Melina Schweizer
La Casa Rosada evalúa impulsar la reforma entre diciembre y comienzos de 2027 para superar la parálisis de un tribunal que funciona con tres jueces y tiene dos vacantes. Ampliar la Corte requiere una ley, pero cada nuevo ministro necesita dos tercios de los senadores presentes. Sin candidatos propios ni votos suficientes, Milei explora un acuerdo que permitiría a gobernadores y bloques aliados colocar representantes en el máximo tribunal.
El Gobierno de Javier Milei comenzó a explorar una ampliación de la Corte Suprema de Justicia para finales de 2026 o comienzos de 2027. La alternativa aparece después del fracaso de las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla y mientras el máximo tribunal funciona únicamente con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La Corte debería tener cinco integrantes según la legislación vigente, pero mantiene dos lugares vacantes. Elena Highton de Nolasco dejó el tribunal en 2021 y Juan Carlos Maqueda se retiró en diciembre de 2024 al cumplir 75 años.
Milei podría limitarse a proponer dos candidatos para completar esos puestos. Sin embargo, la Casa Rosada analiza una operación más ambiciosa: aumentar el número de integrantes para ofrecer lugares a gobernadores y fuerzas parlamentarias a cambio de los votos necesarios.
La diferencia es decisiva. Completar la Corte exige acordar dos nombres. Ampliarla permite multiplicar los cargos disponibles y convertir la integración del máximo tribunal en una negociación territorial y partidaria.
El objetivo institucional es terminar con una Corte reducida a tres hombres. El mecanismo político que se estudia consiste en repartir suficientes sillones para que distintos sectores acepten sentarse a la mesa.
Una Corte de cinco que funciona con tres
La Ley 26.183, sancionada en 2006, estableció que la Corte Suprema quedara integrada por cinco ministros. La reducción se aplicó progresivamente a medida que se produjeron vacantes y terminó con el modelo de nueve miembros instalado durante la presidencia de Carlos Menem.
Después de la salida de Highton y Maqueda, el tribunal quedó en manos de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. Los tres pueden dictar sentencias, pero cualquier desacuerdo entre ellos obliga a convocar conjueces para alcanzar una mayoría.
La Corte resolvió administrativamente que podía continuar funcionando con tres integrantes. La situación no es ilegal, pero concentra una enorme capacidad de decisión en un grupo mínimo y expone al tribunal a bloqueos internos.
Los tres jueces tampoco conforman un bloque estable. Rosatti y Rosenkrantz suelen coincidir en determinadas decisiones, mientras Lorenzetti conserva una estrategia propia y mantiene vínculos políticos construidos durante casi dos décadas en la Corte.
La necesidad de completar el tribunal cuenta con un consenso creciente dentro del Poder Judicial. La discusión verdaderamente conflictiva comienza cuando se pregunta cuántos jueces debe tener y quiénes podrán proponerlos.
Completar no es lo mismo que ampliar
Para cubrir las dos vacantes actuales no hace falta modificar la ley. El Presidente debe seleccionar candidatos y obtener el acuerdo del Senado.
La Constitución establece que los jueces de la Corte son designados por el Poder Ejecutivo con el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes en una sesión pública convocada para ese fin.
Con los 72 miembros del Senado presentes, cada candidatura necesitaría 48 votos. Si asistieran menos legisladores, el número disminuiría, pero el oficialismo continuaría lejos de alcanzarlo por cuenta propia.
Para aumentar la cantidad de jueces, en cambio, el Congreso debe sancionar una ley que modifique la composición fijada por la Ley 26.183. Esa reforma puede aprobarse mediante las mayorías ordinarias del proceso legislativo. El verdadero obstáculo aparecería después: cada uno de los nuevos integrantes seguiría necesitando dos tercios del Senado.
Milei puede conseguir una ley para fabricar más sillones. No puede llenarlos sin negociar con la oposición.
