Melina Orquidea
Legisladores de Unión por la Patria denunciaron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a Diego Chaher, al titular del Tribunal de Tasaciones y a autoridades del BICE. La licitación del 90% de AySA avanzó este jueves mientras la tasación oficial continúa fuera del alcance del Congreso.
Cuatro legisladores nacionales denunciaron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas las presuntas irregularidades cometidas en los procesos de privatización impulsados por el Gobierno de Javier Milei. El planteo pone el foco sobre una pregunta elemental: cómo puede el Estado vender una empresa pública si mantiene en secreto cuánto vale.
La presentación fue firmada por las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
La denuncia apunta contra Diego Martín Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas; Julio Roberto Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación; las autoridades del Banco de Inversión y Comercio Exterior y los responsables de su área de Valuaciones. También solicita investigar a los funcionarios que pudieran haber intervenido en las decisiones cuestionadas.
No se trata todavía de una denuncia penal ni de una imputación. Los legisladores acudieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para solicitar la apertura de una investigación preliminar y determinar si las conductas denunciadas podrían configurar abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta contra el Estado o negociaciones incompatibles con la función pública.
AySA se vende sin precio base
La urgencia del planteo está vinculada con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos. El Gobierno convocó una licitación internacional para vender a un operador estratégico la totalidad de las acciones estatales, equivalentes al 90% del capital de la empresa. El 10% restante pertenece a sus trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
La Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía estableció expresamente que la licitación se realiza sin precio base. La plataforma oficial CONTRAT.AR confirma que el proceso tiene dos etapas, que se presentaron 17 participantes y que solo dos propuestas llegaron a la instancia final. El segundo acto de apertura fue fijado para este jueves 8 de octubre a las 10.
La denuncia sostiene que AySA posee una tasación oficial, pero que ese valor no fue entregado a la Comisión Bicameral encargada de controlar las privatizaciones. Tampoco se conocen públicamente las proyecciones, las tasas de descuento ni los criterios técnicos utilizados para determinarlo.
En julio, Chaher estimó que el Tesoro podría recibir “como mínimo” USD 500 millones por la operación. Para los legisladores, esa declaración confirma que existe una referencia económica conocida por el Gobierno, aunque permanece oculta para el Congreso y para la ciudadanía.
Dos consorcios quedaron en carrera
Los oferentes que superaron la primera etapa fueron dos consorcios empresariales.
Uno está integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua AR y Transclor. El otro está conformado por Roggio ROAS, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
Las ofertas económicas fueron presentadas en sobres cerrados y no podían modificarse. Por ese motivo, los denunciantes sostienen que publicar la tasación antes de abrirlos no habría otorgado ninguna ventaja a los competidores.
Según la presentación, mantener el valor bajo reserva en esta instancia solo impide que el Congreso pueda comprobar si la oferta seleccionada representa un precio razonable o si el patrimonio estatal será transferido por debajo de su valor.
El circuito que reemplazó al Tribunal de Tasaciones
La denuncia describe una secuencia administrativa mediante la cual el Gobierno habría desplazado al organismo legalmente encargado de tasar los bienes estatales.
La Ley 21.626 establece que el Tribunal de Tasaciones de la Nación es el organismo rector en la materia. Sin embargo, el Gobierno recurrió al BICE para valuar las empresas públicas y sus paquetes accionarios.
La explicación oficial fue que el Tribunal carecía de normas técnicas para tasar activos intangibles mediante un enfoque basado en ingresos. Los legisladores objetan ese argumento porque el mismo organismo intervino durante 2017 y 2018 en la valuación de las centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López.
También cuestionan que la decisión de apartar al Tribunal habría sido tomada por su presidente, Julio Villamonte, sin el acuerdo previo del cuerpo colegiado. La presentación pide comprobar este punto mediante las actas y notas internas del organismo.
El BICE creó en 2025 una unidad específica de valuaciones. La denuncia solicita conocer su acto de creación, la cantidad e idoneidad de sus profesionales, los contratos firmados con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y las eventuales relaciones financieras con los consorcios interesados.
Una resolución secreta para declarar secretas las tasaciones
El punto más grave de la presentación es la Resolución 1/2026 de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, firmada el 1° de abril.
