Melina Orquidea
La protesta comenzó este miércoles a las 8 en la estación San Pedrito, en el barrio porteño de Flores, y permitió viajar sin pagar el boleto mientras se mantenía la circulación de los trenes. El sindicato denunció irregularidades en las liquidaciones de haberes de decenas de trabajadores y cuestionó la implementación del control biométrico de asistencia. La concesionaria rechazó las acusaciones y aseguró que los descuentos corresponden a jornadas no trabajadas.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) realizó este miércoles 4 de noviembre una apertura de molinetes en la estación San Pedrito de la línea A, en reclamo por descuentos salariales aplicados por la empresa concesionaria Emova. La medida comenzó a las 8 y permitió que los pasajeros ingresaran sin abonar el boleto, mientras las formaciones continuaron circulando.
La protesta representa un nuevo capítulo del conflicto entre los trabajadores del subte y la compañía, que se mantiene desde hace varios meses por diferencias en las liquidaciones de salarios, los sistemas de control de asistencia y las medidas disciplinarias denunciadas por el gremio.
El conflicto alcanza a decenas de trabajadores
El delegado de la línea A Flavio Baigorria explicó que los descuentos afectan aproximadamente a 45 trabajadores de distintas líneas. Según el representante sindical, el problema está relacionado con la decisión empresarial de implementar, desde el 1.º de julio, un sistema biométrico para registrar la asistencia.
El sindicato sostiene que las quitas salariales resultan injustificadas y denuncia que la empresa utiliza los descuentos como un mecanismo de presión sobre el personal.
La AGTSyP también afirma que existen resoluciones judiciales que obligan a la concesionaria a detener esas prácticas, aunque la interpretación sobre el alcance de las actuaciones judiciales es objeto de controversia entre las partes.
Emova rechaza las denuncias y defiende las liquidaciones
La concesionaria negó haber aplicado descuentos indebidos y sostuvo que los salarios fueron liquidados conforme a los registros de asistencia disponibles.
Según su explicación, únicamente se descontaron jornadas en las que los trabajadores no habrían prestado servicios.
Emova indicó que el reclamo alcanzaría a 19 empleados, menos del 0,5% de una dotación aproximada de 4.700 personas. La diferencia con los 45 afectados mencionados por el sindicato evidencia que tampoco existe coincidencia sobre la cantidad de trabajadores comprendidos en el conflicto.
La compañía manifestó su disposición a revisar situaciones particulares, pero cuestionó las medidas gremiales y las vinculó con el proceso electoral interno de la organización.
También rechazó la versión sindical sobre los antecedentes judiciales y aseguró que ninguna de las dos presentaciones laborales realizadas hasta ahora obtuvo una resolución favorable a los trabajadores.
El alcance de esas decisiones no puede establecerse definitivamente sin examinar las resoluciones judiciales correspondientes.
El antecedente de octubre: detenciones y seis horas sin subtes
La nueva protesta se produjo dos semanas después de los incidentes del 20 de octubre en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B.
Aquella mañana, los metrodelegados habían realizado una apertura de molinetes en el marco de otro conflicto laboral, vinculado con decisiones empresariales sobre el personal y la organización de tareas.
Durante la intervención de la Policía de la Ciudad fueron detenidos los dirigentes Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia. También fue demorado Néstor Segovia, secretario general del sindicato.
La actuación policial derivó en la convocatoria a un paro que interrumpió durante aproximadamente seis horas el funcionamiento de las seis líneas de subterráneos y el Premetro.
Los dirigentes sindicales denunciaron que el procedimiento constituyó una intervención contra el ejercicio de la protesta gremial. Desde el Gobierno porteño se defendió el operativo y se atribuyeron responsabilidades a los manifestantes por la afectación del servicio.
Jorge Macri respaldó las detenciones
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se pronunció públicamente a favor de la intervención policial del 20 de octubre.
En sus redes sociales sostuvo que quienes bloquearan servicios esenciales debían enfrentar consecuencias penales y acusó a los dirigentes sindicales de perjudicar a los usuarios.
Sus declaraciones generaron una controversia sobre el alcance del derecho de huelga, las facultades de las autoridades judiciales y policiales y la respuesta estatal ante medidas de protesta desarrolladas en el transporte público.
Los procedimientos judiciales vinculados con aquellas detenciones deben distinguirse del conflicto salarial que motivó la protesta de este miércoles.
La apertura de molinetes realizada en San Pedrito no implicó, según los reportes de la jornada, una interrupción de la circulación ferroviaria.
Los trabajadores advierten que podrían profundizar las medidas
La conducción de AGTSyP anticipó que el plan de lucha podría continuar si Emova no revisa los descuentos y devuelve los importes reclamados.
Entre las posibilidades mencionadas aparecen nuevas acciones gremiales que podrían afectar la prestación del servicio durante los próximos días.
Hasta este miércoles no se había confirmado una fecha para un paro general ni para una interrupción programada de las líneas.
La controversia también involucra al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, responsable de la supervisión del servicio concesionado a Emova.
La resolución del conflicto requiere determinar si los descuentos corresponden efectivamente a jornadas no trabajadas, como sostiene la empresa, o si constituyen retenciones salariales injustificadas, como denuncia el sindicato.
Salarios, controles y derecho a la protesta
La disputa entre Emova y los metrodelegados reúne tres cuestiones relacionadas: las condiciones laborales, la legitimidad de los mecanismos de control de asistencia y los límites de las respuestas empresariales e institucionales frente a las protestas.
Los trabajadores reclaman la restitución de los importes descontados y garantías de que las liquidaciones salariales se realicen conforme a las normas laborales aplicables.
La concesionaria sostiene que actuó de acuerdo con sus registros y que los descuentos están justificados.
El conflicto exige una revisión documentada de las liquidaciones, los registros de asistencia y las decisiones judiciales invocadas por ambas partes. La protección del salario y la continuidad del transporte público requieren respuestas verificables, además de mecanismos efectivos de diálogo y resolución de controversias.
La apertura de molinetes de este miércoles permitió visibilizar el reclamo sin detener los trenes. Su continuidad dependerá de las negociaciones entre el sindicato y Emova durante los próximos días.