Esta distinción explica el interés de los gobernadores. Una Corte de cinco ofrece solamente dos lugares. Una Corte de siete, nueve o más integrantes multiplica la cantidad de sectores que podrían obtener representación y facilita la construcción de un acuerdo.
La ampliación no resuelve la falta de consenso: la administra mediante una distribución más grande.
El fracaso de Lijo y García-Mansilla
El antecedente inmediato explica la cautela actual. En marzo de 2024, el Gobierno anunció las candidaturas del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla para cubrir las dos vacantes.
Lijo llegó impulsado por una trama de apoyos que incluyó a Santiago Caputo y Ricardo Lorenzetti. Su candidatura despertó cuestionamientos de organizaciones civiles, juristas y dirigentes políticos por su actuación como juez federal y por las denuncias acumuladas durante su trayectoria.
García-Mansilla poseía un perfil académico diferente, pero su rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo y la decisión oficial de presentar dos hombres para una Corte sin mujeres también generaron resistencia.
Las audiencias públicas se realizaron en agosto de 2024. Lijo consiguió inicialmente firmas para llevar su pliego al recinto, pero el Gobierno nunca reunió los dos tercios. La negociación terminó de quebrarse cuando Milei decidió designar a ambos por decreto durante el receso legislativo.
García-Mansilla juró como juez en comisión. Lijo no pudo hacerlo porque la Corte rechazó su pedido de licencia como titular del Juzgado Federal N.º 4 y él no quiso renunciar sin garantías de permanencia. Finalmente, el Senado rechazó los dos pliegos en abril de 2025.
El Gobierno intentó sustituir el acuerdo político por una interpretación expansiva de las facultades presidenciales y terminó perdiendo a los dos candidatos. La nueva negociación parte de esa derrota.
Milei todavía no tiene candidatos propios
La Casa Rosada ahora reconoce otro problema: Milei no posee postulantes definidos. Los nombres anteriores no surgieron de una búsqueda personal del Presidente, sino de recomendaciones de funcionarios y actores del propio Poder Judicial.
Lijo fue promovido por Santiago Caputo y Lorenzetti. García-Mansilla llegó respaldado por sectores jurídicos y políticos cercanos al oficialismo. Otros nombres que circularon también respondieron a distintos grupos de influencia.
Esta ausencia ayuda a comprender por qué Milei no tiene urgencia. Si los candidatos disponibles pertenecen a otros sectores, acelerar las designaciones no garantiza que el Presidente obtenga una Corte propia.
Según la reconstrucción atribuida a fuentes oficiales, Milei habría planteado una pregunta elemental: por qué debería apurarse si los candidatos son de los demás.
La frase describe la lógica de la negociación. La discusión no gira solamente alrededor de la capacidad jurídica de los postulantes. Cada nombre es leído según quién lo propone, a qué sector responde y cómo podría votar durante las próximas décadas.
Los jueces de la Corte permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años, salvo que obtengan un nuevo nombramiento. Una designación realizada antes de 2027 podría sobrevivir a Milei, a sus aliados y a varios gobiernos posteriores.
El reparto que se negocia hoy puede condicionar a presidentes que todavía no tienen candidatura.
Por qué los gobernadores quieren ampliar el tribunal
Los gobernadores reclaman desde hace años una Corte con mayor representación federal. Argumentan que tres o cinco jueces instalados en Buenos Aires no reflejan la diversidad territorial de un país compuesto por 23 provincias y la Ciudad Autónoma.
En 2022, dieciséis mandatarios respaldaron una propuesta para llevar la Corte a 25 integrantes, uno por cada jurisdicción. El Senado aprobó entonces una ampliación con 36 votos positivos y 33 negativos, pero la iniciativa no avanzó en Diputados.
La demanda federal tiene fundamentos institucionales. La Corte decide disputas por recursos coparticipables, impuestos, límites jurisdiccionales, regalías, cuestiones ambientales y competencias entre la Nación y las provincias.
