Melina Schweizer
El Gobierno impulsa una reforma para blindar al Banco Central de las presiones del poder político, pero Economía acaba de marcarle el rumbo con la flexibilización de los créditos en dólares. La contradicción se agrava: el BCRA justificó la medida por sus efectos sobre actividad y empleo, dos objetivos que Milei pretende eliminar de su Carta Orgánica.
Javier Milei quiere convencer al Congreso de que la Argentina necesita un Banco Central independiente del poder político. Luis Caputo acaba de ofrecer una demostración bastante incómoda de cómo funcionaría esa independencia dentro de su propio gobierno.
El ministro de Economía anunció que los bancos podrán destinar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a financiar empresas que generan sus ingresos en pesos. Inmediatamente después, el Banco Central informó que adecuará el marco prudencial que regula las financiaciones en moneda extranjera.
La secuencia importa tanto como la medida.
Primero habló Economía. Después actuó el Central.
Y ocurre apenas semanas después de que Milei utilizara una cadena nacional para presentar una reforma de la Carta Orgánica cuyo argumento central es exactamente el contrario: separar al BCRA de las necesidades circunstanciales del gobierno de turno y darle mayor autonomía a sus autoridades. El proyecto propone que preservar el valor de la moneda vuelva a ser la misión fundamental de la entidad y pretende reforzar la estabilidad de su conducción frente al poder político.
La contradicción no es solamente política. También está escrita en los objetivos utilizados para justificar las decisiones.
Actualmente, la Carta Orgánica establece que el BCRA debe promover, dentro de sus facultades y de las políticas establecidas por el Gobierno, la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Milei quiere borrar buena parte de esa definición.
Pero para justificar la flexibilización del crédito en dólares, el propio Central volvió a colocar sobre la mesa precisamente la expansión del financiamiento, la actividad productiva y el empleo.
El BCRA que Milei quiere liberar de esos objetivos termina utilizándolos para explicar una medida impulsada por Caputo.
La autonomía que duró hasta que Economía necesitó dólares
El problema institucional excede una discusión semántica.
La independencia de un banco central supone precisamente que determinadas decisiones monetarias, financieras y prudenciales no queden subordinadas a las necesidades políticas inmediatas del Poder Ejecutivo.
Eso no significa que un Banco Central deba vivir aislado del Ministerio de Economía. La coordinación entre política fiscal, monetaria, cambiaria y financiera existe prácticamente en cualquier economía moderna.
Pero coordinación e independencia no son sinónimos.
Y mucho menos cuando el Gobierno anuncia desde Economía una modificación que afecta directamente las regulaciones prudenciales del sistema financiero y después la autoridad monetaria adapta las reglas.
La contradicción fue señalada por economistas citados en la información que dio origen a esta nota. La consultora Outlier, dirigida por Gabriel Caamaño Gómez, cuestionó que Economía anunciara la flexibilización de una normativa macroprudencial del BCRA justamente cuando el Gobierno pretende aumentar por ley la independencia de la institución.
El episodio deja planteada una pregunta bastante sencilla: si el Central debe ser independiente de las necesidades del Ejecutivo, ¿por qué Economía anuncia primero las decisiones que después deberá reglamentar el Central?
Milei quiere quitarle funciones al BCRA
La discusión cobra mayor dimensión cuando se observa qué propone exactamente el Gobierno.
Milei anunció el 30 de julio que quiere devolverle al Banco Central un mandato esencialmente concentrado en preservar el valor de la moneda. La actual Carta Orgánica, en cambio, incluye entre sus finalidades la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
La reforma también pretende impedir el financiamiento monetario del sector público. La prohibición alcanzaría al Tesoro nacional, provincias y municipios, además de limitar otras herramientas utilizadas históricamente para financiar al Estado mediante el balance del Central.
El tercer elemento es institucional.
Milei pretende endurecer las condiciones necesarias para remover al presidente y a los directores del BCRA, con el argumento de protegerlos de los cambios políticos.
El Presidente presentó esa modificación como un blindaje frente a los “atropellos de la política”.
El problema es que el Central de Santiago Bausili no necesitó esperar la reforma para mostrar hasta dónde llega esa autonomía cuando Economía tiene otras prioridades.
