Melina Orquidea
El candidato ultraderechista aseguró que el modelo de Nayib Bukele “se quedó corto” y propuso castración química para violadores. No informó cuánto costaría el plan ni cómo financiaría una ampliación que supera ampliamente el déficit penitenciario actual.
Flávio Bolsonaro convirtió el endurecimiento penal en uno de los ejes centrales de su campaña para el balotaje contra Luiz Inácio Lula da Silva. Durante un acto en San Pablo, el senador prometió construir más de 500.000 plazas penitenciarias, imponer penas mínimas de ocho años por el robo de teléfonos celulares y aplicar la castración química a condenados por delitos sexuales.
“Para aquellos que piensan que soy radical en seguridad pública, todavía no han visto nada”, advirtió el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En otro tramo de su exposición tomó como referencia la política de encarcelamiento masivo aplicada por Nayib Bukele en El Salvador, pero consideró que no sería suficiente para Brasil.
“Creo que El Salvador es poco”, afirmó.
La magnitud del anuncio implicaría prácticamente duplicar la capacidad penitenciaria brasileña. Según cifras difundidas por la Secretaría Nacional de Políticas Penales, Brasil dispone de alrededor de 500.000 plazas, pero mantiene unas 702.000 personas dentro de las cárceles. El déficit estimado es de aproximadamente 202.000 lugares y la sobrepoblación ronda el 40%.
La propuesta de Bolsonaro, por lo tanto, no se limitaría a terminar con el hacinamiento. Las 500.000 plazas prometidas representan casi dos veces y media el déficit existente y permitirían una expansión masiva del encarcelamiento.
El candidato no detalló cuántas cárceles construiría, dónde estarían ubicadas, qué plazo demandaría el proyecto ni cuál sería su costo. Tampoco explicó cómo se distribuirían las responsabilidades entre el Gobierno federal y los estados, que administran buena parte del sistema penitenciario.
Una estimación oficial de 2025 calculó que resolver el déficit de 202.000 plazas requeriría una inversión cercana a los 14.000 millones de reales. El proyecto anunciado por Flávio sería considerablemente mayor y, además de la construcción, exigiría recursos permanentes para contratar agentes, garantizar alimentación, atención sanitaria, traslados y mantenimiento.
Ocho años de cárcel por robar un celular
Bolsonaro también prometió impulsar en el Congreso una pena mínima de ocho años para quien robe un teléfono celular. “Se quedará preso y será obligado a trabajar para valorar lo difícil que es comprar un celular”, afirmó.
La medida supondría equiparar el castigo mínimo de ese delito con penas previstas para crímenes de mucha mayor gravedad. Para aplicarla, el candidato necesitaría modificar el Código Penal mediante una ley aprobada por el Congreso.
La propuesta ya había aparecido en otros actos de campaña, junto con la reducción de la edad de imputabilidad penal a los 16 años. El discurso busca conectar con una preocupación extendida por la inseguridad urbana, particularmente en ciudades como San Pablo y Río de Janeiro.
El trabajo de las personas condenadas ya está contemplado por la legislación brasileña y debe formar parte de los programas de reinserción. Sin embargo, solamente el 21,62% de la población penitenciaria realiza actualmente alguna actividad laboral. Más del 40% de quienes trabajan no reciben remuneración, pese a que la ley contempla el pago.
Obligar a trabajar a cientos de miles de nuevos detenidos exigiría infraestructura, convenios laborales y controles para impedir abusos. Nada de eso fue detallado durante el acto.
La castración química como promesa electoral
El candidato volvió además a defender la castración química para violadores y abusadores de mujeres y niños, acompañada por penas más prolongadas. Tampoco explicó si el tratamiento sería voluntario, obligatorio, reversible o utilizado como condición para obtener algún beneficio penitenciario.
Brasil ha debatido proyectos similares durante años, pero ninguno estableció hasta ahora una aplicación obligatoria de alcance general. Una iniciativa analizada por el Senado contemplaba el tratamiento voluntario únicamente para reincidentes en determinados delitos sexuales y fuera del establecimiento penitenciario, debido a sus efectos secundarios.
La aplicación forzosa abriría cuestionamientos constitucionales y médicos relacionados con la integridad corporal, la dignidad humana y el consentimiento informado. Por eso, la promesa requeriría mucho más que una decisión presidencial.
El modelo Bukele como bandera
La apelación a Bukele procura presentar a Flávio Bolsonaro como el candidato dispuesto a combatir el delito sin las restricciones de la política tradicional. El mandatario salvadoreño redujo drásticamente los homicidios mediante un régimen de excepción, detenciones masivas y la construcción de una megacárcel, pero organismos de derechos humanos denunciaron arrestos arbitrarios, torturas, muertes bajo custodia y ausencia de garantías judiciales.
Bolsonaro no explicó qué aspectos de ese modelo pretende replicar ni qué quiso decir exactamente al afirmar que “se quedó corto”. Su paquete combina ampliación carcelaria, penas mínimas más altas, tratamientos químicos y trabajo obligatorio, pero todavía carece de presupuesto, cronograma y desarrollo jurídico.
La promesa ofrece una consigna electoral potente, aunque deja sin responder el interrogante central: si su objetivo es resolver la sobrepoblación existente o preparar a Brasil para encarcelar a cientos de miles de personas más.
GONZALO SCHWEIZER
