REDACCIÓN
La Justicia confirmó el rescate de al menos 13 menores que vivían bajo condiciones de explotación en un hogar de tránsito de Florencio Varela. Los adolescentes eran obligados a realizar trabajos pesados, sufrían privaciones de comida y permanecían aislados. Hay dos responsables detenidas y dos funcionarias públicas imputadas por encubrimiento.
Lo que debía ser un espacio de contención para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad terminó revelando un cuadro de explotación y maltrato. La Justicia confirmó que al menos trece menores de edad fueron víctimas de servidumbre dentro de un hogar de tránsito ubicado en Florencio Varela, donde eran obligados a realizar trabajos físicos durante largas jornadas, vivían en condiciones precarias y sufrían restricciones alimentarias como forma de castigo.
El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía N.º 8 de Berazategui, especializada en delitos contra las infancias, que conduce el fiscal Daniel Ichazo. La pesquisa se inició tras detectar irregularidades en el funcionamiento del hogar conocido como “Nido de Águila”, un lugar que debía cumplir funciones de resguardo y asistencia para menores, pero que según el expediente operaba bajo un esquema de explotación sistemática.
De acuerdo con los elementos reunidos por la fiscalía, los adolescentes que residían en el establecimiento eran obligados a realizar trabajos físicos exigentes que no correspondían a su edad ni a su condición de menores bajo protección estatal. Entre las tareas que debían cumplir se incluían actividades de construcción y mantenimiento del predio, como preparar mezclas de cemento, trasladar materiales, manipular herramientas peligrosas y cortar vegetación con machetes.
La investigación también determinó que los chicos tenían a su cargo gran parte del mantenimiento del lugar. Debían limpiar instalaciones, cuidar animales, recoger desechos y ocuparse de trabajos de jardinería y mantenimiento del terreno. Según consta en la causa, las tareas podían extenderse durante gran parte del día y continuar incluso durante la noche, en algunos casos hasta pasada la medianoche.
A esa situación se sumaba un esquema de control basado en el aislamiento y el castigo. Los menores tenían restricciones para comunicarse con personas externas al hogar, lo que dificultaba que pudieran pedir ayuda o denunciar lo que ocurría dentro del predio. Además, la investigación sostiene que la comida era utilizada como mecanismo de presión: cuando alguno de los chicos se negaba a realizar los trabajos o protestaba por las condiciones en que vivían, se les restringía la alimentación o se los obligaba a permanecer fuera de la vivienda.
El procedimiento judicial permitió confirmar la gravedad del caso. Durante los allanamientos realizados en el predio fueron detenidas dos mujeres que estaban a cargo del funcionamiento del hogar, señaladas como responsables directas de la explotación y de las condiciones de vida impuestas a los menores.
La investigación también alcanzó a dos funcionarias del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos del Niño del municipio de La Matanza, quienes quedaron procesadas bajo sospecha de haber colaborado en maniobras destinadas a ocultar irregularidades antes de los procedimientos judiciales. Según la acusación, habrían intervenido para eliminar o modificar pruebas que podían comprometer a las responsables del hogar.
Durante los operativos se incautaron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y documentación vinculada al funcionamiento del establecimiento, material que ahora forma parte de la causa judicial y que podría aportar nuevos elementos sobre la dinámica interna del lugar y la responsabilidad de los involucrados.
Si bien la investigación inicial había detectado la presencia de trece menores en el hogar, cuando se realizó el allanamiento solo cinco chicos se encontraban en el lugar, quienes fueron trasladados a otros dispositivos de cuidado para garantizar su protección. La Justicia intenta ahora reconstruir la situación del resto de los adolescentes que habrían pasado por el establecimiento.
En los próximos días está previsto que los menores rescatados brinden su testimonio mediante Cámara Gesell, un mecanismo judicial diseñado para que niños y adolescentes puedan declarar en un entorno protegido, con acompañamiento profesional y evitando exposiciones traumáticas durante el proceso penal.
El caso abre interrogantes sobre el funcionamiento de algunos dispositivos de cuidado y los mecanismos de control estatal sobre instituciones que deberían garantizar la protección de menores en situación de vulnerabilidad. Lo que la investigación judicial intenta determinar ahora es cómo pudo sostenerse durante tanto tiempo un esquema de explotación dentro de un espacio que, en teoría, debía funcionar como refugio y protección para chicos y chicas sin cuidados familiares adecuados.
Enzo Cabrera
Alejandra Egido
