Melina Orquidea
Un grupo de jóvenes persiguió y golpeó a trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo, en Buenos Aires. Los atacantes utilizaron palos, piedras y otros objetos contundentes, grabaron la violencia y difundieron las imágenes con mensajes transfóbicos. Al menos seis mujeres resultaron heridas, según organizaciones de diversidad sexual. La investigación judicial busca identificar a los responsables y determinar el alcance de una agresión colectiva que exhibe el odio hacia las identidades trans.
Un grupo de jóvenes atacó a trabajadoras sexuales trans durante la madrugada del lunes 2 de noviembre de 2026 en los bosques de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los agresores persiguieron a las mujeres, las golpearon con palos, ramas, piedras y conos de tránsito, y registraron parte de la violencia con sus teléfonos celulares. Las imágenes circularon posteriormente en redes sociales acompañadas de insultos y expresiones que celebraban la persecución.
Entre los mensajes difundidos aparecieron frases como «A correr los trabas» y «Me dicen ahora el matatrans». Las publicaciones constituyen indicios relevantes de la motivación discriminatoria del ataque y forman parte del material que puede contribuir a identificar a los responsables.
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Lago de Regatas, una zona donde habitualmente trabajan mujeres trans. Según los testimonios recogidos por organizaciones de diversidad sexual, algunas víctimas consiguieron esconderse entre los árboles mientras otras fueron alcanzadas por los atacantes.
Una agresión colectiva con indicios de organización previa
La presidenta de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), María Rachid, informó que entre seis y siete mujeres sufrieron lesiones físicas. Una de ellas presentó una herida grave en una oreja, según publicó La Nación, mientras otras denunciaron golpes en la cabeza, el rostro y distintas partes del cuerpo. La gravedad de las lesiones deberá establecerse mediante las correspondientes evaluaciones médicas.
La politóloga y activista trans Gabriela Ivy señaló que entre 50 y 60 jóvenes participaron del desplazamiento hacia el lugar. Esa estimación comprende a personas presentes en el recorrido y no permite determinar cuántas intervinieron directamente en las agresiones.
La reconstrucción publicada por TN el 4 de noviembre indicó que la actividad original había sido convocada como una bicicleteada nocturna desde las inmediaciones de Aeroparque hasta Núñez. Sus organizadores aseguraron que personas ajenas a la convocatoria desviaron a parte de los participantes hacia Palermo y expresaron sus disculpas a las víctimas.
La presencia de objetos utilizados para golpear, el desplazamiento colectivo y la filmación de los hechos constituyen elementos que deberán examinarse para establecer si existió una planificación previa. También corresponde determinar quiénes promovieron el ataque y qué participación tuvo cada involucrado.
La Justicia investiga las agresiones y su motivación transfóbica
La Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires inició actuaciones de oficio. En la investigación interviene la fiscal especializada en discriminación Andrea Scanga.
Las agresiones denunciadas pueden constituir delitos de lesiones, amenazas u otras figuras penales, según las conductas que se acrediten y la responsabilidad de cada participante.
El Código Penal argentino contempla expresamente el odio hacia la identidad de género o su expresión como circunstancia agravante del homicidio en su artículo 80, inciso 4. A su vez, el artículo 92 establece penas agravadas para las lesiones previstas en los artículos 89, 90 y 91 cuando concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80.
Por lo tanto, si la investigación demuestra que las lesiones fueron provocadas por odio hacia la identidad de género de las víctimas, podrá corresponder la aplicación del artículo 92, en relación con el artículo 80, inciso 4, del Código Penal.
La Ley 23.592 también establece mecanismos de protección frente a actos discriminatorios. Sin embargo, sus artículos 2 y 3 contienen disposiciones penales referidas a causales específicas que no incluyen expresamente la identidad de género.
Los videos difundidos por los atacantes, las expresiones transfóbicas y los testimonios de las víctimas constituyen elementos relevantes para establecer la motivación de las agresiones. La calificación penal y las responsabilidades individuales deberán determinarse a partir de las pruebas reunidas.
