Melina Schweizer
El proyecto fue presentado el 25 de febrero de 2025, recupera una iniciativa de 2024 y propone declarar cada 20 de febrero como Día de la Justicia Social en la Ciudad. Ya obtuvo dictamen y tendría los votos del peronismo, el radicalismo, el larretismo, la izquierda y parte de la Coalición Cívica. La Libertad Avanza presiona al PRO para impedir su aprobación a dos meses de la llegada del papa León XIV, defensor explícito de la justicia social.
La Legislatura porteña quedó atrapada en una discusión que parece girar alrededor de una fecha conmemorativa, pero que en realidad expone las contradicciones ideológicas del Gobierno nacional, las divisiones internas del oficialismo de la Ciudad y las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza rumbo a las elecciones de 2027.
El legislador Juan Facundo del Gaiso, dirigente de la Coalición Cívica e integrante del bloque Vamos por Más, presentó el 25 de febrero de 2025 el expediente 224-D-2025 para declarar cada 20 de febrero como Día de la Justicia Social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa recupera un proyecto anterior del mismo autor, identificado como expediente 2179-D-2024. No nació, por lo tanto, después del desliz discursivo de Luis Caputo: “Nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para ahorrar y poder comprarla”, llevaba más de un año dentro de la Legislatura cuando el ministro volvió a colocar esas palabras en el centro de la pelea oficialista.
El texto tiene tres artículos. El primero establece la fecha; el segundo dispone que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial porteños desarrollen actividades públicas de información y concientización; el tercero ordena comunicar la eventual sanción al Ejecutivo de la Ciudad. No crea un organismo, no establece subsidios ni modifica la estructura tributaria.
Esa modestia legislativa es precisamente lo que vuelve más evidente la reacción libertaria. El proyecto no redistribuye un solo peso: reconoce un principio. Para La Libertad Avanza, el problema no está en el costo fiscal, sino en la existencia misma de las palabras “justicia social”.
Por qué se propone el 20 de febrero
Del Gaiso no eligió la fecha por su relación con el peronismo. El 20 de febrero fue establecido en 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Mundial de la Justicia Social.
La conmemoración internacional promueve la lucha contra la pobreza, la exclusión, el desempleo, la discriminación y las desigualdades. También procura instalar una discusión sobre el trabajo digno, la igualdad de oportunidades y la creación de condiciones económicas que permitan a todas las personas desarrollar una vida con derechos.
En los fundamentos, Del Gaiso sostiene que la búsqueda de la justicia social resulta necesaria para aprovechar las posibilidades de un crecimiento equitativo y reducir el riesgo de malestar social. También vincula el concepto con la dignidad humana, el bien común y la doctrina social de la Iglesia.
Declarar la fecha en la Ciudad tendría principalmente una función educativa e institucional. Obliga a los poderes públicos a promover actividades de concientización y reconoce que la pobreza y la desigualdad no son únicamente problemas privados de quienes las padecen.
La iniciativa no determina cuál debe ser la política fiscal, cuánto debe intervenir el Estado ni qué instrumentos económicos deben utilizarse. Establece algo anterior: que una sociedad democrática debe discutir las condiciones que permiten a sus integrantes acceder efectivamente a sus derechos.
Milei no rechaza una herramienta particular para alcanzar ese objetivo. Rechaza el objetivo formulado bajo el nombre de justicia social.
Cuándo avanzó el proyecto
El expediente fue incluido en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación realizada el 18 de agosto de 2026 en el Salón Presidente Alfonsín de la Legislatura porteña. Allí avanzó hasta obtener dictamen y quedó habilitado para llegar al recinto.
La votación estaba prevista para la sesión del jueves 3 de septiembre. Sus impulsores calculaban que podían reunir una mayoría con el acompañamiento de Fuerza por Buenos Aires, sectores del radicalismo, el bloque larretista Confianza y Desarrollo, la izquierda y los legisladores de la Coalición Cívica.
La iniciativa no enfrenta una división tradicional entre oficialismo y oposición. Del Gaiso integra Vamos por Más, el espacio conducido por el PRO, pero conserva autonomía política y responde a la Coalición Cívica. Por eso el proyecto atraviesa al propio bloque que sostiene la gestión de Jorge Macri.