Pero la representación territorial también puede utilizarse como justificación elegante para distribuir cargos. Un gobernador que consiga impulsar a un juez no obtiene necesariamente un delegado obediente, porque los magistrados poseen estabilidad y pueden desarrollar autonomía. Sin embargo, sí coloca a una persona de confianza, formación o cercanía regional en el tribunal más poderoso del país.
La ampliación ofrece a Milei una moneda de negociación particularmente valiosa. El Gobierno puede conceder lugares sin transferir fondos inmediatos ni modificar la política económica. Los gobernadores, a cambio, pueden aportar votos para la reforma y para los candidatos.
El federalismo comienza como principio y puede terminar convertido en una planilla de Excel con provincias, senadores y sillones.
Los proyectos ya están en el Senado
La discusión no comienza desde cero. En mayo de 2025, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado abrieron el debate sobre distintos proyectos para modificar la composición de la Corte y establecer criterios de paridad de género.
Las iniciativas fueron presentadas por legisladores del peronismo, el radicalismo y bloques provinciales, entre ellos Silvia Sapag, Nora del Valle Giménez, Flavio Fama, Juan Carlos Romero, Alejandra Vigo, Lucila Crexell, Mónica Silva, Edith Terenzi y Juliana Di Tullio.
Esto permite que el oficialismo retome expedientes ya existentes o negocie un texto nuevo sin asumir en soledad la autoría de la ampliación.
También demuestra que no existe un único modelo. Algunas propuestas buscan siete integrantes; otras, nueve, quince o veinticinco. Ciertas iniciativas incorporan salas especializadas y otras mantienen un tribunal único. Varias exigen paridad de género y representación regional.
Antes de repartir nombres, el Congreso debería responder para qué quiere ampliar la Corte. El número adecuado depende de la función que se pretende mejorar, no de la cantidad de aliados que el Gobierno necesite satisfacer.
Si primero se cuentan los votos y después se decide el tamaño, la reforma no estará diseñada para la Justicia. Estará diseñada para la negociación.
Una Corte sin mujeres y un Gobierno que eliminó la paridad
Desde la renuncia de Highton en 2021, la Corte no tiene ninguna mujer. La Argentina es el único país latinoamericano cuyo máximo tribunal está compuesto exclusivamente por hombres, según relevamientos regionales citados por organizaciones especializadas.
La anomalía se profundizó cuando Milei propuso a Lijo y García-Mansilla para las dos vacantes. De haber sido aprobados, la integración de cinco miembros habría continuado completamente masculina.
En junio de 2026, el Gobierno dictó el Decreto 467, que redujo las instancias de participación ciudadana previas a la nominación y eliminó la recomendación de considerar diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al seleccionar candidatos.
Esa decisión contradice el argumento federal que ahora podría utilizarse para negociar con los gobernadores. Si la procedencia regional es importante para justificar una ampliación, resulta difícil explicar por qué el Ejecutivo eliminó ese criterio del procedimiento de selección.
La sospecha es que el Gobierno no quiere una regla que limite sus candidatos, pero sí utilizar la representación provincial como herramienta para reunir votos.
La diversidad sirve cuando facilita el acuerdo. Cuando establece obligaciones, vuelve a ser considerada una interferencia.
El récord de Mahiques y los clanes judiciales
La negociación por la Corte ocurre después de una aceleración histórica de las designaciones en tribunales inferiores. El 27 de agosto, el Senado aprobó 67 pliegos judiciales con respaldo de distintos bloques. El Gobierno anunció que alcanzó el récord de nombramientos en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994.
La operación fue conducida por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. El oficialismo consiguió los votos mediante acuerdos con gobernadores, bloques opositores y sectores de la corporación judicial.
En vez de imponer una lista exclusivamente libertaria, distribuyó lugares entre diferentes espacios. Esa flexibilidad explica el éxito parlamentario, pero también genera malestar entre senadores oficialistas: consideran que el Gobierno aprobó candidatos vinculados con otros sectores sin utilizar el paquete para negociar simultáneamente la Corte.
