GONZALO SCHWEIZER
Dos investigaciones publicadas este 12 de octubre exponen una contradicción del programa económico de Javier Milei: los salarios formales mejoraron en algunas provincias, pero el consumo cayó en todo el país. Al mismo tiempo, el 83% de los argentinos encuestados por Hábitat para la Humanidad tuvo que sacrificar algún gasto para sostener su vivienda. El problema ya no se limita a cuánto se cobra, sino a cuánto queda después de pagar lo indispensable.
La economía argentina presenta una paradoja que los indicadores salariales, considerados de manera aislada, no consiguen explicar. En ocho jurisdicciones del país, los salarios formales recuperaron poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023, pero las ventas de supermercados retrocedieron en todas ellas. Mientras tanto, una encuesta internacional sobre vivienda encontró que el 83% de los argentinos consultados había reducido al menos un gasto durante el último año para afrontar los costos habitacionales.
Los dos relevamientos abordan dimensiones diferentes de una misma dificultad: el ingreso disponible de las familias se reduce cuando aumentan los gastos obligatorios, se pierden empleos estables y crece la precariedad laboral, incluso si algunos trabajadores consiguen mejoras salariales superiores a la inflación promedio.
El fenómeno cuestiona una interpretación demasiado simplificada de la recuperación económica. Que el salario registrado mejore en determinados sectores no significa necesariamente que el conjunto de los hogares disponga de más dinero para alimentos, vestimenta, medicamentos o recreación. Tampoco implica que haya más personas cobrando ese salario.
La recuperación salarial no llegó a las góndolas
Un informe de la Fundación Encuentro, elaborado a partir de estadísticas oficiales, identificó ocho jurisdicciones donde el salario real formal aumentó entre noviembre de 2023 y mayo de 2026: Neuquén, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes y Formosa. Sin embargo, en todas ellas disminuyeron las ventas reales de supermercados al comparar enero-julio de 2026 con el mismo período de 2023.
Santiago del Estero presenta uno de los contrastes más pronunciados: el salario formal aumentó aproximadamente 25%, pero las ventas de supermercados cayeron 29%. En Formosa, una mejora salarial del 4,8% coexistió con un derrumbe del consumo del 39,3%. Corrientes registró un incremento salarial del 1,6% y una contracción de ventas del 32,7%.
Estos resultados no demuestran que el salario haya dejado de importar para el consumo. Revelan que el salario promedio de los trabajadores registrados representa solamente una parte de los ingresos familiares y que su evolución puede diferir profundamente de la situación del conjunto de la población.
Además, las comparaciones corresponden a indicadores y períodos distintos, por lo que no deben interpretarse como una relación causal directa. Su valor consiste en mostrar que la mejora de un indicador laboral no garantiza una recuperación simultánea de las compras de los hogares.
Menos trabajadores registrados y más informalidad
La primera explicación aparece en el mercado laboral. Según los datos citados del INDEC, la desocupación alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. Paralelamente, el empleo formal registró una caída interanual del 0,7%, mientras la informalidad llegó al 45%.
La expansión del empleo informal, estimada en unas 348.000 personas adicionales durante un año, estuvo asociada principalmente al crecimiento del trabajo por cuenta propia. Esta transformación importa porque no todos los puestos de trabajo generan ingresos equivalentes ni ofrecen la misma estabilidad.
Un trabajador registrado puede recibir aumentos salariales y conservar cierta previsibilidad de ingresos. Quien pierde ese empleo y pasa a desarrollar actividades independientes de baja productividad puede continuar figurando como ocupado, pero enfrentar ingresos irregulares, mayores riesgos y menor protección social.
De esta manera, el salario real promedio de quienes permanecen en el empleo formal puede mejorar mientras disminuye la cantidad de hogares capaces de sostener determinados niveles de consumo.
La propia evolución salarial nacional tampoco muestra una recuperación uniforme. Los datos de la Secretaría de Trabajo correspondientes a junio ubicaban el salario privado registrado aproximadamente 0,6% por debajo de noviembre de 2023. Otra serie del INDEC presentaba una caída real más pronunciada respecto de aquel período, lo que obliga a distinguir metodologías antes de comparar resultados.
Las tarifas absorben una porción creciente del presupuesto familiar
El segundo factor es el encarecimiento de los servicios esenciales. De acuerdo con las cifras del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET citadas en el relevamiento, en el Área Metropolitana de Buenos Aires las tarifas acumularon aumentos muy superiores al nivel general de precios desde diciembre de 2023.
Mientras la inflación acumulada utilizada en esa comparación fue del 254%, la electricidad aumentó 388%, el agua 538%, el transporte 1.479% y el gas 1.639%. Son variaciones de precios, no aumentos equivalentes del gasto efectivo de cada hogar, que también depende del consumo, los subsidios y las características de cada servicio. Pero ilustran por qué el presupuesto familiar pudo deteriorarse incluso cuando determinados salarios acompañaron al IPC.
La diferencia entre salario real e ingreso disponible es decisiva. Un ingreso que recupera poder de compra frente al promedio de bienes y servicios puede rendir menos para alimentos si electricidad, gas, transporte y alquiler absorben una proporción mayor del presupuesto.
