Rodolfo GudinoEl gobierno redujo el empleo público en 56.250 puestos entre diciembre de 2023 y febrero de 2026. Correo Argentino perdió 4.891 empleados, el INCAA redujo su personal más de un 50% y el Ministerio de Capital Humano achicó cerca del 40% de su planta. En paralelo, Seguridad incrementó su dotación.
Los números que duelen
La motosierra de Javier Milei tenía un blanco claro: el Estado. Y los números del Informe de Gestión N° 145 de Jefatura de Gabinete no dejan lugar a dudas. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, el gobierno nacional redujo el empleo público en 56.250 puestos. No es un error de tipeo. Son decenas de miles de trabajadores que dejaron de formar parte de la estructura estatal.
La bicicleta fina, como siempre, la pagaron los mismos. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, perdió cerca del 40% de su planta. Eso implica miles de puestos menos en un área que, en teoría, debería sostener a los sectores más vulnerables. El Ministerio de Economía, con Luis Caputo al mando, también registró una reducción de magnitud similar. La maquinaria del ajuste se comió a sus propios operarios.
En las empresas públicas, el Correo Argentino encabeza la lista: 4.891 puestos menos. Le siguen Trenes Argentinos (3.737), Aerolíneas Argentinas (1.838) y AYSA (1.667). Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (DECAHF) directamente dejó de operar como estructura: los 1.425 trabajadores que tenía en diciembre de 2023 ya no forman parte de esa organización.
El caso del SMN: la paradoja del servicio esencial
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es un caso emblemático. El gobierno desplazó a 140 trabajadores, en su mayoría observadores de estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país. Estos técnicos son los encargados de medir temperatura, presión y humedad, datos sin los cuales no hay alertas tempranas, no hay seguridad aeronáutica y no hay planificación agrícola. Son, literalmente, los que anticipan situaciones críticas.
Desde el Ministerio de Desregulación se defendió la medida con el argumento de que la automatización podría reemplazar buena parte de esas funciones. Lo que no se explicitó es el costo de esa transición ni los límites de un sistema que depende, en gran medida, del conocimiento territorial de los propios observadores. La contradicción aparece en el siguiente paso. Cuando los trabajadores convocaron a medidas de fuerza, el gobierno cuestionó su legalidad bajo el argumento de que el SMN es un servicio esencial. Es decir: el servicio es considerado crítico al momento de impedir el paro, pero no al momento de sostener su planta de trabajadores.
La reducción en el SMN no sería un hecho aislado. Según estimaciones internas y gremiales, el proceso de ajuste continuaría durante el año con nuevas desvinculaciones y pases a disponibilidad. El objetivo de fondo es achicar la estructura de manera sostenida. Desde el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) advirtieron que el SMN es el único organismo del país con personal certificado bajo estándares internacionales exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La pérdida de esa capacidad no es simbólica: tiene impacto directo en la seguridad y la operatividad del sistema aerocomercial.
Los otros recortes: cultura, comunicaciones y derechos
La cultura también está en la mira. El INCAA registró una de las mayores caídas proporcionales dentro de la administración pública, con una reducción superior al 50% de su planta. A eso se suma la modificación de su esquema de financiamiento, que reduce significativamente su capacidad de producción.
El ENACOM perdió cerca del 40% de su personal y dejó de operar con presencia territorial plena tras el cierre de delegaciones en distintas provincias. El impacto no es menor: afecta directamente a cooperativas y prestadores que dependen de ese soporte técnico e institucional.
El INADI fue desmantelado como organismo operativo. Lo mismo ocurrió con estructuras vinculadas a la agricultura familiar. En el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el recorte de funciones y personal implicó una reducción concreta en su capacidad de intervención.
El otro lado de la motosierra
No todo fue reducción. El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, incrementó su dotación en 442 agentes. La lógica es clara: se recorta en áreas sociales mientras se refuerzan estructuras de control. El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) también amplió su planta, pasando de 33 a 97 empleados. Un dato que contrasta con el discurso oficial sobre el rol del Estado en materia de derechos humanos.
El futuro: el ajuste continúa
El proceso no terminó. El gobierno evalúa nuevas reducciones en la dotación estatal antes de fin de año, en línea con criterios de «racionalización organizacional» y «adecuación funcional». En términos concretos, implica seguir recortando estructuras que no son consideradas prioritarias bajo la lógica oficial. El problema es quién define qué es prioritario. Porque cuando esa definición se construye desde una mirada que considera al Estado como un obstáculo, lo que queda afuera no es solo burocracia. También quedan funciones esenciales.
56 mil puestos menos. Ministerios sociales recortados. Empresas públicas achicadas. Cultura desfinanciada. Organismos desmantelados. Y mientras tanto, Seguridad crece. La motosierra no es neutral. Define prioridades. En esa definición, lo que sobra siempre es lo mismo: el Estado que cuida, el que previene, el que produce. El trabajador estatal —y con él, el funcionamiento mismo del Estado— quedó a la intemperie. No fue un efecto colateral. Fue una decisión.
Melina Schweizer
