Melina Schweizer
Más de cien empresarios pyme intentaron ingresar al INTI para respaldar al organismo frente al ajuste y los despidos, pero encontraron el predio bloqueado por un operativo de Gendarmería. El instituto ya perdió cerca del 30% de su personal y el Gobierno proyecta más de 700 despidos adicionales. Empresarios industriales advirtieron que el desguace del INTI pone en riesgo exportaciones, certificaciones técnicas y desarrollo tecnológico nacional.
📍 San Martín, provincia de Buenos Aires, 13 de mayo de 2026
La escena tuvo una carga simbólica difícil de ocultar: empresarios industriales, cámaras pyme y técnicos intentando ingresar al INTI para defender uno de los organismos tecnológicos más importantes del país mientras el Gobierno desplegaba gendarmes para bloquear el acceso al predio. Lo que iba a ser una jornada de respaldo institucional terminó convirtiéndose en otra postal del conflicto creciente entre el ajuste libertario y sectores productivos que empiezan a advertir consecuencias concretas sobre la industria nacional.
La actividad había sido convocada por trabajadores y mandos medios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial bajo la consigna “Argentina productiva, con el INTI de pie”. La intención era realizar un encuentro dentro del Parque Tecnológico Miguelete para discutir el impacto del ajuste sobre áreas técnicas, laboratorios, sistemas de certificación y servicios industriales estratégicos. Sin embargo, cuando empresarios y representantes sectoriales llegaron al lugar, se encontraron con el acceso cerrado y un operativo de Gendarmería desplegado alrededor del instituto.
Según denunciaron desde la organización, las autoridades impidieron el ingreso al predio y obligaron a trasladar el acto a la puerta del organismo. Aun así, más de cien empresarios participaron presencialmente de la actividad y otros industriales del interior siguieron el encuentro de manera virtual.
La situación generó fuerte malestar incluso entre empresarios que hasta hace pocos meses respaldaban públicamente al gobierno de Javier Milei. Trabajadores del instituto contaron que varios asistentes reconocían haber acompañado electoralmente al oficialismo pero consideraban que el desguace del INTI “excede cualquier diferencia ideológica” por el impacto directo que puede provocar sobre producción, desarrollo tecnológico y exportaciones industriales.
Y ahí aparece el núcleo real del conflicto.
Porque el INTI no funciona solamente como un organismo administrativo estatal.
Es una estructura técnica clave para certificaciones industriales, ensayos de calidad, desarrollo de materiales, asistencia tecnológica, calibraciones y validaciones que utilizan miles de pequeñas y medianas empresas argentinas para producir, exportar o adaptar procesos productivos. Muchas de esas tareas no existen en el sector privado o tienen costos inaccesibles para gran parte del entramado pyme nacional.
Por eso el ajuste empezó a generar preocupación mucho más allá de sindicatos y trabajadores estatales.
Dentro del sector industrial crece la percepción de que el Gobierno no está desarmando solamente estructuras burocráticas sino capacidades tecnológicas estratégicas construidas durante décadas.
El conflicto se agravó durante las últimas semanas después de que las autoridades avanzaran con el cierre del Servicio Argentino de Calibración, el desmantelamiento de áreas de Metrología Legal y nuevos recortes sobre servicios técnicos utilizados por sectores productivos de todo el país. A eso se suma un proceso de reducción de personal que ya eliminó cerca del 30% de la planta laboral del instituto desde la llegada de Milei y que ahora amenaza con más de 700 despidos adicionales.
Las consecuencias empiezan a preocupar seriamente dentro de sectores industriales.
Durante el acto realizado finalmente en la puerta del organismo, empresarios de distintas ramas productivas remarcaron que el INTI cumple funciones críticas para sostener exportaciones, homologaciones técnicas y controles de calidad bajo estándares internacionales. Sin esos sistemas públicos, muchas empresas quedarían obligadas a contratar servicios privados mucho más costosos o directamente inexistentes en Argentina.
Marco Meloni sostuvo que los países industrialmente desarrollados “crecen apoyados en tecnología, industria y sistemas públicos de innovación”, mientras que Luciano Galfione advirtió que reemplazar controles estatales por laboratorios privados no solo encarece procesos sino que además debilita capacidades nacionales estratégicas.
La preocupación también alcanza áreas sensibles vinculadas a seguridad y salud pública.
Fernanda Mettini explicó durante el encuentro que el vaciamiento de Metrología Legal impacta sobre controles técnicos utilizados diariamente en balanzas comerciales, alcoholímetros, cinemómetros y sistemas de medición presentes en múltiples actividades económicas y de control estatal.
En otras palabras: el ajuste no afecta solamente a trabajadores del organismo.
Empieza a impactar sobre estructuras enteras de validación técnica utilizadas en producción, comercio, seguridad y exportaciones.
Y eso explica por qué el conflicto alrededor del INTI empieza a romper alineamientos políticos tradicionales.
Porque parte del empresariado pyme que acompañó el discurso antiestatal de Milei empieza ahora a encontrarse frente a un problema concreto: muchas de las capacidades técnicas que utilizaban cotidianamente dependían justamente de organismos públicos que hoy están siendo desmantelados.
La imagen de gendarmes bloqueando el ingreso al instituto terminó profundizando todavía más ese choque.
Para trabajadores y empresarios presentes, el operativo funcionó como una señal política clara: el Gobierno ya no enfrenta solamente resistencia sindical sino también cuestionamientos crecientes desde sectores productivos que empiezan a ver el impacto real del ajuste sobre la infraestructura tecnológica nacional.
Y quizás ahí aparece una de las contradicciones más profundas del modelo libertario.
Mientras el discurso oficial promete modernización, competitividad y crecimiento exportador, el ajuste avanza precisamente sobre organismos que durante décadas sostuvieron innovación industrial, certificaciones internacionales y desarrollo tecnológico para miles de empresas nacionales.
Porque detrás de cada laboratorio cerrado, cada técnico despedido y cada área eliminada no desaparece solamente una dependencia estatal.
Desaparece capacidad productiva.
Desaparece conocimiento acumulado.
Y desaparecen herramientas que muchas veces permitían que pequeñas industrias argentinas pudieran competir en un mercado cada vez más concentrado y desigual.
REDACCIÓN
