Jorge R. Schweizer
La desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños desencadenó una ofensiva militar que ya se extiende por sectores de Puerto Príncipe. El Gobierno haitiano afirma que conserva el control de las operaciones, mientras persisten interrogantes sobre la cadena de mando, las reglas de enfrentamiento y la protección de civiles. Estados Unidos participa en el apoyo logístico y República Dominicana facilita el traslado de equipamiento internacional. La crisis coincide con un nuevo aplazamiento electoral y con denuncias documentadas de víctimas civiles en operaciones con drones.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, convirtió la búsqueda de cuatro técnicos militares desaparecidos en Haití en una operación de seguridad de alcance regional. Más de 2.000 soldados salvadoreños fueron desplegados en territorio haitiano, acompañados por vehículos blindados y helicópteros, mientras Naciones Unidas advirtió que la mayoría de los refuerzos opera fuera de la estructura de la misión internacional autorizada para combatir a las pandillas.
El despliegue representa un cambio sustancial en la participación salvadoreña en Haití, que hasta entonces se había concentrado principalmente en tareas de aviación y evacuaciones médicas. También abrió interrogantes sobre la autoridad responsable de las operaciones, los acuerdos que regulan la presencia militar y los mecanismos disponibles para investigar eventuales abusos.
La intervención ocurre en un país donde las organizaciones criminales controlan amplios sectores de la capital, extorsionan a la población, mantienen rutas de abastecimiento bajo amenaza y han provocado desplazamientos masivos. El Gobierno haitiano sostiene que necesita asistencia extranjera para recuperar el territorio, mientras organizaciones humanitarias advierten sobre los riesgos de nuevas operaciones armadas en barrios densamente poblados. AP News+1
De cuatro militares desaparecidos a una operación de miles de soldados
El 18 de octubre, cuatro técnicos de aviación salvadoreños que integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) desaparecieron después de una emboscada en la localidad de Santo, municipio de Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe.
Según la Fuerza Armada de El Salvador, los militares regresaban a su campamento cuando hombres armados atacaron su vehículo blindado con disparos y explosivos. Los ocupantes lograron salir antes de que el transporte se incendiara, pero posteriormente se perdió contacto con ellos.
Bukele anunció una operación de rescate el 21 de octubre. Una semana después, la Cancillería salvadoreña confirmó el despliegue de más de 2.000 efectivos, tras una conversación entre el mandatario y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé.
Los contingentes comenzaron a patrullar sectores como Tabarre y las inmediaciones del aeropuerto internacional Toussaint Louverture. El avance de las tropas también alcanzó áreas próximas a la llanura de Cul-de-Sac, donde operan organizaciones criminales fuertemente armadas.
Al 4 de noviembre, las autoridades no habían anunciado el rescate de los cuatro técnicos ni confirmado públicamente su paradero. El Gobierno salvadoreño mantiene que podrían encontrarse con vida.
Militares salvadoreños desplegados en un campamento del barrio de Tabarre, en Puerto Príncipe
Naciones Unidas cuestiona la estructura de mando
El aspecto más delicado del despliegue apareció cuando Naciones Unidas aclaró que la mayor parte de los nuevos militares salvadoreños no está integrada en la estructura de la GSF, creada por el Consejo de Seguridad en septiembre de 2025 para apoyar a las instituciones haitianas.
El portavoz del organismo, Stéphane Dujarric, explicó que esos efectivos quedan fuera del ámbito de supervisión y presentación de informes de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH). También recordó que las operaciones de seguridad deben cumplir las obligaciones internacionales de protección de la población.
La aclaración distingue dos estructuras: la fuerza multinacional respaldada por Naciones Unidas y el contingente adicional que El Salvador movilizó para localizar a sus militares.
El 3 de noviembre, Fils-Aimé defendió públicamente la cooperación extranjera y aseguró que las tropas internacionales actúan para apoyar al Estado haitiano, bajo la dirección política de su Gobierno.
Por su parte, The Wall Street Journal informó el 4 de noviembre que El Salvador había enviado más de 2.500 efectivos, incluidos integrantes de fuerzas especiales, y que la mayor parte operaba bajo mando salvadoreño mediante un acuerdo bilateral. Esa estimación supera el despliegue de más de 2.000 confirmado por San Salvador.
