GONZALO SCHWEIZER
Los procesos concursales vuelven a crecer en 2026 mientras se deterioran ventas, inversión y empleo formal. El fenómeno no se limita a compañías insolventes: detrás aparecen proveedores que dejan de cobrar, trabajadores expuestos y bancos que endurecen el crédito. El concurso puede salvar una empresa; cuando fracasa, la siguiente estación es la quiebra.
La crisis empresaria argentina empieza a dejar de medirse solamente en índices de producción, consumo o empleo. También está llegando a los tribunales comerciales.
Los datos disponibles muestran una fuerte expansión de los concursos preventivos, el procedimiento judicial al que recurren empresas que ya no pueden atender regularmente sus obligaciones pero buscan evitar la quiebra y renegociar sus deudas con acreedores.
El relevamiento difundido por Industriales Pymes Argentinos (IPA), elaborado sobre información de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, ya había registrado 190 concursos preventivos durante 2025, un 131,7% más que en 2023. Distintos relevamientos publicados durante 2026 confirman que la tendencia continuó acelerándose.
El dato importa porque el concurso preventivo suele aparecer cuando el problema dejó de ser simplemente una caída temporal de ventas. La empresa ya tiene dificultades para pagar simultáneamente impuestos, bancos, proveedores, salarios u otras obligaciones y necesita protección judicial para intentar reorganizar sus pasivos.
Más concursos que durante la pandemia
La comparación histórica resulta particularmente inquietante.
Durante 2020, cuando la pandemia paralizó buena parte de la actividad económica, se registraron 106 concursos; en 2021 fueron 77. Los registros de 2026 ya colocan la cantidad de procesos concursales en niveles comparables o superiores a aquellos años extraordinarios.
La magnitud exacta varía según el corte temporal y la jurisdicción considerada, por lo que debe evitarse presentar esos expedientes como un censo completo de empresas argentinas en dificultades. La Cámara comercial concentra una porción relevante de los procesos porque numerosas sociedades tienen domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires aunque desarrollen su actividad productiva en otras provincias.
Además, el número judicial probablemente subestima la crisis real.
No todas las empresas que dejan de funcionar presentan concurso o quiebra. Algunas reducen personal hasta quedar prácticamente inactivas; otras negocian privadamente con acreedores; otras venden activos; y muchas pymes simplemente cierran sin completar inmediatamente un proceso formal de disolución.
Por eso, detrás de cada expediente visible puede existir una zona mucho más amplia de empresas financieramente deterioradas que todavía no llegaron al juzgado.
El problema está antes del juzgado: ventas, producción e inversión
Los concursos no aparecen aislados del funcionamiento de la economía.
Los últimos indicadores disponibles muestran una combinación delicada de menor inversión, deterioro industrial, fragilidad del consumo y destrucción de empleo registrado.
En julio, la producción manufacturera cayó 4,9% interanual, mientras que la comparación desestacionalizada contra junio mostró una baja del 5%. El deterioro alcanzó a 12 de las 16 divisiones industriales relevadas, con retrocesos especialmente pronunciados en maquinaria y equipo, aparatos eléctricos, textiles, indumentaria y minerales no metálicos.
Es precisamente en varios de esos sectores donde predominan cadenas extensas de proveedores y empresas pequeñas y medianas particularmente sensibles a una caída prolongada de las ventas.
El problema tampoco termina en la industria. Los últimos indicadores muestran debilitamiento de la inversión y del consumo, dos variables fundamentales para sostener el flujo de caja de las empresas orientadas al mercado interno.
Cuando una compañía vende menos, primero reduce inventarios y gastos. Después posterga inversiones. Más tarde busca financiamiento, renegocia con proveedores o demora impuestos. Si la actividad no se recupera, la crisis económica termina transformándose en crisis financiera.
Y entonces aparece el concurso.
Qué significa realmente entrar en concurso
Un concurso preventivo no equivale automáticamente a una quiebra.
Es justamente un mecanismo pensado para evitarla.
La Ley de Concursos y Quiebras permite que una empresa en cesación de pagos reorganice sus obligaciones bajo supervisión judicial y negocie condiciones con sus acreedores. Puede conseguir extensiones de plazos, quitas o nuevas formas de cancelación.
Durante ese proceso se limita además la posibilidad de que cada acreedor avance individualmente contra los activos de la empresa.
Desde el punto de vista económico, funciona como una sala de terapia intensiva empresarial: la compañía sigue existiendo, pero reconoce judicialmente que ya no puede funcionar normalmente con la estructura de deuda que acumuló.
Si consigue un acuerdo, puede continuar.
Si fracasa, la consecuencia puede ser la quiebra.
Y allí el problema deja de pertenecer únicamente al empresario.
Quién pierde cuando una empresa entra en crisis
Los primeros afectados suelen ser los trabajadores.
Antes incluso del concurso pueden aparecer suspensiones, reducción de horas extras, atraso salarial, retiros voluntarios o despidos. Si finalmente ocurre la quiebra, la pérdida del empleo se agrega a una economía donde conseguir otro puesto formal resulta cada vez más difícil.
