Melina Orquidea
El Departamento de Justicia se incorporó a una demanda para frenar un programa que otorga 25.000 dólares a residentes negros de Evanston, Illinois, afectados por décadas de discriminación habitacional. Organizaciones afrodescendientes denuncian que la ofensiva amenaza las iniciativas de reparación histórica en todo Estados Unidos.
A casi 250 años de la independencia de Estados Unidos, la discusión sobre las consecuencias económicas de la esclavitud y la segregación racial volvió a enfrentar al gobierno de Donald Trump con organizaciones afroestadounidenses. El centro de la disputa es Evanston, una ciudad de Illinois que puso en marcha uno de los primeros programas municipales de reparaciones del país.
La iniciativa reconoce los perjuicios provocados por décadas de políticas discriminatorias que limitaron el acceso de las familias negras a la vivienda y la propiedad. Desde 2021, residentes elegibles y sus descendientes pueden recibir hasta 25.000 dólares para compensar parte de ese daño histórico. Originalmente, la asistencia estaba destinada a gastos habitacionales; desde 2023 también permite pagos directos.
El Gobierno sostiene que reparar la discriminación constituye discriminación
El Departamento de Justicia estadounidense se sumó formalmente a una demanda presentada contra el programa por seis personas no negras, representadas por la organización conservadora Judicial Watch.
La administración Trump sostiene que los criterios raciales de elegibilidad vulneran la cláusula de igualdad de protección de la Decimocuarta Enmienda constitucional y la legislación federal sobre vivienda.
El 15 de octubre, el juez federal John Kness autorizó la intervención del Gobierno. La decisión permite que el Departamento de Justicia participe del litigio, pero no constituye una sentencia que declare inconstitucional el programa.
La ciudad de Evanston defiende las reparaciones como respuesta a políticas de segregación habitacional aplicadas entre 1919 y 1969, cuyos efectos económicos alcanzaron a generaciones posteriores.
Robin Rue Simmons y la lucha por una reparación concreta
Una de las principales impulsoras de la iniciativa es Robin Rue Simmons, exconcejal de Evanston y referente nacional del movimiento por las reparaciones.
Su trabajo parte de una realidad documentada: durante generaciones, las familias afroestadounidenses enfrentaron restricciones para comprar viviendas, acceder a créditos y acumular patrimonio. Esas barreras contribuyeron a consolidar desigualdades que sobrevivieron al final de la segregación legal.
Evanston ya distribuyó millones de dólares entre beneficiarios del programa. Sus defensores sostienen que el objetivo no es otorgar un privilegio racial, sino compensar daños históricos derivados de decisiones institucionales concretas.
Rue Simmons continúa promoviendo iniciativas similares en otras ciudades, mientras la ofensiva federal introduce incertidumbre sobre su continuidad.
Universidades, descendientes y una deuda histórica pendiente
La controversia supera los límites de Illinois. La investigación publicada este 24 de octubre por Associated Press describe cómo universidades, instituciones religiosas y organizaciones comunitarias enfrentan presiones para revisar sus programas destinados a descendientes de personas esclavizadas.
La Universidad de Georgetown mantiene iniciativas de becas para descendientes de personas esclavizadas vinculadas con su historia, mientras el Seminario Teológico de Virginia desarrolla un sistema de compensaciones económicas.
En cambio, Harvard desmanteló un equipo dedicado a investigar los vínculos de la institución con descendientes de personas sometidas a esclavitud.
El debate también llegó a las Naciones Unidas, donde una resolución aprobada en 2026 reclamó avanzar en el reconocimiento de los crímenes asociados con la trata transatlántica de africanos esclavizados y sus consecuencias actuales. Estados Unidos votó en contra.
La reparación no se limita al dinero
Para el movimiento afroestadounidense, las reparaciones comprenden compensación económica, reconocimiento de responsabilidades, recuperación de la memoria histórica y medidas para superar desigualdades heredadas.
La controversia judicial de Evanston plantea una discusión central: si el Estado puede utilizar criterios vinculados con la discriminación racial histórica para reparar perjuicios que sus propias instituciones contribuyeron a producir.
La esclavitud terminó legalmente en Estados Unidos en 1865, pero sus consecuencias no desaparecieron con la abolición. Las políticas posteriores de segregación profundizaron diferencias patrimoniales que todavía atraviesan a millones de familias.
Mientras el Gobierno de Trump cuestiona la legalidad de las reparaciones, las organizaciones afroestadounidenses continúan impulsando investigaciones, programas comunitarios y medidas de compensación.
El conflicto de Evanston será una prueba importante para determinar qué posibilidades tienen los gobiernos locales de reparar la discriminación histórica mediante políticas específicamente destinadas a las comunidades afectadas.
GONZALO SCHWEIZER