Según uno de ellos, “falló el timing”. Durante la aprobación masiva de pliegos, los descontentos podían recibir compensaciones dentro de la estructura judicial. Con muchos de esos cargos ya distribuidos, la Casa Rosada dispone de menos piezas para intercambiar.
Milei consiguió el récord de nombramientos, pero no necesariamente el récord de jueces propios.
Mahiques y la Procuración que queda fuera del acuerdo
La discusión no incluiría por ahora la Procuración General de la Nación, conducida interinamente por Eduardo Casal desde la salida de Alejandra Gils Carbó en 2017.
Mahiques aparece mencionado como aspirante al cargo. El procurador general dirige el Ministerio Público Fiscal y posee una influencia decisiva sobre la política criminal, las investigaciones federales y el funcionamiento de las fiscalías.
Su nombramiento también requiere un acuerdo amplio en el Senado. Incorporarlo a la negociación aumentaría el costo del pacto y agregaría otro puesto estratégico a repartir.
Separar ambos debates puede responder a una decisión táctica. Primero se negocia la Corte y posteriormente la Procuración. También puede ser una forma de proteger la candidatura de Mahiques para que no termine utilizada como moneda de cambio dentro de una discusión demasiado grande.
La Casa Rosada sabe, después del fracaso de Lijo y García-Mansilla, que presentar todos los nombres juntos puede unir a los adversarios antes de reunir a los aliados.
La Corte y el calendario de 2027
El Gobierno proyecta avances para diciembre de 2026 o comienzos de 2027. El calendario coloca la reforma directamente sobre el inicio de la campaña presidencial.
Una Corte ampliada antes de las elecciones podría intervenir durante los siguientes años en causas relacionadas con las reformas económicas de Milei, el endeudamiento, los conflictos con las provincias, la regulación electoral, los decretos presidenciales y las investigaciones por corrupción.
También podría revisar decisiones vinculadas con la eventual aplicación de Ficha Limpia, una iniciativa que pretende impedir candidaturas después de condenas en segunda instancia. Si el Congreso entrega a los jueces capacidad para condicionar quién puede competir, la identidad de quienes integren la Corte tendrá todavía mayor relevancia electoral.
La ampliación no garantiza sentencias favorables al Gobierno. Los magistrados pueden apartarse de quienes promovieron sus candidaturas. Pero sería ingenuo ignorar que la integración del tribunal modifica sus equilibrios internos y su orientación jurisprudencial.
Milei no necesita controlar cada voto. Le alcanza con impedir que una Corte de tres miembros se convierta en un límite permanente para su programa.
Una reforma necesaria atravesada por un acuerdo de poder
Completar la Corte resulta necesario. Un máximo tribunal de tres integrantes, todos hombres y atravesado por disputas internas, ofrece una representación demasiado estrecha para resolver los principales conflictos constitucionales del país.
Ampliarla también puede ser razonable si existe una justificación funcional: mayor diversidad regional, paridad de género, especialización y mejor capacidad para resolver miles de expedientes.
El problema aparece cuando el número de jueces se define en función de los cargos necesarios para alcanzar una mayoría parlamentaria.
Milei fracasó cuando intentó imponer a Lijo y García-Mansilla sin consenso. Ahora explora el camino contrario: agrandar la mesa para que cada aliado encuentre un plato. Los gobernadores pueden obtener representación, el oficialismo puede modificar el equilibrio de la Corte y distintos bloques pueden colocar candidatos con mandatos mucho más extensos que cualquier gobierno.
La discusión será presentada como una solución a la parálisis institucional. Pero su verdadero contenido dependerá de tres preguntas: cuántos jueces tendrá la nueva Corte, quién elegirá cada nombre y qué recibirá políticamente a cambio.
La Corte necesita dos jueces para completar su integración legal. El Gobierno evalúa crear más lugares porque dos vacantes no alcanzan para pagar todos los votos.
Cuando la Justicia se amplía según la cantidad de aliados que deben ser compensados, el problema deja de ser el tamaño del tribunal. Pasa a ser el tamaño del reparto.
Rodolfo Gudino