El propio BCRA reconoce la coordinación con el Tesoro
Ni siquiera hace falta buscar demasiado para encontrar esa relación.
En sus Objetivos y Planes para 2026, el Banco Central afirma que los avances de los últimos años fueron conseguidos “en coordinación con el Tesoro Nacional” y sostiene que su política durante este año combina el equilibrio monetario con la acumulación de reservas internacionales.
Es decir, el propio organismo reconoce públicamente una política económica coordinada.
Eso no constituye por sí mismo una anomalía. Pero vuelve bastante más complejo el relato según el cual bastaría modificar la Carta Orgánica para separar definitivamente al Central de las prioridades del Poder Ejecutivo.
El mismo documento agrega otro elemento interesante: el BCRA espera que la expansión de la intermediación financiera alcance tanto a sectores transables como no transables y relaciona las reformas estructurales con inversión privada, crecimiento y creación de empleo.
Otra vez aparecen actividad, crédito y empleo.
Los mismos objetivos que el Gobierno considera excesivos cuando discute la Carta Orgánica reaparecen cuando necesita justificar su política financiera.
El otro problema: prestar dólares a quien gana pesos
Pero detrás de la contradicción institucional existe un riesgo económico bastante más concreto.
La flexibilización permite ampliar el crédito en dólares hacia compañías cuyos ingresos se encuentran principalmente en pesos.
Eso genera lo que en economía se denomina descalce de monedas.
El mecanismo es sencillo.
Una empresa factura en pesos, paga salarios en pesos y obtiene sus ingresos en pesos, pero asume una deuda denominada en dólares.
Mientras el tipo de cambio permanezca relativamente estable, puede resultar atractivo. Las tasas en dólares suelen ser inferiores a las tasas nominales disponibles para financiarse en pesos.
El problema aparece ante una devaluación.
Supongamos una empresa que debe US$1 millón.
Con un dólar a $1.500, esa obligación equivale a $1.500 millones.
Si el dólar salta a $2.000, la misma deuda pasa a representar $2.000 millones.
La compañía ahora debe $500 millones adicionales sin haber tomado un solo dólar más.
Y sus ventas no necesariamente aumentaron en la misma proporción.
Ahí aparece el riesgo.
La lección que dejó 2001
Las restricciones posteriores al final de la Convertibilidad tuvieron precisamente ese problema como antecedente.
Después de la crisis de 2001-2002 se buscó limitar la posibilidad de que los depósitos en dólares financiaran masivamente actividades cuyos ingresos se generaban en pesos.
La lógica prudencial era evitar que una devaluación transformara simultáneamente un problema cambiario en uno crediticio y bancario.
Una empresa exportadora presenta una situación diferente.
Si toma US$10 millones de deuda pero exporta y recibe dólares, existe una correspondencia entre la moneda en la que genera sus ingresos y aquella en la que debe pagar sus obligaciones.
Una empresa dedicada exclusivamente al mercado interno no posee necesariamente esa cobertura natural.
Por eso la discusión sobre la nueva flexibilización no debería reducirse a si habrá más crédito.
La pregunta es quién asumirá el riesgo cambiario de ese crédito.
Los dólares que Caputo necesita mover
La decisión tampoco aparece en el vacío.
El Gobierno está buscando mecanismos para movilizar los dólares depositados dentro del sistema financiero y, especialmente, atraer parte de los billetes que permanecen fuera de los bancos.
El objetivo consiste en profundizar la intermediación en moneda extranjera: más depósitos deberían permitir más préstamos; más préstamos deberían financiar inversión; y una mayor demanda de depósitos podría generar mejores rendimientos para quienes decidan ingresar sus dólares al sistema.
El propio BCRA establece entre sus objetivos de 2026 ampliar la utilización del dólar y la intermediación financiera tanto para sectores transables como no transables.
Desde la perspectiva oficial, hay una cantidad importante de dólares inmovilizados que podrían transformarse en crédito.
Pero esa búsqueda tiene una dificultad elemental.
Los depósitos bancarios son obligaciones.
No son dólares del Gobierno ni del Banco Central. Son dólares que los bancos deben devolver a sus depositantes cuando estos los reclaman.
Por eso la regulación prudencial importa.
Cuanto mayor sea la transformación de esos depósitos en préstamos, mayor importancia adquieren la liquidez bancaria, la calidad de los deudores y la capacidad de recuperar esos créditos.