La presencia de tropas extranjeras con consentimiento del Gobierno haitiano puede contar con fundamento jurídico propio. Sin embargo, la existencia de un acuerdo bilateral no resuelve por sí sola las preguntas sobre las reglas de enfrentamiento, la duración de la misión y la responsabilidad ante posibles violaciones de derechos humanos.
Soldados de El Salvador custodian un convoy de vehículos blindados en Tabarre, Puerto Príncipe, el 30 de octubre de 2026.
Estados Unidos respalda la operación y participa en el traslado de tropas
La operación cuenta con cooperación estadounidense. Reuters informó que aviones militares C-130 de Estados Unidos participaron en el transporte de personal salvadoreño hacia Haití.
El presidente Donald Trump también mantuvo conversaciones con Bukele sobre la desaparición de los cuatro técnicos. El respaldo político de Washington refuerza la dimensión internacional del operativo, aunque la información disponible no acredita la participación directa de soldados estadounidenses en los enfrentamientos.
Para Bukele, Haití representa la primera gran prueba exterior de la estrategia de seguridad que aplica en El Salvador. El mandatario sostiene que su experiencia contra las pandillas puede contribuir a recuperar territorios dominados por organizaciones criminales.
Las condiciones haitianas, sin embargo, presentan desafíos específicos: organizaciones con armamento de guerra, redes de extorsión, presencia de menores reclutados por grupos armados, instituciones debilitadas y una población sometida durante años a violencia y desplazamientos.
El tamaño del contingente y la posibilidad de operaciones prolongadas también plantean una cuestión política: hasta dónde se extenderá la misión de rescate y qué objetivos militares podrán asumir las tropas una vez concluida la búsqueda de sus compañeros.
República Dominicana se convierte en un centro logístico de la misión
República Dominicana ocupa un lugar estratégico en el dispositivo internacional por su frontera terrestre con Haití y su infraestructura portuaria y aeroportuaria.
El Gobierno dominicano facilitó el tránsito de personal, equipos y suministros vinculados con el despliegue salvadoreño. Las autoridades aclararon que esa cooperación no contempla enviar soldados dominicanos a participar directamente en los combates.
El 1 de noviembre, además, desde el puerto de Haina partió un cargamento de aproximadamente 525 toneladas de armamento, vehículos especializados y suministros destinados a la GSF. Los equipos estaban vinculados al contingente de Bangladesh, con apoyo financiero de Alemania para su traslado.
Daniela Kroslak, subsecretaria general de Naciones Unidas y responsable de la UNSOH, calificó de esencial la colaboración logística dominicana.
Este envío corresponde al fortalecimiento de la misión multinacional y debe distinguirse de la operación bilateral salvadoreña. Ambos movimientos muestran, sin embargo, la creciente importancia de República Dominicana como plataforma de abastecimiento y apoyo para las fuerzas que operan en Haití.
La evolución del conflicto también preocupa a Santo Domingo por sus posibles efectos sobre la frontera, los desplazamientos de población y la seguridad regional.
Un jefe pandillero afirma que los cuatro salvadoreños murieron y pide mediación
La situación se complicó el 2 de noviembre cuando Wilson Joseph, conocido como Lanmò Sanjou y dirigente de la organización criminal 400 Mawozo, afirmó a Associated Press que había solicitado la intervención del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para promover un diálogo.
Joseph aseguró que los cuatro técnicos salvadoreños estaban muertos, pero no presentó pruebas. También sostuvo que la emboscada ocurrió en una zona controlada por otra pandilla, Chen Mechan.
Sus declaraciones contradicen la posición del Gobierno salvadoreño, que considera posible que los desaparecidos continúen con vida, y la de las autoridades haitianas, que mantienen la hipótesis del secuestro.
Naciones Unidas confirmó haber recibido la comunicación del dirigente pandillero y aclaró que ese hecho no supone reconocerlo como interlocutor legítimo ni respaldar sus planteamientos.
Joseph también denunció víctimas civiles en ataques con drones y advirtió sobre posibles represalias ante la ofensiva militar. Sus acusaciones requieren comprobación independiente.
El dirigente enfrenta cargos judiciales en Estados Unidos por secuestro. La violencia de 400 Mawozo y otras organizaciones constituye uno de los principales obstáculos para recuperar la seguridad en la capital haitiana. AP News
Los ataques con drones ya dejaron decenas de víctimas civiles documentadas
La expansión de las operaciones militares se produce en un escenario donde el uso de drones explosivos ha provocado graves denuncias de violaciones de derechos humanos.