La Legislatura tiene 60 bancas. Fuerza por Buenos Aires posee 20; La Libertad Avanza, 14; Vamos por Más reúne aproximadamente una docena; y Confianza y Desarrollo, liderado por dirigentes vinculados con Horacio Rodríguez Larreta, cuenta con seis. La fragmentación obliga a construir mayorías mediante acuerdos entre varios espacios.
El Día de la Justicia Social encontró una combinación suficiente para aprobarse. Por eso los libertarios intentan impedir la votación antes de exponerse a una derrota en el recinto.
Quiénes están en contra
La principal opositora es La Libertad Avanza. Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario y principal representante política de Karina Milei en la Ciudad, presiona para que el proyecto no sea tratado o pierda el respaldo necesario.
Según la información publicada, Ramírez le pidió al PRO que retirara su acompañamiento y ayudara a hacer naufragar la iniciativa. La exigencia ocurre mientras ambas fuerzas negocian un acuerdo para las elecciones porteñas y nacionales de 2027.
El PRO quedó en una posición ambigua. Según La Nación, representantes del bloque habían firmado el despacho de comisión después de que Del Gaiso procurara asegurar su acompañamiento. Sin embargo, sectores de su conducción comenzaron posteriormente a trabajar para impedir la aprobación ante la presión libertaria.
La contradicción muestra que no existe una posición completamente uniforme dentro de Vamos por Más. La Coalición Cívica defiende el proyecto, algunos integrantes del PRO acompañaron su avance en comisión y otros dirigentes macristas pretenden frenarlo para evitar un conflicto con Milei.
En contra se encuentra, por lo tanto, el bloque de La Libertad Avanza. También opera contra la aprobación una parte de la conducción del PRO interesada en preservar la negociación electoral con los libertarios. Del otro lado aparecen el peronismo, el larretismo, sectores radicales, la izquierda y la Coalición Cívica.
La disputa no se ordena solamente por diferencias sobre la justicia social. También expresa quién está dispuesto a obedecer la línea ideológica de Milei para conservar un lugar en el armado de 2027.
Por qué los libertarios quieren impedir la votación
Javier Milei afirmó en diferentes discursos que la justicia social es una “aberración”, un “robo” y una “cuestión de ladrones”. Su explicación sostiene que toda redistribución estatal comienza con el cobro compulsivo de impuestos y entrega a determinadas personas recursos extraídos de otras.
En un discurso pronunciado ante el Banco Interamericano de Desarrollo, equiparó la política distributiva con colocarle una pistola en la cabeza a alguien para quitarle dinero. También describió al Estado como una organización criminal y afirmó que el mercado puede resolver los problemas de manera más eficiente.
En diciembre de 2025 insistió en que la justicia social era una “cuestión de ladrones”. Durante la apertura de sesiones de 2026 volvió a definirla como un robo y llamó delincuentes a quienes la defendían.
La aprobación del proyecto representaría una derrota simbólica porque la Legislatura de la principal ciudad gobernada por la derecha reconocería oficialmente un concepto que Milei convirtió en enemigo moral.
Los libertarios tampoco pueden justificar su oposición por el costo fiscal. El expediente no establece una política redistributiva concreta. Tendrían que votar contra la denominación y asumir públicamente que rechazan incluso una jornada de concientización sobre pobreza, desigualdad, discriminación y trabajo digno.
Por eso resulta más conveniente impedir que el proyecto llegue al recinto. Sin votación nominal, nadie debe explicar por qué se opone.
El desliz de Caputo que reactivó la pelea
El expediente adquirió una fuerza nueva después de que Luis Caputo utilizara el concepto de justicia social al anunciar el programa de créditos hipotecarios impulsado por el Gobierno.
El plan prevé movilizar hasta dos billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES mediante colocaciones en bancos, con el objetivo de facilitar aproximadamente 17.000 préstamos para primeras viviendas.
Caputo apeló a la justicia social para defender una intervención estatal destinada a ampliar el acceso al crédito. Luego tuvo que ofrecer explicaciones dentro del Gobierno porque había utilizado una expresión que contradice frontalmente la doctrina presidencial.
El episodio demostró que incluso el equipo económico reconoce, cuando debe resolver un problema concreto, que el mercado no garantiza por sí solo el acceso a la vivienda. El Estado interviene, utiliza recursos públicos y modifica las condiciones financieras para beneficiar a un sector que difícilmente podría acceder a un préstamo sin esa política.