El presidente de la Fundación Igualdad, Pedro Paradiso Sottile, calificó públicamente el episodio como un delito de odio y reclamó medidas efectivas para proteger a las personas trans.
La actuación policial y las responsabilidades pendientes
Las víctimas también cuestionaron la respuesta policial durante la persecución. Leticia, una de las mujeres presentes, relató a C5N que logró refugiarse entre los árboles mientras otras compañeras recibían golpes. Su testimonio plantea la necesidad de reconstruir la intervención de los efectivos que se encontraban en la zona.
Según informó Infobae, las actuaciones iniciales incluyeron las lesiones sufridas por un adolescente de 14 años durante los incidentes. La investigación deberá establecer cómo se produjeron esas lesiones y reconstruir la secuencia completa de los enfrentamientos y las agresiones denunciadas.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, calificó los hechos como graves e informó que los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Horacio Giménez, trabajaban en la identificación de los responsables. También anunció que se aplicaría todo el peso de la ley.
Hasta la mañana del miércoles 4 de noviembre, las informaciones disponibles no confirmaban detenciones directamente vinculadas con el ataque contra las trabajadoras sexuales trans.
El discurso político y la legitimación de la discriminación
La agresión ocurre en un contexto de confrontación política sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ y de cuestionamientos públicos a las políticas de diversidad sexual impulsados desde el Gobierno nacional.
El presidente Javier Milei ha utilizado reiteradamente el concepto de «ideología de género» para atacar esas políticas. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, el 23 de enero de 2025, vinculó las expresiones que considera más extremas de esa ideología con el abuso infantil y cuestionó las denuncias de homofobia y transfobia.
Las afirmaciones presidenciales provocaron críticas de organizaciones de derechos humanos y diversidad sexual. La organización Chequeado examinó sus argumentos y señaló que carece de sustento científico asociar la homosexualidad con una mayor propensión al abuso sexual infantil.
La Federación Argentina LGBT+ y otras organizaciones han advertido sobre las consecuencias sociales de los discursos que estigmatizan a las diversidades sexuales. La difusión de mensajes discriminatorios desde espacios de poder constituye un asunto de responsabilidad pública, especialmente cuando se dirige contra poblaciones expuestas a agresiones y exclusión.
En el caso de Palermo, las publicaciones de los atacantes permiten identificar expresiones explícitas de desprecio hacia las personas trans. La investigación deberá determinar si los participantes mantenían vínculos con organizaciones políticas o grupos que promovieran ese tipo de violencia. Hasta el momento, no se ha acreditado una relación orgánica entre los agresores y La Libertad Avanza.
Una persecución que exige responsabilidades penales
El ataque ocurrió pocos días antes de la Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre en Buenos Aires. Las organizaciones de diversidad sexual reclaman que las víctimas reciban protección y que las autoridades identifiquen a quienes participaron en la persecución.
Los videos difundidos, los testimonios de las mujeres agredidas y los registros de las cámaras de seguridad son elementos fundamentales para reconstruir los hechos. También será necesario establecer si existieron instigadores, identificar a quienes ejecutaron las agresiones y determinar las responsabilidades derivadas de la eventual organización previa.
La persecución de mujeres trans mientras trabajaban, las lesiones denunciadas y la exhibición de los ataques como motivo de celebración describen una violencia que trasciende una confrontación circunstancial. La identidad de género de las víctimas aparece como el motivo explícito de hostigamiento en las publicaciones atribuidas a los agresores.
Quienes participaron en la persecución y las golpizas deben responder ante la Justicia por sus conductas. La investigación tiene que establecer responsabilidades individuales, esclarecer la posible organización del ataque y garantizar protección a las víctimas. El odio transfóbico expresado en las grabaciones exige una respuesta penal fundada en las pruebas y una actuación estatal capaz de impedir nuevas agresiones.
