Melina Orquidea
Christopher Landau, número dos del Departamento de Estado, reconoció que Washington sigue con preocupación las posibles sanciones contra empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas. El canciller Pablo Quirno había desmentido las versiones sobre el malestar estadounidense. Ahora, el proyecto impulsado por el propio gobierno de Javier Milei permanece sin dictamen en Diputados.
La defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas encontró un obstáculo inesperado dentro de la principal alianza internacional de Javier Milei. El jueves 22 de octubre, el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, reconoció públicamente que Washington sigue de cerca el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por sus posibles consecuencias para empresas norteamericanas.
La declaración se produjo en el Palacio San Martín, durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno, quien días antes había calificado de falsas las informaciones sobre la preocupación de la administración de Donald Trump.
Landau fue preciso: «Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas». También aclaró que Estados Unidos respeta el proceso legislativo argentino.
El negocio petrolero que preocupa a Washington
El proyecto pretende reforzar las sanciones contra compañías que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina, incluyendo a empresas que mantengan vínculos comerciales o financieros con las responsables de esas operaciones.
El punto más sensible es el desarrollo petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en aguas cuya soberanía disputa la Argentina.
La preocupación estadounidense no se limita a esas compañías. Las medidas podrían alcanzar a firmas y fondos vinculados con sus negocios, incluso cuando participen en otras actividades económicas.
Quirno defendió la iniciativa y sostuvo que las empresas deben poder elegir entre invertir legítimamente en el territorio continental argentino, especialmente en Vaca Muerta, o participar en operaciones que nuestro país considera ilegítimas en Malvinas.
De la desmentida al freno en Diputados
El domingo anterior, Quirno había rechazado públicamente la información sobre las objeciones estadounidenses. Santiago Caputo, uno de los impulsores del proyecto, también cuestionó duramente aquella publicación.
Cuatro días después, Landau reconoció el interés de Washington en proteger a sus empresas.
La secuencia coincide con la postergación del tratamiento legislativo: el oficialismo suspendió la convocatoria al plenario de comisiones que debía avanzar con el dictamen y la iniciativa continúa sin fecha para llegar al recinto.
La demora ocurre precisamente cuando el Gobierno busca profundizar sus acuerdos políticos, comerciales y financieros con Estados Unidos.
El Comité de Descolonización, otra diferencia sensible
La visita estadounidense abrió además otra discusión vinculada con Malvinas. Landau defendió la propuesta de Washington de reformar las Naciones Unidas, una iniciativa que contempla la posible desaparición del Comité Especial de Descolonización, conocido como C-24.
Ese organismo constituye uno de los principales ámbitos multilaterales donde Argentina sostiene su reclamo y donde se adoptan resoluciones que instan a ambos países a negociar la disputa de soberanía.
Quirno aseguró que una eventual eliminación del comité no modificaría la posición argentina, aunque reconoció su importancia diplomática.
La cuestión excede una discusión comercial. Mientras la Argentina reclama que el Reino Unido respete su integridad territorial, su principal aliado internacional expresa inquietud por las consecuencias económicas de sancionar actividades desarrolladas bajo licencias británicas.
La contradicción política quedó expuesta: Milei impulsa una ley para defender los recursos de Malvinas, Estados Unidos manifiesta preocupación por sus empresas y el Congreso argentino posterga el tratamiento.
La declaración de Landau no equivale a una exigencia formal de retirar el proyecto. Pero deja planteada una pregunta que el Gobierno deberá responder con sus decisiones: ¿la alianza con Washington fortalecerá la defensa de la soberanía argentina o terminará condicionando las herramientas legales para ejercerla?
GONZALO SCHWEIZER
