Melina Schweizer
Prestadores de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa suspenderán todos los servicios el lunes 24 de agosto. Denuncian que los aranceles aumentaron 143% frente a una inflación acumulada del 341% y que algunas prácticas ni siquiera cubren el material descartable. El PAMI todavía no informó cómo garantizará la atención.
Veintiocho clínicas y sanatorios privados de la Patagonia suspenderán durante todo el lunes 24 de agosto la atención a los afiliados del PAMI. La medida abarcará a instituciones de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa y podría afectar a unos 300.000 jubilados y pensionados que dependen de esa red para acceder a consultas, estudios, guardias, derivaciones y cirugías.
No se trata de una advertencia para una negociación futura. Los prestadores ya comunicaron que el corte tendrá una duración de 24 horas y será total. Sin embargo, todavía no fue aclarado públicamente qué protocolo se aplicará ante urgencias, emergencias, pacientes internados o tratamientos que no puedan ser postergados. Esa indefinición coloca a miles de adultos mayores frente a una pregunta elemental: adónde deberán acudir si necesitan atención médica ese día.
Las instituciones aseguran que nunca habían llegado a una decisión semejante. “Esto no pasó ni en 2001”, afirmó el propietario de uno de los sanatorios involucrados. La comparación no pretende negar las graves crisis atravesadas anteriormente por el PAMI, sino mostrar que la relación con los prestadores alcanzó un límite que amenaza con trasladar el conflicto financiero directamente sobre los cuerpos de los jubilados.
El problema comenzó mucho antes del anuncio. Desde junio, distintas instituciones ya restringieron la recepción de afiliados en las guardias, suspendieron derivaciones y redujeron la programación de algunas cirugías. También existen cupos impuestos por el propio Instituto para determinadas prestaciones ambulatorias. El corte del 24 de agosto será la profundización de una crisis sanitaria que lleva meses desarrollándose sin una respuesta suficiente.
Veintiocho instituciones en cuatro provincias
En Río Negro adhieren Leben Salud, el Hospital Privado Regional, el Sanatorio San Carlos, el Sanatorio Austral, la Clínica Central, la Clínica Viedma, la Clínica Roca, el Policlínico Privado, el Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, el Policlínico Modelo, la Clínica Cruz del Sur, el Instituto Radiológico General Roca y el Sanatorio Río Negro.
En Neuquén suscribieron ADOS, la Clínica Pasteur y la Clínica Chapelco. En Chubut participarán la Clínica San Miguel, la Clínica del Valle, el Sanatorio de la Ciudad y el Instituto Cardiovascular Rawson. En La Pampa se sumaron el Sanatorio Santa Rosa, la Clínica Argentina, la Clínica Modelo, la Clínica Regional, Diagnóstico Integral Médico, la Clínica Santa Teresita y la Fundación Faerac.
Las empresas aseguran que representan aproximadamente el 65% de la capacidad de atención sanitaria regional y sostienen más de 10.000 puestos de trabajo directos. Para muchas de ellas, los afiliados del PAMI generan entre el 25% y el 55% de las prestaciones realizadas. No pueden abandonar fácilmente al Instituto, pero tampoco logran sostener durante mucho más tiempo servicios que, según denuncian, se pagan por debajo de sus costos.
En Bariloche, por ejemplo, la suspensión afectará al Hospital Privado Regional y al Sanatorio San Carlos, dos instituciones centrales dentro de una ciudad que también recibe pacientes derivados desde localidades con menor infraestructura. En territorios extensos y con grandes distancias entre centros urbanos, perder un prestador no significa simplemente elegir otro a pocas cuadras.
Aranceles que perdieron contra la inflación
Los prestadores sostienen que durante los últimos dos años y medio la inflación acumulada alcanzó el 341%, mientras los valores reconocidos por el PAMI aumentaron solamente un 143%. Según sus cálculos, esa diferencia produjo una pérdida real cercana al 75% en los aranceles.
El desfasaje no se limita a honorarios profesionales. Una prestación médica incorpora salarios de enfermería, medicamentos, material descartable, esterilización, mantenimiento de equipos, alimentación, limpieza, energía, infraestructura y disponibilidad de camas y quirófanos.
En algunas prácticas de urología, el monto abonado por el PAMI no alcanzaría ni siquiera para adquirir los insumos descartables utilizados durante el procedimiento. Después todavía deberían pagarse el médico, el personal de enfermería, el quirófano, la comida y la internación.
Cada prestación realizada en esas condiciones deja de representar un ingreso insuficiente para transformarse en una pérdida directa. Las clínicas sostienen que terminaron financiando con sus propios recursos una responsabilidad que corresponde al Instituto.
“Los prestadores no somos quienes financiamos el sistema”, expresaron en el comunicado conjunto difundido en la región. El planteo no exige recuperar inmediatamente toda la diferencia acumulada, sino iniciar una recomposición progresiva que permita cubrir los costos y sostener la atención.