¿Y quién presta dólares en una corrida?
Existe además una particularidad fundamental del sistema bimonetario argentino.
El Banco Central puede crear pesos.
No puede crear dólares.
En una crisis de liquidez en moneda local puede actuar como prestamista de última instancia emitiendo pesos contra activos elegibles. Frente a una corrida generalizada sobre depósitos en dólares, su capacidad depende fundamentalmente de la disponibilidad efectiva de moneda extranjera.
Esa diferencia explica por qué las regulaciones sobre depósitos y préstamos en dólares históricamente fueron mucho más restrictivas.
No significa que flexibilizar automáticamente provoque una crisis bancaria.
Tampoco que cada préstamo otorgado a una empresa que factura en pesos vaya a convertirse en incobrable.
Pero aumenta la importancia de controlar el riesgo cambiario, la liquidez y la solvencia de quienes reciben esos préstamos.
Y precisamente esa debería ser una decisión esencialmente prudencial del Banco Central.
Bausili, Caputo y una independencia difícil de explicar
La cuestión adquiere inevitablemente una dimensión política por la relación entre los responsables de ambas instituciones.
Santiago Bausili integra desde el comienzo del gobierno el núcleo económico encabezado por Caputo. El Banco Central y Economía han desarrollado durante toda la gestión una política fuertemente coordinada en materia monetaria, cambiaria, financiera y de deuda.
Eso puede defenderse como coordinación macroeconómica.
Lo difícil es presentarlo simultáneamente como demostración de independencia.
El problema no consiste en que Caputo y Bausili hablen.
Sería absurdo pretender que el ministro de Economía y el presidente del Banco Central dejen de coordinar políticas.
El problema aparece cuando el Ejecutivo intenta transformar la “independencia” del Central en una bandera institucional mientras las decisiones muestran que las necesidades del programa económico continúan condicionando la actuación de la autoridad monetaria.
Independencia para el próximo gobierno
Ahí aparece quizás la contradicción política más profunda de la reforma.
Milei pretende establecer reglas que reduzcan considerablemente la capacidad de futuros gobiernos para utilizar el Banco Central.
Quiere impedir la asistencia monetaria al Tesoro, restringir los objetivos de la institución y dificultar la remoción de sus autoridades.
En términos institucionales, puede discutirse si esas modificaciones son convenientes o no.
Pero la independencia pierde credibilidad cuando parece diseñada fundamentalmente para limitar al gobierno que venga después mientras el gobierno actual conserva una coordinación extremadamente estrecha entre Economía y el Central.
El BCRA actual no funciona como una isla.
Sus propios documentos reconocen la coordinación con el Tesoro.
Y ahora una decisión anunciada por Economía obliga a modificar las condiciones bajo las cuales los bancos podrán utilizar depósitos en dólares.
La paradoja queda escrita por el propio Gobierno
Milei sostiene que un Banco Central debe tener un objetivo claro: preservar el valor de la moneda.
Su proyecto busca justamente eliminar la multiplicidad de finalidades de la Carta Orgánica vigente y reforzar institucionalmente a sus autoridades.
Sin embargo, cuando Caputo necesita ampliar el crédito para intentar mover una economía que enfrenta dificultades para recuperar inversión y consumo, el Central vuelve a convertirse en una herramienta de política económica.
Y reaparecen el crédito.
La actividad.
La inversión.
La productividad.
El empleo.
Justamente aquello que el Gobierno dice que no debería formar parte de las responsabilidades fundamentales de la autoridad monetaria.
La discusión, entonces, ya no pasa solamente por determinar si el BCRA necesita mayor autonomía.
Pasa por definir autonomía respecto de quién.
Porque si la independencia significa impedir que futuros gobiernos utilicen determinadas herramientas, pero permite que el Ministerio de Economía actual marque el rumbo regulatorio cuando necesita movilizar dólares, la reforma corre el riesgo de convertirse en algo bastante diferente de lo anunciado.
Milei quiere dejar escrito por ley que la política no vuelva a manejar el Banco Central.
El problema es que Caputo empezó a manejar al BCRA “independiente” antes de que esa independencia siquiera llegara al Congreso.
Rodolfo Gudino
