El Gobierno nacional aprobó un operativo extraordinario de defensa aeroespacial que regirá del 8 al 11 de noviembre en Buenos Aires y Córdoba. El Decreto 1334/2026 autoriza el uso de fuerza letal frente a amenazas aéreas de origen externo, bajo condiciones específicas y como último recurso. La decisión final estará en manos del ministro de Defensa, Carlos Presti.
El presidente Javier Milei autorizó la aplicación de medidas extraordinarias de defensa aeroespacial durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. El dispositivo contempla la posibilidad de derribar aeronaves de origen externo declaradas hostiles cuando representen una amenaza grave y no existan alternativas eficaces para neutralizarlas.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1334/2026, publicado este miércoles 4 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma amplía temporalmente las Reglas de Protección Aeroespacial aprobadas por el Decreto 228/2016 y coloca la coordinación militar del operativo bajo responsabilidad del Comando Conjunto Aeroespacial.
El dispositivo se aplicará en las zonas de operaciones restringidas identificadas como TMA BAIRES y TMA CBA, correspondientes a sectores del espacio aéreo de Buenos Aires y Córdoba, donde se desarrollarán las principales actividades del pontífice.
El Gobierno fundamentó la medida en la necesidad de proteger al jefe de la Iglesia católica, a las delegaciones oficiales y a las multitudes que participarán de las celebraciones religiosas.
Cuándo podrá ordenarse el derribo de una aeronave
El punto central del decreto es la habilitación de la Regla de Protección Aeroespacial N.º 004 (RPA 004), que contempla el empleo de armamento para impedir que una aeronave hostil continúe su trayectoria.
La norma establece que esa medida únicamente podrá utilizarse como último recurso, después de agotar las instancias de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje, en las condiciones previstas para la situación de amenaza.
Para declarar hostil una aeronave debe identificarse una agresión armada o una amenaza inminente de utilizarla como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.
El procedimiento requiere que el comandante del Comando Conjunto Aeroespacial determine formalmente la condición de hostilidad y comunique la situación a las autoridades correspondientes.
La autorización para ejecutar un derribo corresponderá al ministro de Defensa, Carlos Presti, a quien Milei delegó esa facultad de manera exclusiva e indelegable, aunque el Presidente conserva la posibilidad de reasumirla.
El decreto dispone, además, que cualquier intervención armada deberá adoptar precauciones destinadas a reducir al mínimo los daños sobre personas y bienes ubicados en tierra.
Las aeronaves civiles tienen una protección específica
La normativa establece restricciones adicionales cuando se trata de aviones civiles.
El uso de armamento contra una aeronave civil solamente podrá considerarse frente a un ataque armado o una amenaza inminente y cierta contra la vida humana que no pueda neutralizarse mediante otros procedimientos.
La desobediencia a instrucciones de vuelo, la falta de comunicación con los controladores o el ingreso irregular a una zona restringida no constituyen por sí solos motivos suficientes para ordenar un derribo.
Ante esas situaciones, las medidas ordinarias contemplan la identificación, la interceptación y la instrucción de aterrizar.
Esta diferenciación se vincula con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago de 1944, cuyo artículo 3 bis establece obligaciones destinadas a proteger la vida de las personas que viajan en aeronaves civiles.
El operativo también mantiene la distinción entre las competencias de defensa nacional frente a agresiones externas y las funciones de seguridad interior, reguladas por las leyes 23.554 y 24.059.
Control militar del espacio aéreo de Buenos Aires y Córdoba
El Comando Conjunto Aeroespacial coordinará las restricciones con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Según la situación de seguridad, podrá aplicar diferentes niveles de intervención sobre el control del tránsito aéreo, desde mecanismos de coordinación hasta modalidades de control total.
La opción más restrictiva, denominada Control Total Integral, contempla despejar el espacio aéreo para permitir exclusivamente las operaciones militares autorizadas.
Estas facultades forman parte del régimen previsto para el operativo extraordinario. Su existencia no significa que todas las operaciones comerciales vayan a suspenderse durante los cuatro días.
Las eventuales restricciones concretas deberán instrumentarse mediante las comunicaciones y procedimientos aeronáuticos correspondientes.
Los gastos serán atendidos con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa, el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto. El decreto no establece una cifra global específica para el costo del despliegue.
La visita papal incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján

León XIV durante una audiencia en el Vaticano. El pontífice llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá hasta el día 11.
León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30. La recepción oficial incluirá una ceremonia en la Casa Rosada y un encuentro con Javier Milei.
El lunes 9 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, y participará de una reunión con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.
El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. También mantendrá un encuentro con integrantes del clero en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
De regreso en Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
El miércoles 11 visitará un establecimiento penitenciario federal y celebrará una misa en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Su partida hacia Lima, Perú, está prevista para las 14 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Será la primera visita de un pontífice a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.
El alcance de una autorización excepcional
La decisión del Gobierno introduce un régimen temporal de seguridad militar en torno a un acontecimiento religioso de alcance internacional.
El decreto no informa sobre una amenaza específica ya identificada contra el pontífice. Su fundamentación se concentra en la prevención de posibles agresiones y en la necesidad de proteger las concentraciones multitudinarias.
La habilitación del derribo constituye la medida más extrema del dispositivo y se encuentra subordinada a procedimientos de identificación, evaluación de amenazas y autorización ministerial.
Desde el punto de vista institucional, el régimen implica una responsabilidad especialmente significativa para las autoridades civiles y militares: cualquier empleo de fuerza letal debe ajustarse a las condiciones legales, a las restricciones aplicables a la aviación civil y a la protección de la vida humana.
Durante cuatro días, el Gobierno ampliará las facultades operativas de defensa aeroespacial y concentrará en el ministro de Defensa la autorización de la medida más grave: destruir una aeronave considerada hostil.
La aplicación efectiva del dispositivo deberá distinguir entre una infracción aeronáutica, una situación sospechosa y una amenaza capaz de justificar el uso extremo de la fuerza. Esa diferencia será determinante para garantizar la seguridad de la visita papal y el cumplimiento de las obligaciones legales del Estado argentino.


























