GONZALO SCHWEIZER
Daniel González dejó la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería en medio de disputas por el control de los organismos reguladores y cuestionamientos a operaciones de electricidad, gas y fertilizantes. Una fuente política citada por La Política Online le atribuye 18 denuncias penales, aunque no se difundió el detalle judicial completo. El funcionario aseguró que su salida estaba acordada desde hacía meses con Luis Caputo.
El gobierno de Javier Milei perdió a uno de los principales responsables de su política energética. Daniel González renunció este jueves 22 de octubre de 2026 a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, un área estratégica del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo y que tiene intervención en sectores fundamentales para el ingreso de divisas, las inversiones y el abastecimiento energético argentino.
La salida se produjo en un contexto de conflictos internos y cuestionamientos sobre distintas operaciones realizadas durante su gestión. Según publicó La Política Online, un dirigente político conocedor de su situación aseguró que González enfrenta 18 denuncias penales. Sin embargo, la información difundida no identifica la totalidad de los expedientes, sus juzgados ni el estado procesal de cada uno, por lo que esa cifra debe atribuirse a la fuente periodística y no presentarse como un registro judicial comprobado.
El propio González anunció su renuncia durante Las Tres Anclas, programa del canal de streaming Carajo, vinculado políticamente al oficialismo. Lejos de una comunicación institucional tradicional, eligió explicar su salida en un espacio cercano al equipo económico.
«Este es un lugar donde tenés que tener un cuchillo entre los dientes todo el día, cada minuto», afirmó. Luego reconoció el desgaste que implica la función y sostuvo que, cuando esa situación se acumula, puede ser conveniente que otra persona asuma la responsabilidad.
El funcionario aseguró que venía conversando su decisión con Caputo desde hacía meses y negó que respondiera a una ruptura reciente. No obstante, su alejamiento coincide con una disputa por el control de la regulación energética y con investigaciones y denuncias relacionadas con operaciones sensibles para las cuentas públicas.
Importaciones de electricidad y contratos de gas bajo cuestionamiento
Uno de los principales frentes que enfrenta González está relacionado con la importación de electricidad desde Uruguay. Según la información periodística, una denuncia penal cuestionó operaciones realizadas a precios que habrían alcanzado los 200 dólares por megavatio hora (MWh), valores superiores a determinados costos de generación local.
La diferencia de precios motivó cuestionamientos sobre las condiciones de contratación y la razonabilidad económica de esas operaciones. Sin embargo, una comparación rigurosa requiere conocer el momento de la compra, la disponibilidad de generación nacional, los costos marginales y las condiciones de abastecimiento. Una importación más cara que el promedio de generación local no demuestra, por sí sola, la existencia de un delito.
El segundo conflicto involucra contrataciones de gas natural licuado (GNL). El Ministerio de Economía debió intervenir un proceso licitatorio después de recibir ofertas que, según las versiones difundidas, duplicaban los costos inicialmente previstos.
El episodio puso bajo discusión los mecanismos de contratación de un combustible utilizado para complementar el abastecimiento energético, especialmente cuando la demanda supera la disponibilidad de gas transportado desde los yacimientos nacionales.
En ambos casos, el interrogante central es si las decisiones respondieron a necesidades técnicas y condiciones de mercado debidamente justificadas o si existieron irregularidades que deban ser investigadas. La existencia de denuncias no equivale a una constatación de responsabilidad penal.
Profertil y los vínculos empresariales del funcionario
Otro punto sensible es la operación mediante la cual YPF vendió su participación del 50% en Profertil a Adecoagro, compañía vinculada a la producción agroindustrial.
La transacción adquirió relevancia política porque González había integrado anteriormente el directorio de Adecoagro. Ese antecedente empresarial abrió interrogantes sobre posibles conflictos de intereses entre sus relaciones privadas y las responsabilidades que posteriormente ejerció dentro del Ministerio de Economía.
Profertil tiene importancia estratégica porque produce fertilizantes utilizados por el sector agropecuario argentino. Por eso, cualquier cambio en su estructura accionaria involucra intereses económicos que exceden una operación empresarial ordinaria.
El punto jurídico decisivo no es únicamente que González haya trabajado para Adecoagro, sino determinar si intervino en decisiones administrativas vinculadas con la operación, qué competencias tenía, si existían obligaciones de excusación y si estas fueron cumplidas.
Sin esa información, corresponde hablar de cuestionamientos por posibles conflictos de intereses, no de corrupción acreditada.
La disputa por el organismo que controlará las tarifas
La renuncia también se produjo mientras avanzaban las diferencias dentro del oficialismo por la conducción del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, concebido para concentrar funciones regulatorias de ambos servicios.
Según La Política Online, la designación de su presidencia provocó tensiones entre Caputo y Milei, además de diferencias entre González y María del Carmen Tettamanti, secretaria de Energía.
La disputa no es menor. Los organismos reguladores intervienen en cuestiones vinculadas con las tarifas, la calidad de los servicios, las obligaciones de las empresas y la supervisión de actividades esenciales para hogares e industrias.
Controlar su conducción supone influir sobre decisiones económicas de enorme alcance, especialmente en un escenario de modificaciones tarifarias, reducción de subsidios y reorganización del sector energético.
El conflicto también expone una tensión institucional: los entes reguladores deben contar con capacidad técnica y autonomía suficiente para controlar a las empresas prestadoras, independientemente de las disputas políticas por sus autoridades.
La salida de González deja pendiente conocer cómo se reorganizarán las responsabilidades dentro del Ministerio de Economía y quién asumirá la coordinación de las áreas energética y minera.
Caputo pierde a un funcionario clave en el sector que presenta como éxito económico
El alejamiento resulta especialmente significativo porque energía y minería ocupan un lugar central en la estrategia económica del Gobierno. La administración de Milei apuesta al crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos y minerales como una de las principales fuentes futuras de divisas.
En ese contexto, González cumplía una función de coordinación entre áreas vinculadas con inversiones, abastecimiento, regulación y decisiones económicas.
Su renuncia fue lamentada públicamente por Felipe Núñez, funcionario cercano al equipo de Caputo, quien destacó su capacidad técnica y su relación con inversores internacionales. La reacción muestra el respaldo que mantenía dentro de una parte del Ministerio de Economía, pese a los cuestionamientos conocidos.
González insistió en que su decisión no respondía a una ruptura con Caputo y señaló que pretendía regresar al sector privado. También sostuvo que nunca había tenido una vocación política permanente.
Esas declaraciones constituyen su explicación pública de la renuncia. La hipótesis de que las denuncias penales determinaron su salida proviene, en cambio, de fuentes políticas citadas por la prensa y no fue confirmada por el propio exfuncionario.
La diferencia importa: la renuncia está confirmada; las 18 denuncias fueron reportadas por una fuente periodística; y la relación causal entre ambas circunstancias sigue siendo una interpretación no acreditada.
El episodio deja al Ministerio de Economía frente a dos desafíos. El primero es garantizar continuidad en las decisiones sobre energía y minería, sectores decisivos para la actividad económica. El segundo es aportar información verificable sobre las contrataciones y operaciones cuestionadas durante la gestión saliente.
Milei y Caputo presentan la expansión energética como uno de los pilares de su modelo. Pero la salida del funcionario encargado de coordinarla, en medio de denuncias e internas por el control regulatorio, coloca el foco sobre una cuestión que el crecimiento de las exportaciones no puede reemplazar: la transparencia en el manejo de los recursos públicos y de los negocios estratégicos del Estado.
