Melina Orquidea
El secretario de Desregulación habría interrumpido a los gritos una reunión con la Mesa de Enlace y las principales semilleras. El conflicto enfrenta el derecho de los productores a guardar semillas con el reclamo empresarial de cobrar regalías en cada campaña.
La negociación para reformar la Ley de Semillas terminó en un escándalo. Representantes del sector agropecuario denunciaron que Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y hombre de confianza de Federico Sturzenegger, perdió la paciencia ante la falta de acuerdo y amenazó con redactar el proyecto junto con Bayer.
“Hasta acá llegué. Voy a redactar la ley con Bayer porque necesitamos insertarnos en el mundo”, habría gritado el funcionario, según el relato de asistentes a la reunión difundido por La Política Online. Al tratarse de un encuentro cerrado, la frase no pudo ser comprobada de manera independiente ni existe hasta el momento una versión oficial de Cacace sobre lo ocurrido.
La discusión se realizó en la Secretaría de Agricultura y reunió a sectores que mantienen una disputa económica de enorme magnitud. De un lado estuvieron las multinacionales Bayer, Corteva y Syngenta, junto con representantes de la Asociación de Semilleros Argentinos. Del otro participaron las cuatro entidades de la Mesa de Enlace: Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria.
La pelea por guardar semillas
El principal punto de conflicto es el denominado “uso propio”: la posibilidad de que un productor reserve una parte de la cosecha para sembrarla nuevamente durante la campaña siguiente.
La Ley 20.247 establece expresamente que no se vulneran los derechos de propiedad de una variedad cuando el productor reserva y siembra semillas para su propio uso. Por ese motivo, que una semilla no sea comprada nuevamente en cada campaña no significa necesariamente que sea ilegal.
Las compañías semilleras buscan limitar esa excepción y ampliar el cobro de regalías por la utilización sucesiva de variedades protegidas. Argumentan que la falta de una remuneración suficiente reduce los incentivos para invertir en investigación, desarrollo genético y nuevas tecnologías.
Los productores, en cambio, advierten que una reforma demasiado amplia podría obligarlos a pagar reiteradamente por una semilla que compraron legalmente y transformaría una práctica histórica del campo en una infracción.
Dentro de la propia Mesa de Enlace tampoco existe una posición uniforme. Coninagro admitió la posibilidad de establecer un uso propio oneroso con excepciones para determinados productores, mientras que Federación Agraria rechaza que Argentina adopte sin modificaciones el convenio internacional UPOV 91.
La presión para adoptar UPOV 91
Argentina se encuentra adherida al Acta de 1978 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Gobierno pretende avanzar hacia el régimen de 1991, que amplía los derechos de quienes desarrollan variedades y permite restringir con mayor intensidad la reutilización de semillas.
La reforma también quedó vinculada con las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Washington reclama que Argentina fortalezca la protección de la propiedad intelectual, especialmente en actividades donde operan grandes compañías multinacionales.
El debate no consiste simplemente en elegir entre defender la propiedad intelectual o permitir el comercio clandestino. La discusión central es quién captura el valor generado por la genética vegetal, durante cuánto tiempo puede cobrarlo y qué productores deben quedar exceptuados.
El Gobierno ya reforzó los controles
Mientras negocia una nueva ley, el Gobierno avanzó en junio con un sistema de control de la identidad varietal de los granos entregados por los productores.
La Resolución Conjunta 3/2026 del INASE y la Secretaría de Agricultura creó un protocolo para analizar muestras obtenidas en el primer punto de entrega. Los establecimientos deben estar registrados y pueden celebrar acuerdos con entidades privadas para financiar la toma, coordinación y análisis de esas muestras.
El mecanismo permite determinar qué variedad genética fue utilizada y entregar los resultados a los titulares de variedades protegidas cuando existan sospechas de una infracción. Su aplicación alcanza a los cultivares incorporados a los registros correspondientes después de la entrada en vigor de la resolución.
Para el Gobierno, el procedimiento mejora la trazabilidad y protege la innovación. Para una parte de los productores, abre la puerta a un sistema de fiscalización privada capaz de extender el reclamo de regalías desde la venta de semillas hasta la comercialización de los granos cosechados.
La polémica por el “70% ilegal”
Cacace sostuvo públicamente que cerca del 70% del comercio argentino de semillas funciona de manera ilegal. El cálculo fue cuestionado por representantes agropecuarios, que acusaron al funcionario de mezclar la semilla no fiscalizada con la denominada “bolsa blanca”.
La bolsa blanca es semilla comercializada clandestinamente, sin identificación, controles ni autorización. El uso propio, en cambio, está contemplado por el artículo 27 de la legislación vigente cuando el productor reserva semillas obtenidas legalmente para volver a sembrarlas en su explotación.
Esa distinción resulta decisiva. Si todo el material que no vuelve a comprarse es clasificado como ilegal, el porcentaje de incumplimiento crece de manera considerable. Si se separan el comercio clandestino y el uso propio permitido por la ley, la dimensión del mercado ilegal puede ser mucho menor.
Una disputa que excede a las multinacionales
El negocio tampoco enfrenta únicamente a compañías extranjeras con productores argentinos. El país posee empresas relevantes dedicadas al desarrollo genético, entre ellas GDM, fundada en Chacabuco y convertida en una multinacional con presencia en Brasil y Estados Unidos.
La existencia de compañías nacionales demuestra que el desarrollo de nuevas variedades necesita reglas e incentivos. Sin embargo, no resuelve el interrogante principal: si esos derechos deben imponerse sin límites sobre cada reutilización de una semilla o si corresponde preservar excepciones para pequeños y medianos productores.
Hasta el estallido de la reunión, el Gobierno sostenía que intentaría construir una propuesta consensuada. La amenaza atribuida a Cacace alteró ese escenario y alimentó la sospecha de que la reforma podría terminar redactada según las exigencias de las grandes compañías.
La definición tendrá consecuencias directas sobre el costo de producción, la autonomía de los agricultores y la distribución de miles de millones de dólares dentro de una de las actividades económicas más importantes del país. El punto más sensible será determinar quiénes podrán seguir reservando semillas y quiénes deberán pagar regalías cada vez que vuelvan a sembrarlas.
GONZALO SCHWEIZER