Según la denuncia, esa medida declaró reservados todos los informes de tasación y valuación elaborados para las privatizaciones, ventas y reorganizaciones de empresas estatales. El texto de la propia resolución tampoco habría sido publicado ni entregado a los legisladores.
Los denunciantes sostienen que una unidad ejecutora temporal no puede declarar secreta una categoría completa de documentos mediante un acto administrativo no publicado.
La Ley 23.696 exige que las privatizaciones garanticen la máxima transparencia y publicidad y establece que debe existir una tasación previa. La Ley Bases también obliga a desarrollar esos procesos bajo los principios de competencia, gobierno abierto, eficiencia, publicidad y difusión.
La presentación rechaza, además, que las excepciones de la Ley de Acceso a la Información Pública puedan utilizarse para negar la documentación a la Comisión Bicameral. A criterio de los legisladores, ninguna reserva administrativa puede oponerse al órgano parlamentario creado específicamente para controlar las privatizaciones.
Diez mil páginas entregadas 48 horas antes
La Comisión Bicameral solicitó información sobre los procedimientos y criterios de valuación el 12 de agosto. Según la denuncia, sus integrantes recibieron más de 10.000 páginas de expedientes apenas 48 horas antes de la comparecencia de Chaher, realizada el 23 de septiembre.
El volumen documental y el escaso plazo disponible impidieron analizar seriamente la información antes de la audiencia.
Cinco días después, Ianni y Carignano intimaron a Chaher para que entregara en 72 horas la documentación completa, los antecedentes técnicos, las matrices metodológicas, las tasaciones y el presupuesto oficial de AySA y de las demás empresas en proceso de privatización.
La respuesta llegó el 1° de octubre. Chaher se negó a entregar los documentos argumentando que el pedido no expresaba una decisión mayoritaria de la Bicameral y que las explicaciones ya habían sido brindadas durante la audiencia.
De acuerdo con la denuncia, el funcionario no negó que la tasación existiera ni que la Resolución 1/2026 la hubiera declarado reservada.
Las sospechas de subvaluación
Los legisladores mencionan tres antecedentes para sostener que el nuevo sistema puede producir valuaciones inferiores al precio real de las compañías.
En el caso de Citelec, vinculada con Transener, el precio base fue fijado en USD 206 millones y la adjudicación terminó alcanzando USD 356 millones: un 72% por encima del piso oficial.
La primera licitación de Intercargo, valuada en USD 45 millones, quedó desierta. Chaher anunció posteriormente que el Gobierno volvería a ofrecerla por un precio menor.
Para Nucleoeléctrica, la denuncia recoge publicaciones según las cuales la nueva valuación podría reducir once veces estimaciones anteriores. Ese dato todavía debe ser comprobado mediante la documentación oficial, precisamente porque las tasaciones no fueron difundidas.
Los ejemplos no demuestran por sí solos una administración fraudulenta. Sí justifican, según los denunciantes, investigar si el método utilizado genera sistemáticamente valores bajos que puedan perjudicar al Estado o beneficiar a determinados compradores.
Piden frenar la adjudicación
La presentación solicita que la PIA ordene medidas urgentes. Entre ellas, exige que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas entregue en 24 horas una copia certificada de la resolución que declaró reservadas las tasaciones.
También pide al BICE y a la ATEP el informe completo sobre AySA, sus anexos, supuestos, proyecciones, tasa de descuento, matrices metodológicas y versiones anteriores.
Los legisladores reclaman que la Comisión Evaluadora informe si tuvo acceso a la tasación y qué valor utilizó como referencia. Además, solicitan que el Ministerio de Economía no adjudique la empresa hasta que toda esa información sea entregada al Congreso.
La denuncia propone comunicar los hechos a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General para que realicen controles simultáneos.
El planteo deberá ser examinado ahora por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Hasta que el organismo se pronuncie, las afirmaciones sobre subvaluación, conflictos de intereses y posibles delitos mantienen el carácter de acusaciones formuladas por los legisladores.
El dato objetivo permanece: el Gobierno decidió vender el 90% de AySA mediante una licitación sin precio base, mientras el valor calculado por sus propios organismos continúa fuera del conocimiento público. La empresa puede cambiar de manos antes de que los argentinos sepan cuánto valía.
La nota fue contrastada con la presentación original ante la PIA: DENUNCIA – Irregularidades en procesos de privatizción.
GONZALO SCHWEIZER