Un aumento que llegaría tarde y no alcanzaría
Con una inflación acumulada del 19,3% durante 2026, el Gobierno acordó un incremento del 6% para los prestadores del PAMI que recién se percibiría en octubre. También se mencionó una actualización adicional del 1,9% que habría sido gestionada por el ministro de Salud, Mario Lugones, pero las clínicas aseguran que todavía no recibieron confirmación.
Incluso si ambos porcentajes se aplicaran, la recomposición quedaría lejos de cubrir el aumento de los costos. Además, cobrar en octubre implica que durante la mayor parte del año las instituciones deben continuar atendiendo con valores fijados sobre estructuras anteriores.
La salud no puede almacenarse hasta que llegue el aumento. Los medicamentos vencen, los insumos deben reponerse, los salarios se pagan todos los meses y las cirugías no pueden realizarse en octubre con el material que no se compró en agosto.
Los prestadores vienen reclamando desde comienzos de año. En abril ya habían suspendido intervenciones quirúrgicas programadas y restringido algunas prácticas ambulatorias. En mayo otorgaron una tregua temporal mientras esperaban una respuesta. En junio avanzaron sobre las guardias y las derivaciones. La suspensión total de agosto no apareció de un día para otro: es el último escalón de una secuencia que el Gobierno conocía.
Los jubilados quedaron en medio del conflicto
La responsabilidad inmediata de la suspensión corresponde a las clínicas que decidieron interrumpir los servicios, pero la obligación de garantizar la atención sanitaria pertenece al PAMI. El Instituto administra los aportes de millones de jubilados y trabajadores y debe asegurar una red suficiente, accesible y continua.
Hasta el momento de esta publicación, el organismo no había difundido un plan público para reemplazar las prestaciones durante el lunes 24 ni precisado qué ocurrirá con turnos, estudios, tratamientos, internaciones y emergencias. Tampoco informó si habilitará prestadores alternativos o refuerzos en los hospitales públicos de las cuatro provincias.
La ausencia de una respuesta resulta especialmente grave porque la población afectada presenta mayores riesgos sanitarios. Los afiliados del PAMI no son consumidores que puedan postergar cualquier servicio durante un día. Muchos atraviesan enfermedades crónicas, tratamientos oncológicos, problemas cardiovasculares o situaciones que requieren seguimiento permanente.
Suspender una consulta puede parecer una demora administrativa. Para un adulto mayor, puede significar retrasar un diagnóstico, interrumpir una medicación o recorrer cientos de kilómetros en busca de una guardia que lo reciba.
Antes del lunes, cada institución y el PAMI deberán informar con claridad qué prestaciones serán suspendidas, cuáles continuarán, cómo se reprogramarán los turnos y dónde se atenderán las urgencias. Los afiliados que tengan una práctica prevista para esa fecha deberían comunicarse con el centro médico y con el Instituto antes de trasladarse. En caso de una emergencia, no deben postergar la búsqueda de asistencia y deben acudir al servicio disponible más cercano.
Una crisis que puede extenderse
El conflicto patagónico expone un problema que podría reproducirse en otras provincias. Los costos de medicamentos, insumos y tecnología médica se encuentran atravesados por precios dolarizados, mientras los aranceles dependen de decisiones administrativas y actualizaciones que llegan con retraso.
Cuando un médico deja de atender al PAMI, el afiliado pierde una opción. Cuando se retira una clínica completa, puede desarmarse la red de una ciudad. Y cuando 28 instituciones de cuatro provincias coordinan una suspensión, ya no se trata de un desacuerdo contractual aislado: existe una crisis regional de acceso a la salud.
Los prestadores advierten que, si no se modifica el financiamiento, las restricciones continuarán después del 24 de agosto. La jornada puede funcionar como una medida excepcional o como el ensayo de cortes más prolongados.
El Gobierno podrá discutir los cálculos de las clínicas, auditar las prestaciones y negociar cada módulo. Lo que no puede hacer es observar desde Buenos Aires cómo se cierran las puertas y presentar el conflicto como un asunto entre privados. El PAMI no es un intermediario comercial: es la obra social pública de los jubilados.
La austeridad termina donde comienza el derecho a la salud. Si un módulo no paga ni los guantes utilizados en una práctica, alguien está absorbiendo la diferencia. Hasta ahora fueron las clínicas. El lunes 24 de agosto, el costo puede recaer sobre 300.000 jubilados que aportaron toda su vida y podrían encontrar, por primera vez, que su credencial no alcanza para atravesar la puerta. El comunicado y la nómina de instituciones fueron reproducidos por medios regionales de Río Negro.
Melina Orquidea
GONZALO SCHWEIZER
