Por primera vez en la historia de Brasil, el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió la carrera diplomática a personas indígenas y quilombolas (descendientes de africanos esclavizados), un movimiento que marca un quiebre institucional en una de las estructuras más cerradas, elitistas y simbólicas del Estado.
La medida se implementa a través del concurso público de ingreso al Instituto Rio Branco, la academia diplomática vinculada al Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería. El dato duro: 60 vacantes en total, de las cuales tres estarán reservadas específicamente para indígenas y quilombolas, en el marco de la nueva ley de cupos.
El concurso incluye además 15 plazas para personas negras y tres para personas con discapacidad. El salario inicial de la carrera diplomática asciende a 22.558 reales, equivalentes a unos 4.500 dólares, una cifra que deja en claro que la representación también implica acceso real al poder y a los recursos.
El proceso de selección se rige por la ley firmada en 2025 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y se inscribe en una política de ampliación del acceso al Estado en áreas estratégicas y de alta visibilidad internacional.
Las inscripciones estarán abiertas del 4 al 25 de febrero, a través del sitio web del Centro Brasileño de Investigación en Evaluación, Selección y Promoción de Eventos. La tasa de inscripción es de 229 reales, con posibilidad de exención para aspirantes de bajos ingresos.

Según las bases, se considera persona indígena a quien se autoidentifique como integrante de una comunidad y sea reconocida por sus miembros, independientemente de que resida o no en territorio indígena. La definición se ajusta a la Constitución Federal, al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Para los candidatos quilombolas, la convocatoria adopta el concepto del Decreto 4.887/2003, que los reconoce como integrantes de un grupo étnico-racial con autoatribución, trayectoria histórica propia, relaciones territoriales específicas y presunción de ascendencia negra o parda.
En ambos casos, el concurso prevé un procedimiento complementario de verificación documental, a cargo de una comisión especializada, integrada principalmente por miembros de las propias comunidades tradicionales, un punto clave para evitar validaciones externas sin legitimidad territorial.
La ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, afirmó que la reserva de plazas en la diplomacia representa “la materialización de un sueño colectivo” y sostuvo que este paso expresa “un mayor empoderamiento indígena dentro del Estado brasileño”, impulsado por la creación del primer Ministerio de Pueblos Indígenas y la presencia de líderes originarios en espacios estratégicos de decisión.
Desde el Ministerio de Igualdad Racial, el secretario Ronaldo dos Santos consideró que la inclusión de indígenas y quilombolas en la ley de cupos constituye “un avance significativo en la función pública”, y remarcó que “pocas carreras simbolizan tanto este cambio como la diplomacia, por su peso estratégico y su visibilidad internacional”.
El dato es político, institucional y simbólico: quienes fueron históricamente representados por otros empiezan a representar al país desde adentro. La diplomacia brasileña, durante décadas espejo de una élite homogénea, abre una grieta que no pasa desapercibida.
Infonegro: Verdad sin concesiones.



























