Rodolfo GudinoPatricio Fuks, empresario cercano a Javier Milei, reconoció haber facilitado los contactos con Latitude, una firma especializada en ciudadanía por inversión. La consultora fue desestimada en un concurso público que posteriormente quedó anulado, pero terminó integrando un consorcio que anunció un convenio gratuito con el Estado. El programa exige aportes desde US$350.000 y contempla un tratamiento fiscal especial para los beneficiarios.
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha un programa para que extranjeros puedan solicitar la ciudadanía argentina mediante inversiones económicas, sin cumplir el período ordinario de residencia. La iniciativa, presentada por el ministro Luis Caputo el 2 de octubre, busca atraer capitales, pero su implementación quedó bajo escrutinio después de que una investigación de Perfil, publicada el domingo 18, revelara la intervención de un empresario cercano al Presidente en los primeros contactos con una consultora internacional.
Patricio Fuks, empresario hotelero radicado en Miami, reconoció haber acercado al Gobierno a Latitude, firma especializada en programas de ciudadanía y residencia por inversión. Negó haber recibido dinero del Estado y sostuvo que posteriormente se apartó de las gestiones. La relevancia de su intervención surge de lo ocurrido después: la consultora participó en una licitación, fue excluida por no acreditar los requisitos de solvencia y, tras la anulación del concurso, terminó incorporándose al esquema de asesoramiento estatal.
Patricio Fuks, Gerardo Whertein, Javier Milei, Elon Musk, Karina Milei y Simon Wahnish.
De la Casa Rosada a una licitación sin adjudicación
Los contactos comenzaron en 2024. El 11 de noviembre, representantes de Latitude participaron de una reunión con autoridades de ARCA. Dos días después, Fuks ingresó a la Casa Rosada junto con Kenneth Ing, responsable jurídico de la consultora, para reunirse con Guillermo Francos, entonces jefe de Gabinete.
En mayo de 2025, el DNU 366 modificó la Ley de Ciudadanía 346 e incorporó una vía especial de naturalización por inversiones relevantes. Posteriormente, el Decreto 524 reguló la intervención de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía.
En diciembre de ese año, Economía convocó un concurso público internacional para contratar servicios de diseño, implementación, promoción y asistencia técnica. Latitude presentó una oferta de US$7,5 millones, mientras Henley & Partners cotizó US$25 millones.
La comisión evaluadora recomendó adjudicar el servicio a un consorcio integrado por Apex Capital Partners, AIM Global, Passport Legacy y Arton Capital. Latitude quedó fuera por no acreditar la solvencia exigida. Sin embargo, después de las impugnaciones presentadas por participantes, el Ministerio dejó sin efecto el concurso mediante la Resolución 522/2026, del 14 de abril.
Un mes más tarde, el 15 de mayo, AMIGO Ltd —integrado por aquellas cuatro firmas y por Latitude— anunció la firma de un convenio de colaboración técnica no oneroso con el organismo estatal responsable del programa.
La propia Latitude confirmó su participación en el consorcio y afirmó haber colaborado en el diseño de las condiciones operativas, los requisitos económicos y la estrategia internacional de la iniciativa.
La secuencia plantea un interrogante administrativo concreto: por qué una firma que no había superado los requisitos del concurso terminó participando en el asesoramiento del mismo programa después de su anulación. El convenio fue presentado como gratuito, pero su texto completo no se encuentra públicamente disponible en la documentación examinada.
Cuánto cuesta la ciudadanía y qué representa el negocio potencial
El esquema anunciado por Economía contempla dos modalidades para el solicitante principal: un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de títulos públicos por US$800.000. Los familiares pueden incorporarse mediante contribuciones adicionales.
La cifra de US$1.750 millones que circuló alrededor del proyecto surge de multiplicar 5.000 solicitudes —el máximo previsto en el concurso original— por US$350.000. Es una proyección hipotética, no un contrato adjudicado ni dinero efectivamente recaudado.
La gratuidad del asesoramiento tampoco descarta la existencia de intereses comerciales. Las consultoras de este sector suelen ofrecer servicios remunerados a solicitantes privados. Sin embargo, no existe documentación pública suficiente para afirmar que AMIGO tenga exclusividad, comisiones garantizadas o ingresos comprometidos por el Estado argentino.
La excepción tributaria incorporada a la reforma laboral
El programa tiene otra particularidad: quienes obtengan la ciudadanía mediante inversiones relevantes no serán considerados residentes fiscales argentinos por el solo hecho de naturalizarse.
La disposición fue incorporada por el artículo 194 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, publicada en marzo de 2026, que modificó el artículo 116 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
La diferencia es significativa. Una persona considerada residente fiscal argentina puede quedar alcanzada por Ganancias sobre rentas obtenidas tanto en el país como en el exterior. En cambio, quien se naturalice mediante esta modalidad no adquirirá automáticamente esa condición tributaria si no reúne otros requisitos de residencia fiscal.
Esto no implica una exención general de impuestos ni elimina las obligaciones por ingresos de fuente argentina. Sí establece una regla específica para quienes accedan a la nacionalidad mediante inversiones, separando la adquisición de ciudadanía de la residencia fiscal.
Los límites constitucionales y el control del Estado
El artículo 20 de la Constitución Nacional contempla la naturalización de extranjeros mediante dos años continuos de residencia y admite la reducción de ese plazo cuando acrediten servicios a la República.
El DNU 366/2025 incorporó una vía basada en inversiones relevantes, independientemente del tiempo de residencia. Durante junio de 2026, dos tribunales de segunda instancia cuestionaron modificaciones introducidas por ese decreto, aunque sus decisiones surgieron de solicitudes ordinarias de naturalización y no invalidaron específicamente todo el programa de inversión.
La iniciativa también exige controles sobre identidad, antecedentes y origen de fondos, con intervención de organismos estatales. El Gobierno sostiene que la aprobación de las solicitudes y el otorgamiento de la ciudadanía permanecerán bajo autoridad argentina.
Por eso resulta importante conocer el alcance del convenio con AMIGO: qué funciones desempeñan las consultoras, a qué información pueden acceder y cómo se previenen eventuales conflictos de intereses.
Las explicaciones que faltan
Los registros oficiales y las declaraciones de los protagonistas permiten reconstruir reuniones, una licitación anulada y la incorporación posterior de Latitude al consorcio asesor. No acreditan pagos indebidos a Fuks ni una adjudicación ilegal a las empresas involucradas.
La cuestión pendiente es documental: el Gobierno debe esclarecer las condiciones completas del convenio, los criterios para seleccionar a sus asesores y las eventuales actividades comerciales que estos puedan desarrollar alrededor del programa.
La ciudadanía argentina no es solamente un documento de viaje. Constituye un vínculo jurídico y político con el Estado, del que derivan derechos y obligaciones.
Cuando el acceso a ese vínculo se organiza mediante aportes de cientos de miles de dólares y con participación de consultoras internacionales, conocer quién diseñó las reglas y bajo qué condiciones intervienen los privados deja de ser una cuestión comercial: se convierte en un asunto de transparencia y soberanía nacional.
GONZALO SCHWEIZER
