CONCHITA PRETALa Justicia amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo y otros cuatro acusados, y procesó a 19 personas más por presuntas maniobras en las compras de medicamentos, prótesis e insumos médicos. Las diferencias de precios detectadas superan los $7.833 millones. El Gobierno que prometió barrer con la casta enfrenta una investigación en la que, según la hipótesis judicial, algunos habrían confundido la asistencia sanitaria con un negocio de primera clase.
¡Mis queridos sobrevivientes del experimento libertario! ¡Atención, que apareció la casta! No estaba en un ministerio lleno de ñoquis ni escondida debajo de una fotocopiadora. Según investiga la Justicia, podría haber estado sentadita en la oficina de compras de la Agencia Nacional de Discapacidad, calculando presupuestos con una calculadora que, en lugar de sumar, pedía comisión.
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, y de otros cuatro acusados, entre ellos Daniel Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete. Además, procesó sin prisión preventiva a otras 19 personas vinculadas con el organismo y sus proveedores. Los tres primeros están señalados como presuntos jefes de una asociación ilícita.
El expediente tiene más de quinientas páginas. Al parecer, para explicar cómo funcionaban algunas compras públicas bajo sospecha se necesitó más papel que para presentar el plan de gobierno.
Siete mil ochocientos millones de razones para pedir explicaciones
La investigación detectó diferencias de precios estimadas en $7.833 millones: aproximadamente $5.985 millones en medicamentos y $1.849 millones en insumos médicos y ortopédicos.
No es una cifra definitiva de dinero robado ni una condena. Es una estimación provisional incorporada al expediente, y la Justicia deberá determinar qué operaciones constituyeron delitos y quiénes fueron responsables.
Pero el dato ya alcanza para incomodar al discurso de la eficiencia. La administración que prometía revisar cada peso del gasto público terminó con una investigación judicial sobre compras en las que algunos precios parecen haber recibido un tratamiento VIP.
Y atención al detalle: los rubros incluyen prótesis, audífonos, implantes, sillas de ruedas y materiales para intervenciones médicas. Elementos esenciales para la salud y la autonomía de las personas. Si se comprueba que alguien hizo negocios ilícitos con esas necesidades, no estaremos ante una simple picardía comercial: estaremos ante una forma particularmente grave de corrupción.
Competencia de mercado: ganaba el que ya sabía el resultado
Según la resolución judicial, la presunta organización habría utilizado información privilegiada, invitaciones dirigidas a determinados proveedores, simulación de competencia y adjudicaciones manipuladas.
¡Hermoso homenaje a la libertad económica! Un concurso en el que todos podían participar, pero algunos aparentemente llegaban con las respuestas del examen escritas en la palma de la mano.
Página/12 publicó un mensaje atribuido al empresario Miguel Ángel Calvete, dirigido a un proveedor, en el que le indicaba que cotizara cinco millones de pesos más en determinadas operaciones vinculadas con amputaciones. Es una comunicación incorporada a la investigación, no una sentencia firme sobre el conjunto de las maniobras.
La Justicia deberá establecer su alcance. Mientras tanto, la escena tiene una ironía difícil de superar: en un país donde se discute cuánto cuesta garantizar prestaciones esenciales, la investigación examina si algunos estaban discutiendo cuánto agregarles a las facturas.
Cuarenta por ciento de los pagos: el mercado tenía sus favoritos
Una auditoría y otros informes oficiales citados por La Nación señalaron que las empresas investigadas concentraron cerca del 40% de los pagos de ANDIS por medicamentos e insumos, por un total aproximado de $192.000 millones durante el período analizado.
La concentración no prueba por sí sola un delito. Pero, combinada con las comunicaciones y los procedimientos investigados, explica por qué la Justicia busca reconstruir quién elegía proveedores, quién autorizaba las compras y quién recibía los pagos.
El libre mercado es una maravilla. Sobre todo cuando la sospecha consiste en que la competencia era tan libre que algunos participantes ya conocían al ganador antes de largar.
Los audios que llegaron hasta la puerta del poder
Spagnuolo fue designado durante la presidencia de Javier Milei y dejó el organismo en agosto de 2025, después de la difusión de audios atribuidos al exfuncionario sobre un supuesto esquema de coimas.
En aquellas grabaciones se mencionaban a Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem. Esas menciones no acreditan participación delictiva de las personas nombradas, pero explican la dimensión política que adquirió el escándalo.
El Gobierno hizo de la lucha contra la casta una bandera central. Por eso, frente a una investigación de esta magnitud, no alcanza con recordar que las responsabilidades penales son individuales. También corresponde explicar qué controles existían, cómo se seleccionaba a los proveedores y por qué los mecanismos administrativos no habrían detectado antes las irregularidades que ahora examina la Justicia.
Porque para denunciar a la casta ajena alcanzaba con una motosierra. Para revisar la propia, aparentemente hacía falta encontrar el manual de instrucciones.
La discapacidad no es un negocio ni un remate
Los procesamientos no equivalen a condenas. La investigación continúa, hay acusados con distintas imputaciones y el juez también dictó falta de mérito para once personas. La responsabilidad de cada una deberá establecerse mediante el proceso judicial.
Pero el problema institucional ya está planteado: los recursos investigados estaban destinados a prestaciones de salud para personas que dependen de ellas. Y cuando aparecen sospechas de contrataciones manipuladas, lo que está en juego no es solamente la transparencia administrativa, sino la confianza en un sistema que debería garantizar derechos.
El Gobierno prometió terminar con los privilegios, controlar el gasto y hacer funcionar al Estado con eficiencia. La Justicia investiga si, dentro de uno de sus organismos, funcionarios y proveedores habrían organizado exactamente lo contrario.
La motosierra hizo muchísimo ruido contra la casta. Lo que ahora falta explicar es por qué, cuando llegó a la oficina de compras de ANDIS, aparentemente se quedó sin batería.