Del Gaiso aprovechó políticamente esa contradicción. Si Caputo puede invocar la justicia social para justificar un programa del Gobierno, ¿por qué los legisladores oficialistas no podrían reconocer su día internacional?
La respuesta no se encuentra en la economía. Se encuentra en la disciplina ideológica que Milei exige a sus funcionarios y aliados.
El PRO y la negociación para 2027
La presión sobre el PRO ocurre en medio de una disputa más amplia por el control de la derecha porteña. La Libertad Avanza pretende desplazar al macrismo en la Ciudad, mientras Jorge y Mauricio Macri intentan conservar el distrito que gobiernan desde 2007.
Karina Milei busca construir una estructura propia y Pilar Ramírez actúa como su principal referente legislativa. Para los libertarios, conseguir que el PRO bloquee el Día de la Justicia Social serviría como una demostración de autoridad política antes de definir las candidaturas.
El PRO debe decidir si sostiene el dictamen firmado por algunos de sus representantes o si cede ante la presión de Ramírez. En el primer caso, preservaría cierta autonomía frente a Milei. En el segundo, aceptaría que la alianza electoral también implica adoptar los límites ideológicos impuestos por el Presidente.
La votación mide algo más que el respaldo a una fecha. Mide hasta dónde está dispuesto a correrse el PRO para no quedar fuera de las listas de 2027.
La visita de León XIV aumenta el costo político
La llegada del papa León XIV no es el centro del expediente, pero agrega una dificultad decisiva para quienes pretenden rechazarlo. El pontífice estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será la primera visita papal al país desde 1987.
La votación ocurre apenas dos meses antes. Para entonces, el Gobierno estará preparando la recepción oficial de un Papa que colocó expresamente la justicia social entre los principios centrales de su pontificado.
En su encíclica Magnifica Humanitas, publicada en mayo de 2026, León XIV afirmó que la justicia social constituye una forma concreta de fidelidad al Evangelio. Sostuvo que las estructuras económicas y políticas deben garantizar una vida verdaderamente humana, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. También defendió el bien común, la solidaridad y la primacía del trabajo sobre una lógica exclusivamente financiera.
El rechazo libertario colocaría al Gobierno en una contradicción difícil de disimular. Milei reivindica los valores judeocristianos, pero combate un principio que la Iglesia considera parte esencial de su doctrina. Podrá recibir al Papa, fotografiarse y hablar de Occidente, pero la votación porteña dejaría registrado que su espacio considera un robo aquello que León XIV define como fidelidad al Evangelio.
Para el PRO, históricamente relacionado con sectores católicos y socialcristianos, el costo también sería significativo. Ayudar a bloquear el proyecto para complacer a Milei podría ser interpretado como una renuncia a su tradición moderada precisamente antes de una visita papal de enorme peso simbólico.
Una fecha pequeña que desnuda una pelea grande
El proyecto de Del Gaiso no resolverá la pobreza ni modificará la distribución del ingreso. Su efecto directo sería incorporar una fecha al calendario oficial y promover actividades de concientización.
Pero su importancia política está en aquello que obliga a revelar.
Muestra que Caputo utiliza la justicia social cuando necesita justificar la intervención del Estado. Expone la distancia entre Milei y la doctrina social de la Iglesia. Divide a Vamos por Más, enfrenta a la Coalición Cívica con sectores del PRO y permite que peronistas, radicales, larretistas e izquierdistas construyan una mayoría alternativa.
También obliga al macrismo a decidir si continuará actuando como una fuerza propia o si aceptará que Pilar Ramírez determine qué conceptos puede votar en la Legislatura.
Del Gaiso presentó el proyecto en febrero de 2025, recuperando una propuesta de 2024. La comisión lo trató en agosto de 2026. La fecha que se conmemoraría sería cada 20 de febrero. Los libertarios quieren bloquearlo porque contradice la doctrina de Milei y el PRO duda porque necesita a La Libertad Avanza para 2027. La llegada de León XIV el 8 de noviembre convierte esa oposición en un problema adicional frente a la Iglesia.
El expediente contiene apenas tres artículos. Alcanzaron para desnudar todas las contradicciones de la derecha porteña.
Rodolfo Gudino
