Melina Orquidea
La quinta Marcha Federal Universitaria reclamará la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento. La protesta confluirá con sindicatos, excombatientes, inquilinos y organizaciones sociales que exigirán a Diputados el rechazo definitivo del megadecreto de Milei.
Universidades públicas, federaciones docentes, trabajadores no docentes, estudiantes, centrales sindicales y organizaciones sociales se movilizarán el jueves 15 de octubre hacia el Congreso Nacional. La jornada reunirá dos grandes reclamos: el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y la derogación integral del DNU 70/2023.
La convocatoria principal está anunciada para las 16 frente al Congreso, aunque algunas organizaciones docentes comenzarán a concentrarse desde las 13.30. También habrá manifestaciones en distintos puntos del país, debido al carácter federal del reclamo educativo.
La protesta coincidirá con una sesión especial de la Cámara de Diputados en la que sectores opositores intentarán rechazar el DNU 70/23. El Senado ya lo había invalidado en marzo de 2024, pero para que pierda vigencia también debe ser rechazado por la Cámara baja.
El Gobierno, en tanto, negocia con bloques dialoguistas y gobernadores para impedir que la oposición reúna los 129 diputados necesarios para abrir la sesión. A pocos días del debate, el quórum todavía no está garantizado.
Las universidades vuelven a las calles
La quinta Marcha Federal Universitaria exigirá que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso para recomponer los gastos de funcionamiento, los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles.
La comunidad universitaria denuncia que el Poder Ejecutivo continúa sin ejecutar plenamente la norma, pese a su aprobación legislativa y a las resoluciones judiciales que ordenaron respetarla.
“No normalicemos el incumplimiento de la ley. Las leyes se cumplen. Siempre”, expresó la Universidad de Buenos Aires en el mensaje utilizado para convocar a la movilización.
La marcha será acompañada por autoridades universitarias, gremios docentes y no docentes, federaciones estudiantiles y centros de estudiantes. También confirmó su participación el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien denunció que el ajuste nacional afecta a 26 universidades con presencia en la provincia de Buenos Aires.
La convocatoria llega después de paros, clases públicas, abrazos simbólicos y protestas realizadas durante los últimos meses. La Asociación Gremial Docente de la UBA anunció un nuevo paro y una concentración desde las 13.30 para marchar hacia el Congreso.
Toma y vigilia en Filosofía y Letras
Los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA resolvieron tomar la sede de Puan 480 desde el martes 13 hasta el jueves 15 de octubre.
La medida incluirá clases públicas, actividades de difusión y un corte en la intersección de Puan y Rivadavia. El miércoles realizarán una vigilia antes de sumarse a la marcha hacia el Congreso.
La protesta estudiantil se intensificó después de la sentada realizada en el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación. Los alumnos reclamaron la actualización de las becas y la ejecución de los recursos previstos por la legislación universitaria.
La segunda protesta: terminar con el DNU 70/23
La movilización universitaria confluirá con las organizaciones que reclaman la derogación completa del DNU 70/23, dictado por Javier Milei en diciembre de 2023.
El decreto introdujo centenares de modificaciones económicas, laborales, comerciales y administrativas. Entre otras medidas, derogó la Ley de Alquileres, flexibilizó regulaciones estatales y eliminó inicialmente los límites establecidos por la Ley de Tierras Rurales para la compra de campos por extranjeros.
La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores ratificaron su participación. También marcharán organizaciones de inquilinos, agrupaciones ambientales, partidos políticos y el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata.
“El 15 vamos igual porque el DNU 70 es un crimen contra el pueblo”, afirmó el CECIM al confirmar que mantendrá la convocatoria pese a la nueva decisión de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.
La Corte repuso provisoriamente los límites sobre las tierras
La Corte había revocado inicialmente la cautelar obtenida por el CECIM porque consideró que la entidad carecía de legitimación procesal. Esa decisión dejó vigente temporalmente el artículo 154 del DNU, que derogó la Ley de Tierras.
Sin embargo, el máximo tribunal dictó posteriormente otra cautelar, esta vez a partir de una presentación ambiental de la Asociación Civil Árbol de Pie. Por mayoría, suspendió los efectos del artículo 154 mientras la Justicia analiza el planteo.
La Ley de Tierras volvió así a quedar provisoriamente vigente, pero la Corte no resolvió la constitucionalidad de fondo del decreto. El límite del 15% para la propiedad extranjera se mantiene por una medida cautelar que puede modificarse durante el proceso judicial.
Por ese motivo, las organizaciones resolvieron sostener la protesta. Buscan que la protección del territorio no dependa de resoluciones judiciales contradictorias, sino de una decisión política definitiva del Congreso.
Todo dependerá del quórum
La oposición convocó la sesión especial del jueves 15 para tratar el rechazo del DNU 70/23, la emergencia en discapacidad, el endeudamiento familiar y otros proyectos que incomodan al oficialismo.
El Gobierno apuesta a que las ausencias impidan alcanzar los 129 diputados necesarios para comenzar el debate. Si la oposición consigue abrir la sesión y rechaza el decreto, el DNU perderá vigencia porque ya cuenta con el voto negativo del Senado.
Afuera del Congreso confluirán reclamos vinculados con la educación pública, la soberanía territorial, los alquileres, los derechos laborales y las políticas sociales. Adentro, cada diputado deberá decidir si permite el debate o contribuye a sostener un decreto que lleva casi tres años vigente sin la aprobación de ambas cámaras.
La movilización no garantiza el quórum, pero colocará la discusión frente a la sociedad: mientras miles de personas reclamen en las calles, los 129 diputados necesarios tendrán nombre, apellido y responsabilidad política.
GONZALO SCHWEIZER