Human Rights Watch documentó que, entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026, al menos 1.243 personas murieron y 738 resultaron heridas en 141 operaciones con drones realizadas por fuerzas de seguridad haitianas y contratistas privados.
Entre las víctimas mortales identificadas figuran al menos 43 adultos que, según los informes examinados, no pertenecían a organizaciones criminales, además de 17 niños. La organización también registró al menos 49 heridos ajenos a las pandillas.
Las operaciones fueron atribuidas a una fuerza especial creada por el Gobierno haitiano, que actúa con apoyo de Vectus Global, empresa militar privada fundada por Erik Prince, antiguo responsable de Blackwater y aliado de Trump.
Estas cifras corresponden a un período anterior al despliegue masivo de las tropas salvadoreñas y describen actuaciones de fuerzas haitianas y contratistas privados.
El 31 de octubre, Bukele rechazó una denuncia de la Asociación de las Naciones Unidas-Haití que atribuía bombardeos contra civiles a sus militares. El mandatario sostuvo que los helicópteros de ataque salvadoreños habían llegado al país el 29 de octubre, después de los hechos mencionados en la acusación.
Hasta el momento, la información contrastada no permite atribuir a los nuevos contingentes salvadoreños las muertes civiles denunciadas durante operaciones anteriores.
La preocupación humanitaria sigue siendo grave: la utilización de explosivos en zonas densamente pobladas exige controles estrictos, identificación de objetivos, protección de personas ajenas a las hostilidades e investigaciones efectivas cuando se producen víctimas.
Haití vuelve a postergar sus elecciones hasta 2027
Familias desplazadas por la violencia de las pandillas buscan refugio en Puerto Príncipe. La población haitiana enfrenta una crisis prolongada de inseguridad y desplazamientos forzados.
La crisis de seguridad también afecta la reconstrucción institucional.
El Consejo Electoral Provisional anunció un nuevo calendario que fija la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas para el 18 de julio de 2027. La segunda vuelta y los comicios locales quedaron programados para el 4 de octubre del mismo año.
La votación prevista anteriormente para diciembre de 2026 fue aplazada ante la persistencia de la violencia y las dificultades para garantizar condiciones mínimas de participación.
Haití no celebra elecciones nacionales desde 2016 y carece de un presidente elegido por voto popular desde el asesinato de Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021.
Fils-Aimé informó recientemente que más de 1.000 nuevos policías completaron su formación y anunció planes para ampliar las fuerzas de seguridad. La recuperación del control territorial es una condición fundamental para organizar elecciones, permitir la circulación de los ciudadanos y restablecer servicios públicos.
Según cifras de Naciones Unidas citadas por Associated Press, más de 5.700 personas murieron o resultaron heridas por la violencia en Haití entre enero y mediados de septiembre de 2026. El balance refleja la magnitud de una crisis que antecede a la intervención salvadoreña. Reuters+1
La soberanía haitiana frente a una intervención de alcance regional
La presencia militar salvadoreña coloca a Haití ante un desafío que trasciende la búsqueda de cuatro técnicos desaparecidos. En su territorio actúan fuerzas policiales y militares nacionales, una misión multinacional respaldada por Naciones Unidas, efectivos extranjeros desplegados mediante acuerdos bilaterales y contratistas privados vinculados con operaciones de seguridad.
La coordinación entre esas estructuras resulta decisiva para evitar acciones contradictorias, identificar responsabilidades y garantizar que los operativos respeten las normas internacionales aplicables.
El consentimiento del Gobierno haitiano constituye un elemento central de la presencia extranjera, pero debe acompañarse de transparencia sobre las facultades otorgadas, los mecanismos de supervisión y las investigaciones ante eventuales daños a civiles.
La población haitiana necesita protección frente a organizaciones criminales responsables de asesinatos, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados. También necesita instituciones capaces de ejercer esa protección de manera permanente, con autoridades legítimas y mecanismos de control.
El resultado de la operación salvadoreña se medirá por la suerte de los cuatro desaparecidos, la seguridad que pueda recuperarse y las condiciones que permita crear para el restablecimiento de la vida institucional.
La ofensiva de Bukele ya modificó el escenario militar haitiano. La cuestión decisiva es si esa intervención fortalecerá la capacidad del Estado para proteger a su población o prolongará la dependencia de fuerzas extranjeras en un país cuya soberanía lleva décadas sometida a profundas tensiones.
CONCHITA PRETA
Melina Orquidea