Los datos laborales ayudan a dimensionar el contexto. Un informe reciente de CIFRA-CTA calcula que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 579.555 puestos registrados, considerando las distintas categorías que integran el trabajo registrado.
Al mismo tiempo aumenta el peso del empleo informal y del cuentapropismo.
El problema, por lo tanto, no consiste únicamente en cuántas personas trabajan, sino en qué clase de empleo encuentran quienes son expulsados del mercado formal.
Después están los proveedores.
Una gran empresa puede deber dinero a decenas o cientos de pymes. Cuando deja de pagar, transmite su crisis hacia abajo: la metalúrgica que entregó una pieza, el transportista que movió mercadería, el taller que realizó mantenimiento, la pyme que proporcionó envases.
El concurso de una compañía puede convertirse así en una cadena de iliquidez que atraviesa empresas aparentemente sanas.
También pierden el Estado y las provincias si disminuyen la recaudación de IVA, Ganancias, contribuciones patronales, Ingresos Brutos y tasas asociadas a la actividad.
Y pierde el territorio donde funciona la fábrica: menos salarios significan menos consumo en supermercados, comercios, restaurantes y servicios.
Una persiana industrial que baja rara vez baja sola.
Quién gana
En una crisis empresarial generalizada resulta más difícil hablar de ganadores absolutos, pero sí aparecen sectores con mayor capacidad para aprovechar el proceso de concentración.
Las grandes compañías con espalda financiera pueden resistir períodos prolongados de demanda débil mejor que una pyme. Incluso pueden aumentar participación de mercado cuando desaparecen competidores más pequeños.
También adquieren ventaja quienes poseen liquidez suficiente para comprar activos, instalaciones, marcas o empresas depreciadas.
Los acreedores con garantías reales suelen estar mejor posicionados que proveedores pequeños y acreedores comerciales sin garantías.
Y el sistema financiero puede responder al deterioro aumentando selectividad, garantías y costo del crédito, una conducta racional desde la perspectiva bancaria pero potencialmente contractiva para el resto de la economía.
Ahí aparece una de las paradojas de toda crisis de insolvencia: cuanto más necesitan financiamiento las empresas débiles, menos atractivas resultan para quienes podrían prestárselo.
No todas las empresas atraviesan la misma economía
El cuadro tampoco permite afirmar que toda la economía argentina esté comportándose igual.
Sectores exportadores vinculados a energía, minería y determinados complejos agroindustriales pueden beneficiarse de una dinámica externa favorable mientras actividades dependientes del mercado interno sufren la contracción.
Esa divergencia resulta central para comprender el modelo económico.
Una economía puede exhibir exportaciones elevadas, superávit comercial o grandes inversiones en sectores específicos y simultáneamente destruir empresas intensivas en empleo.
El interrogante no es únicamente cuánto crece el PBI, sino qué sectores crecen, cuáles desaparecen y cuántos puestos de trabajo necesita cada uno.
La crisis empresaria ya tiene nombres propios
La tensión dejó de ser una abstracción estadística.
Durante 2026 se conocieron cierres, suspensiones y reestructuraciones en diferentes actividades. Entre los casos relevados públicamente aparecen empresas textiles, metalúrgicas y alimenticias. Granja Tres Arroyos, por ejemplo, atraviesa una reestructuración de una deuda estimada en USD 350 millones, en medio de conflictos laborales y reducción de personal.
También continúan apareciendo concursos en los registros judiciales. En agosto, por ejemplo, la Justicia comercial dispuso la apertura de procesos concursales correspondientes a Barhut SRL y Trown SRL, publicados posteriormente mediante edictos.
No demuestra por sí solo una crisis sistémica, pero confirma que la insolvencia empresaria tiene traducción judicial concreta.
El verdadero riesgo: que la recesión seleccione quién sobrevive
El concurso preventivo es una herramienta jurídica. El crecimiento sostenido de los concursos, en cambio, es un indicador económico.
Cuando las dificultades aparecen simultáneamente en numerosas compañías, la pregunta deja de ser qué empresario administró mal y pasa a ser qué condiciones económicas están haciendo inviable a una porción creciente del entramado productivo.
Una economía puede estabilizar determinadas variables macroeconómicas y al mismo tiempo deteriorar su estructura productiva. Puede conseguir equilibrio fiscal mientras desaparecen contribuyentes. Puede acumular dólares comerciales mientras caen proveedores locales. Puede bajar costos empresarios mediante reformas laborales y descubrir después que sin demanda tampoco alcanza con producir barato.
Ese es el punto que vuelve preocupantes los concursos de 2026.
Porque una empresa concursada todavía puede recuperarse. Una empresa quebrada puede liquidarse. Pero cuando desaparecen fábricas, proveedores, trabajadores especializados y cadenas productivas completas, lo que se pierde no se reconstruye simplemente porque un indicador macroeconómico vuelva a ponerse en verde.
