Melina Orquidea
La nueva fuerza federal estará dirigida por el jefe de los servicios de inteligencia, Jay Clayton, e integrará funcionarios de Defensa, la Comisión Federal de Comercio y la administración pública. Tendrá apenas cinco empleados permanentes y elaborará un informe en 120 días.
Donald Trump creó una fuerza especial para coordinar la política estadounidense sobre inteligencia artificial y colocó al frente al director nacional de Inteligencia, Jay Clayton. La decisión confirma que Washington ya no considera esta tecnología solamente como una innovación comercial: pasó a tratarla como un instrumento central de seguridad nacional y competencia geopolítica con China.
El organismo fue bautizado “Fuerza de la Superinteligencia”, de acuerdo con la decisión presidencial de reemplazar la expresión “inteligencia artificial” en las comunicaciones oficiales. Trump sostiene que el nuevo término describe mejor una tecnología cuyo impacto podría superar al de la Revolución Industrial e internet.
La denominación, sin embargo, no modifica la naturaleza de los sistemas actuales. La superinteligencia suele definirse como una capacidad artificial superior a la humana en prácticamente todas las tareas cognitivas, algo que todavía no existe de manera comprobada.
El Gobierno estadounidense ordenó utilizar “superinteligencia” y la sigla SI en documentos, páginas oficiales e informes, siempre que no contradiga las leyes vigentes. Trump llegó incluso a calificar como “enemigos” a quienes continúen empleando el término inteligencia artificial.
Inteligencia, Defensa y control comercial
La conducción quedará en manos de Clayton, quien supervisa la comunidad de inteligencia estadounidense. Lo acompañarán Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio; Emil Michael, subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería y responsable tecnológico del Pentágono; y Scott Kupor, director de la Oficina de Administración de Personal.
La composición muestra los cuatro intereses que Washington concentra alrededor de la IA: espionaje y seguridad nacional, competencia económica, desarrollo militar y captación de especialistas tecnológicos.
La fuerza reportará directamente a Trump y a la jefa de Gabinete, Susie Wiles. Según las primeras precisiones, contará con apenas cuatro o cinco empleados de tiempo completo y todavía trabaja en la elaboración de un estatuto que defina sus objetivos, atribuciones y responsabilidades.
No se trata, por lo tanto, de una nueva agencia federal con una estructura masiva ni de un organismo regulador independiente. Es una fuerza de coordinación política situada en la Casa Blanca, con capacidad para reunir a empresas, agencias estatales, proveedores de infraestructura crítica y organizaciones civiles.
Clayton deberá presentar en aproximadamente 120 días un informe sobre riesgos, oportunidades y posibles respuestas federales. El grupo también analizará amenazas relacionadas con ataques informáticos, pérdida de control de modelos avanzados y afectaciones a servicios esenciales como bancos, hospitales, redes eléctricas y telecomunicaciones.
Un pacto “moralmente vinculante”
La creación del grupo estuvo precedida por una reunión de Trump con los máximos ejecutivos del sector tecnológico. Participaron, entre otros, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Jensen Huang, Dario Amodei y Greg Brockman.
Los empresarios firmaron un acuerdo voluntario de apenas 308 palabras mediante el cual asumieron el compromiso de establecer controles internos, evaluar el comportamiento de sus modelos, permitir auditorías independientes y prevenir accesos no autorizados a sistemas informáticos.
Cuando le preguntaron si el compromiso tenía fuerza legal, Trump respondió que era “moralmente vinculante”.
El acuerdo no establece sanciones, multas ni procedimientos obligatorios para las empresas que incumplan. Tampoco crea una autoridad externa con capacidad para ordenar la suspensión de un modelo considerado peligroso.
La Casa Blanca apuesta así a que las propias compañías se supervisen, pese a que compiten entre sí por atraer inversiones, conquistar usuarios y lanzar productos antes que sus rivales. Trump considera que una regulación estricta podría retrasar la innovación estadounidense y entregar una ventaja estratégica a China.
Seguridad sin frenar la carrera
La nueva fuerza representa un movimiento ambiguo. Por un lado, admite que los sistemas avanzados pueden generar amenazas para la seguridad informática, las libertades civiles y la infraestructura crítica. Por otro, evita establecer controles públicos obligatorios que puedan desacelerar su desarrollo.
La administración incluso eliminó exigencias federales de información establecidas durante el gobierno de Joe Biden y se inclinó por un modelo de autorregulación respaldado por auditorías privadas. Las empresas tecnológicas celebraron ese enfoque durante la Semana Tecnológica de San Francisco.
La presión para intervenir aumentó después de diversos episodios de comportamiento no previsto, desinformación automatizada y utilización de modelos para detectar o explotar vulnerabilidades digitales. La Fuerza de la Superinteligencia comenzó a exigir que las compañías informen y corrijan inmediatamente cualquier conducta descontrolada de sus productos.
Esa exigencia muestra que el Gobierno reconoce límites en la capacidad de las empresas para controlarse, aunque todavía no estableció obligaciones jurídicas uniformes.
La disputa con China domina la estrategia
Trump presenta el liderazgo tecnológico como una condición para conservar el poder económico y militar de Estados Unidos. Desde esa perspectiva, cualquier demora regulatoria puede convertirse en una ventaja para Beijing.
El problema es que una competencia planteada como carrera puede llevar a las empresas y los gobiernos a reducir pruebas de seguridad para llegar primero. Investigadores especializados advierten que esa dinámica combina tres riesgos: perder la competencia frente al rival, provocar una confrontación internacional o desarrollar sistemas que finalmente escapen al control humano.
La Fuerza de la Superinteligencia nace dentro de esa contradicción. Debe proteger a la sociedad de una tecnología potencialmente peligrosa, pero sin obstaculizar a las compañías que la desarrollan ni permitir que China tome la delantera.
Trump creó una mesa pequeña con acceso directo al poder presidencial, pero dejó el control cotidiano en manos de las mismas empresas que compiten por liderar el mercado. La prueba decisiva será si el organismo logra imponer medidas concretas cuando la seguridad choque con los intereses económicos y geopolíticos de la carrera tecnológica.
GONZALO SCHWEIZER