Este mecanismo también ayuda a comprender por qué el consumo privado de las cuentas nacionales puede mostrar una trayectoria diferente de las ventas de supermercados. El primero incluye un universo amplio de bienes y servicios; las segundas registran solamente una parte de las compras de los hogares. Un aumento del gasto en determinados servicios no equivale necesariamente a una mejora en las cantidades de alimentos u otros productos adquiridos.
La vivienda completa el ajuste: el 83% resignó algún gasto para sostenerla
La tercera dimensión surge de una investigación internacional de Hábitat para la Humanidad, basada en una encuesta a más de 30.000 personas de 22 países realizada entre abril y junio de 2026.
En Argentina, el 83% de los encuestados declaró haber reducido al menos un gasto durante el último año para afrontar los costos de la vivienda, frente al 75% registrado en el conjunto de países relevados. La cifra no debe confundirse con una medición exclusiva de inquilinos: el estudio incluye distintas situaciones habitacionales.
Sacrificios económicos vinculados al costo de la vivienda en Argentina
Fuente: Hábitat para la Humanidad, encuesta internacional 2026, según los resultados difundidos para Argentina. Los porcentajes corresponden a respuestas que pueden superponerse.
Los sacrificios alcanzaron necesidades básicas. El 38% redujo gastos en alimentos y compras esenciales, el 37% recurrió a ahorros o fondos de emergencia y el 35% asumió trabajos adicionales o aumentó sus horas laborales. Otro 34% declaró haber tenido que elegir entre pagar los costos habitacionales y cubrir necesidades como alimentación, vestimenta o medicamentos.
Estos porcentajes muestran que la inseguridad habitacional no comienza necesariamente con un desalojo. Puede manifestarse mucho antes, cuando una familia conserva su vivienda, pero para conseguirlo consume sus ahorros, reduce la calidad de su alimentación o multiplica sus jornadas laborales.
Alquilar aumenta la vulnerabilidad económica
La encuesta también permite distinguir la situación de propietarios e inquilinos. Entre quienes alquilan, el 54% manifestó insatisfacción con su situación habitacional, frente al 36% de los propietarios. Además, el 49% de los inquilinos declaró dificultades frecuentes para afrontar los costos de vivienda, comparado con el 31% de quienes son propietarios.
La presión no proviene exclusivamente del alquiler. El 66% de los inquilinos consideró que el costo de los servicios vuelve menos accesible la vivienda y seis de cada diez señalaron que los aumentos tarifarios afectan su capacidad para pagarla.
El marco regulatorio también cambió desde diciembre de 2023, cuando el DNU 70/2023 derogó la Ley de Alquileres y amplió la libertad contractual respecto de plazos, moneda y mecanismos de actualización. Esa modificación alteró las condiciones de negociación entre propietarios e inquilinos, aunque los datos de la encuesta, por sí solos, no permiten atribuir la totalidad del deterioro habitacional a esa decisión.
El problema combina ingresos, precios inmobiliarios, disponibilidad de viviendas, condiciones contractuales y costos de servicios. En ese escenario, quienes no tienen vivienda propia quedan especialmente expuestos a las variaciones del mercado.
El costo habitacional también condiciona los proyectos de vida
Las consecuencias se extienden más allá del consumo inmediato. Según la investigación, el 84% de los argentinos consultados considera que el aumento de los costos dificulta acceder a la vivienda propia, mientras el 57% sostiene que los problemas habitacionales complican la posibilidad de formar una familia.
Entre los padres, el 60% manifestó preocupación por las dificultades de sus hijos para independizarse. La incertidumbre es particularmente importante entre los adultos jóvenes, que enfrentan simultáneamente mayores obstáculos para ahorrar, acceder al crédito y sostener contratos de alquiler.
La crisis habitacional deja así de ser exclusivamente un problema de precios inmobiliarios. También condiciona decisiones relacionadas con la autonomía económica, la convivencia, la maternidad y paternidad, la movilidad laboral y la posibilidad de construir patrimonio.
A ello se suma la situación de los barrios populares. Hábitat para la Humanidad advirtió que el debilitamiento de los programas de integración sociourbana y la suspensión de financiamiento para obras de infraestructura pueden profundizar desigualdades preexistentes, especialmente entre hogares que ya enfrentan condiciones precarias de vivienda y tenencia.
El problema económico es cuánto dinero queda después de pagar lo indispensable
Los dos estudios permiten comprender por qué la recuperación de determinados indicadores salariales no se tradujo en una mejora general del consumo. No alcanza con observar cuánto aumentó el ingreso de quienes conservan un empleo registrado: también importa cuántos trabajadores perdieron esa condición, cuánto creció la informalidad y qué proporción del presupuesto absorben los gastos que las familias no pueden evitar.
La pérdida de poder adquisitivo frente a los servicios, la presión de los alquileres y el deterioro de la estabilidad laboral forman una combinación que reduce la capacidad de consumo y de ahorro. En algunos hogares el ajuste aparece como una compra más pequeña en el supermercado; en otros, como un segundo empleo, el agotamiento de los ahorros o la postergación de un proyecto familiar.
El desafío del programa económico no consiste solamente en estabilizar precios o recuperar salarios promedio. También requiere que esa estabilización se traduzca en ingresos disponibles suficientes, empleo de calidad y acceso sostenible a la vivienda.
Porque una economía no mejora necesariamente para las familias cuando sube el salario de algunos trabajadores, sino cuando más hogares pueden pagar sus obligaciones sin resignar alimentación, salud, ahorro y posibilidades de futuro.
Melina Orquidea
