Jorge R. SchweizerMientras Rusia intensifica sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana, Estados Unidos flexibiliza restricciones sobre el comercio de diésel ruso y Moscú propone una cumbre con Donald Trump y Xi Jinping. La combinación de presión militar, intereses petroleros y negociaciones entre potencias abre un interrogante sobre el lugar que ocuparán Ucrania y Europa en las decisiones sobre el futuro de la guerra.
La guerra en Ucrania atraviesa un momento particularmente delicado. Durante la madrugada del lunes 19 de octubre, Rusia lanzó una nueva ofensiva con misiles y drones contra Kiev y otras regiones del país. Los ataques dañaron instalaciones energéticas, provocaron víctimas civiles y dejaron a cientos de miles de hogares afectados por interrupciones del suministro eléctrico. Mientras la población ucraniana enfrenta la proximidad de otro invierno bajo las bombas, Washington y Moscú avanzan en entendimientos comerciales y exploran nuevas conversaciones diplomáticas.
La simultaneidad de estos acontecimientos no demuestra que formen parte de un acuerdo previamente coordinado. Sin embargo, permite observar cómo se relacionan tres instrumentos centrales de la política internacional: la fuerza militar, las sanciones económicas y la negociación entre Estados.
Rusia golpea la infraestructura energética mientras se habla de paz
Según las autoridades ucranianas, la ofensiva rusa dañó más de diez instalaciones energéticas. El ataque se produjo en un contexto de operaciones militares de ambos bandos contra objetivos vinculados con la energía, incluidas las refinerías rusas alcanzadas por drones ucranianos.
Las consecuencias no son equivalentes desde el punto de vista humanitario. Cuando resultan afectadas las redes eléctricas de ciudades y poblaciones, las interrupciones comprometen la calefacción, el abastecimiento de agua, los hospitales y otros servicios esenciales.
El derecho internacional humanitario obliga a distinguir entre objetivos militares y bienes civiles. Una instalación energética no pierde automáticamente su protección por contribuir a la economía de un país: para constituir un objetivo militar debe cumplir los requisitos jurídicos correspondientes, y cualquier ataque debe respetar los principios de proporcionalidad y precaución.
En ese contexto, Zelenski denunció que Ucrania no recibió advertencias anticipadas de sus socios sobre la ofensiva. Washington negó haber interrumpido el intercambio de inteligencia. La discrepancia revela una tensión adicional en una relación de seguridad de la que depende buena parte de la capacidad defensiva ucraniana.
El petróleo ruso vuelve a entrar en los cálculos de Washington
El 9 de octubre, el Tesoro estadounidense autorizó temporalmente determinadas operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta abril de 2027. La medida acompañó un entendimiento anunciado por Trump después de conversar con Putin, destinado a facilitar suministros de combustible en un mercado internacional tensionado por la crisis de Medio Oriente.
Una semana después, el presidente estadounidense suspendió la aplicación de nuevas medidas sancionatorias contra Moscú. No se trata de la eliminación de todas las sanciones existentes, pero sí de una flexibilización significativa de la presión económica que Washington venía ejerciendo sobre Rusia.
El objetivo declarado por Trump es contribuir a reducir los precios energéticos. Sin embargo, el efecto real sobre el mercado sigue siendo incierto: trasladar cargamentos rusos de unos compradores a otros no equivale necesariamente a incrementar la producción mundial.
Para Moscú, en cambio, una mayor posibilidad de comercializar combustibles representa una oportunidad económica. La magnitud de ese beneficio dependerá de las operaciones efectivamente realizadas, sus precios y las condiciones de pago.
La contradicción política es evidente: mientras Estados Unidos sostiene que busca una solución negociada a la guerra, adopta medidas que pueden aliviar restricciones sobre ingresos energéticos rusos sin que se haya anunciado, hasta ahora, una concesión equivalente de Moscú en el terreno militar.
Putin propone una mesa con Trump y Xi Jinping
Según informó The Wall Street Journal, Putin planteó una reunión trilateral con Trump y el presidente chino Xi Jinping durante noviembre, posiblemente en el marco de la cumbre de APEC. El Kremlin reconoció contactos preliminares, aunque todavía no existe una reunión confirmada.
La propuesta tiene una importancia que excede el formato diplomático. Rusia busca discutir la guerra con dos potencias capaces de influir sobre su desarrollo económico y estratégico: Estados Unidos, por su capacidad militar y financiera, y China, por su peso comercial y su relación con Moscú.
Pero aparece una ausencia fundamental: Ucrania, el Estado cuyo territorio y seguridad están directamente comprometidos.
Las grandes potencias pueden negociar sanciones, garantías de seguridad, relaciones comerciales o mecanismos de supervisión. Lo que no pueden hacer legítimamente es disponer de la soberanía de otro Estado como si se tratara de una concesión territorial entre gobiernos.
La Carta de las Naciones Unidas reconoce la igualdad soberana de los Estados y prohíbe el uso de la fuerza contra su integridad territorial. Una negociación internacional puede contribuir a detener una guerra, pero no convierte en jurídicamente válida una adquisición territorial obtenida mediante la fuerza.
Europa enfrenta las consecuencias de decisiones que no controla completamente
La Unión Europea afronta un escenario complejo. La continuidad de la guerra afecta su seguridad, sus presupuestos de defensa y sus mercados energéticos. Al mismo tiempo, cualquier modificación sustancial de las sanciones estadounidenses puede alterar los incentivos económicos de Rusia y la coordinación entre aliados occidentales.
Para los gobiernos europeos, el problema no consiste únicamente en participar de una eventual negociación. También deberán definir qué garantías de seguridad consideran necesarias y qué compromisos están dispuestos a asumir para sostenerlas.
China, por su parte, mantiene intereses comerciales y estratégicos propios. Su eventual participación en una cumbre no significaría automáticamente que respalde todas las condiciones rusas ni que esté dispuesta a asumir responsabilidades directas sobre un acuerdo.
Una negociación de paz o una negociación de intereses
La diplomacia puede y debe buscar mecanismos para detener la guerra. Pero su eficacia no puede medirse solamente por la cantidad de reuniones anunciadas ni por los beneficios comerciales que obtengan sus participantes.
La flexibilización petrolera estadounidense, la propuesta rusa de una cumbre entre potencias y los nuevos ataques contra Ucrania muestran que los intereses económicos y estratégicos continúan condicionando las posibilidades de negociación.
Todavía no existen elementos suficientes para afirmar que Washington haya aceptado las exigencias territoriales de Moscú o que ambas capitales hayan acordado una solución al margen de Kiev. Sí existen decisiones concretas que modifican la presión económica sobre Rusia mientras la guerra continúa.
La cuestión central no es si Trump, Putin y Xi Jinping pueden sentarse a negociar. Es qué estarían negociando, qué concesiones ofrecería cada uno y quién tendría derecho a aceptar sus consecuencias.
Porque una paz duradera exige algo más que un entendimiento entre potencias: necesita detener la violencia, proteger a la población civil y establecer condiciones compatibles con la soberanía de los Estados.
De lo contrario, el riesgo es que el petróleo vuelva a circular, las sanciones comiencen a flexibilizarse y las grandes capitales celebren avances diplomáticos mientras los ucranianos siguen contando muertos y esperando que regrese la electricidad.
