Melina Orquidea
Una resolución federal obliga al Estado brasileño a proporcionar transporte gratuito, alimentación y asistencia lingüística para las elecciones del domingo 25 de octubre. La medida alcanza a comunidades quilombolas, indígenas, ribereñas y otras poblaciones tradicionales que enfrentan enormes dificultades para llegar a las urnas.
La Justicia Federal de Brasil ordenó garantizar que miles de ciudadanos de comunidades afrodescendientes, indígenas y poblaciones tradicionales puedan ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial del domingo 25 de octubre. La decisión, adoptada el viernes 23, amplía una medida anterior destinada a los pueblos indígenas y obliga al Gobierno federal a organizar transporte, alimentación y servicios de interpretación en los territorios de difícil acceso.
La resolución responde a una acción civil pública del Ministerio Público Federal (MPF), presentada ante la Justicia de Belém, en el estado de Pará. Su alcance es nacional e incluye comunidades quilombolas, ribereñas, extractivistas, pescadores artesanales y familias asentadas en zonas rurales aisladas.
Votar no puede depender de tener dinero para viajar
Durante la primera vuelta electoral, celebrada el 4 de octubre, numerosas comunidades no pudieron participar debido a la distancia entre sus territorios y los centros de votación.
El MPF documentó casos extremos en Pará, donde integrantes de los pueblos Araweté, Arara, Parakanã, Xikrin y Munduruku debían recorrer hasta mil kilómetros por vía fluvial para llegar a una urna, sin asistencia estatal.
También identificó dificultades de acceso y abstención involuntaria en Amazonas, Mato Grosso do Sul, Amapá, Bahía y Rio Grande do Sul.
Para las comunidades quilombolas, descendientes de poblaciones africanas esclavizadas que construyeron territorios de resistencia, las barreras geográficas se suman a una larga historia de exclusión racial, territorial y económica. La distancia física a los centros electorales puede convertirse, en esas condiciones, en un obstáculo concreto para ejercer un derecho constitucional.
Transporte, alimentos y hasta reembolso de gastos
La resolución obliga a la Unión a coordinar vehículos, embarcaciones y otras formas de traslado, además de garantizar alimentos, intérpretes y apoyo logístico.
El Gobierno federal presentó un plan de acción que fue homologado por la Justicia. Participan organismos como la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), junto con autoridades locales.
Cuando no sea posible utilizar transporte público oficial, las comunidades podrán solicitar el reembolso de gastos en combustible, alquiler de embarcaciones, alojamiento y alimentación. La documentación podrá simplificarse mediante declaraciones de las autoridades comunitarias, recibos o fotografías.
El incumplimiento injustificado de la orden puede ocasionar una multa diaria de un millón de reales.
Una conquista que busca convertirse en política permanente
El Ministerio Público Federal también exige que Brasil establezca un programa nacional de accesibilidad electoral para futuras elecciones, de manera que las comunidades no dependan de decisiones judiciales urgentes cada vez que deban votar.
En Mato Grosso, el organismo requirió a autoridades federales y provinciales información sobre los preparativos logísticos, con un plazo de 24 horas para responder.
La medida representa un reconocimiento de que la igualdad electoral requiere condiciones materiales, especialmente para poblaciones históricamente marginadas.
Las personas que viven en territorios quilombolas o comunidades indígenas tienen el mismo derecho a participar en las decisiones nacionales que quienes residen cerca de los centros urbanos. La ausencia de caminos, embarcaciones o recursos económicos no debería privarlas de ese derecho.
La Justicia brasileña estableció una obligación concreta: el Estado debe facilitar el acceso a las urnas cuando las condiciones territoriales lo impiden.
La decisión ya está vigente. Su cumplimiento efectivo durante la votación del domingo será la prueba de si esas garantías judiciales se traducen en participación real.
Porque el derecho al voto no termina donde termina el asfalto.
GONZALO SCHWEIZER
