Melina Schweizer
Un diputado propone impedir que funcionarios accedan a créditos del Estado mientras ejercen cargos. La iniciativa surge tras el escándalo por préstamos del Banco Nación a dirigentes políticos. Apunta a cerrar grietas legales y reforzar estándares éticos en la función pública.
📍 Ciudad de Buenos Aires, 15 de abril de 2026
En medio de la polémica por créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios y dirigentes políticos, el diputado Marcelo Mango, del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a financiamiento estatal para quienes ocupen cargos públicos.
La iniciativa apunta a establecer una restricción clara: durante el ejercicio de sus funciones, legisladores, ministros y altos funcionarios no podrán solicitar ni recibir créditos, préstamos ni beneficios financieros provenientes de organismos estatales.
Una respuesta política a un escándalo
El proyecto se inscribe en un contexto de creciente cuestionamiento público tras la difusión de operaciones crediticias que involucraron a dirigentes políticos con acceso a líneas hipotecarias del Estado.
Si bien muchas de estas operaciones no fueron declaradas ilegales, el debate se trasladó al plano ético. En ese marco, Mango plantea que no alcanza con cumplir la ley también es necesario evitar situaciones de privilegio.
Qué establece el proyecto
El texto propone una incompatibilidad temporal mientras dure el ejercicio del cargo.
Alcanza a:
- legisladores nacionales
- ministros, secretarios y subsecretarios
- autoridades de organismos descentralizados
- directivos de empresas estatales
La prohibición incluye créditos hipotecarios, préstamos personales, refinanciaciones, subsidios de tasa y cualquier beneficio financiero estatal. También contempla el acceso indirecto, a través de terceros o sociedades vinculadas.
Límites y sanciones
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es su alcance sobre operaciones en curso.
Establece que:
- las solicitudes pendientes quedarán suspendidas
- los créditos ya otorgados no podrán ampliarse ni mejorarse
- cualquier acto que viole la norma será nulo
Además, se prevén posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Ética pública y confianza institucional
En los fundamentos, el proyecto se apoya en un principio central: la confianza pública.
Según el texto el acceso de funcionarios a créditos estatales genera una “lesión objetiva” a esa confianza
Incluso cuando no haya delito, la sola apariencia de privilegio puede afectar la credibilidad del sistema político.
El proyecto se presenta como un complemento de la Ley de Ética Pública, ampliando sus alcances hacia el terreno financiero.
Un debate que excede a la Argentina
La discusión no es exclusiva del país. En distintos sistemas democráticos existen restricciones similares para evitar conflictos de interés.
Organismos como la OCDE han recomendado limitar el acceso de funcionarios a beneficios estatales que puedan generar ventajas indebidas o percepciones de favoritismo.
En ese sentido, la iniciativa se alinea con estándares internacionales de integridad pública.
Entre legalidad y legitimidad
El punto más delicado del debate es la diferencia entre lo legal y lo legítimo.
Muchas de las operaciones cuestionadas:
- se ajustaron a normativas vigentes
- cumplieron requisitos formales
Pero generaron sospechas por el rol de los beneficiarios.
Ahí aparece el núcleo del proyecto evitar no solo la corrupción sino también su apariencia
Cerrar la puerta al privilegio
La propuesta de Mango busca fijar un límite claro.
Separar el ejercicio del poder del acceso a beneficios estatales.
No se trata de prohibir el crédito de forma permanente, sino de suspenderlo mientras se ocupa un cargo
En un contexto de desconfianza social hacia la dirigencia, el proyecto intenta responder a una demanda creciente que quienes gobiernan no puedan, al mismo tiempo, beneficiarse del Estado que administran.
CONCHITA PRETA
