600 acciones. Esa tenencia fue incorporada a su declaración jurada patrimonial.
Según la investigación de El Disenso utilizada por Pagano, Mogetta declaró inicialmente una participación equivalente a $160 millones, pero en una presentación posterior las acciones aparecieron valuadas en cero. La denuncia pide determinar si existió una inconsistencia deliberada y si el exfuncionario continuó recibiendo beneficios económicos de la empresa mientras ejercía el cargo.
El entorno de Mogetta sostuvo una versión diferente. Afirmó que el exsecretario nunca tuvo intervención operativa en la constructora, que las acciones heredadas fueron vendidas a su madre y a sus hermanos y que no participó en la licitación porque ya había renunciado cuando se desarrolló el procedimiento específico.
Desde la Secretaría de Transporte también señalaron que Mogetta no firmó los pliegos de la Etapa III ni intervino en su redacción.
La investigación deberá comprobar las fechas de las transferencias accionarias, el precio pagado, los dividendos percibidos y si el denunciado conservó algún beneficio directo o indirecto después de dejar formalmente la sociedad.
Las obras de Catamarca bajo sospecha
Pagano también pidió investigar adjudicaciones obtenidas por Guido Mogetta S.A. en Catamarca mientras Franco Mogetta integraba el Gobierno nacional.
La denuncia menciona contratos provinciales por más de $3.500 millones y plantea que algunas obras pudieron estar vinculadas con fondos nacionales o convenios correspondientes a áreas bajo influencia de la Secretaría de Transporte.
Entre los expedientes citados aparece una obra en la Costanera del Río Valle, adjudicada en mayo de 2024 por aproximadamente $1.366 millones.
La diputada solicitó determinar el origen de los recursos, reconstruir las transferencias efectuadas y comprobar si Mogetta participó en decisiones administrativas relacionadas con esos fondos.
Las referencias políticas que califican a Guido Mogetta S.A. como el “Lázaro Báez de Catamarca” constituyen una caracterización partidaria y periodística, no una conclusión judicial. Para establecer una eventual maniobra irregular será necesario examinar contratos, certificaciones de obra, transferencias y vínculos entre funcionarios nacionales, autoridades catamarqueñas y empresarios.
Las preguntas que deberá responder la Justicia
La adjudicación del Tramo Centro a un consorcio integrado por la empresa de la familia del exsecretario configura un potencial conflicto de intereses que requiere una investigación independiente. No demuestra automáticamente la existencia de direccionamiento, pero tampoco puede despacharse como una simple coincidencia.
La Justicia deberá establecer qué participación tuvo Mogetta en la primera etapa de privatización de Corredores Viales, qué información conoció mientras era funcionario, cuándo dejó de ser accionista, cuánto cobró por sus acciones, si recibió dividendos durante su gestión y si mantuvo algún vínculo económico con la empresa.
También deberá analizar cómo fue evaluada la oferta del consorcio, qué tarifa de peaje propuso, cuáles fueron las ofertas competidoras y por qué la Comisión Evaluadora concluyó que era la opción más conveniente.
La causa no trata solamente sobre un parentesco. Pone bajo sospecha el mecanismo mediante el cual un funcionario intervino en el comienzo de una privatización y, poco más de un año después de abandonar el Estado, una compañía de su familia quedó incorporada al consorcio que obtuvo durante veinte años uno de los corredores viales más estratégicos del país.
GONZALO SCHWEIZER
