Rodolfo Gudino
El gobierno quería mandar la Justicia Laboral a la Ciudad para poder bajar indemnizaciones y jubilar juicios. Pero se olvidaron de un detalle: los jueces existen. Hernán Mendel firmó una cautelar que suspende todo el circo hasta que se decida si es constitucional. Detrás del fallo, el grito de un gremio que denunció lo que nadie dijo: 1.530 laburantes pasaban a trabajar una hora más por menos guita y con el futuro en un pucho.
El gobierno de Javier Milei descubrió esta semana que la realidad no se arregla con un decreto. El juez Hernán Mendel, del Juzgado Nacional del Trabajo N° 30, frenó en seco el traspaso de la Justicia Laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Una medida cautelar que, por ahora, manda al freezer uno de los caballitos de batalla de la reforma laboral: la baja de indemnizaciones y la reducción de juicios.
El plan maestro (que se desmorona)
La idea del Ejecutivo era sencilla: pasar la Justicia del Trabajo a la Ciudad, deshacerse de la especialización laboral, y después, con la cancha inclinada, ajustar todo lo que se pueda. Pero en el medio apareció la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y dijo: «Pará, acá hay gente laburando».
Los números que duelen
El gremio llevó los papeles y los números son contundentes:
- 1.530 empleados en la cuerda floja, sin saber si pasaban a la Ciudad, si los echaban o qué carajo pasaba.
- Más de 700 mil expedientes acumulados, que ahora mismo no saben qué juez los va a atender.
- 7 horas de trabajo en lugar de 6, con la misma o menos plata.
- Escalas salariales que se reconfiguran para abajo.
O sea: más laburo, menos sueldo, futuro incierto. Un negocio redondo para el gobierno, una pesadilla para los que laburan.
El juez que dijo «no»
Mendel no se comió el verso. En su fallo, suspendió «la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia» hasta que haya sentencia definitiva. Traducción: no se mueve un papel hasta que la Justicia diga si esto es constitucional o no. Y tiene para rato.
El magistrado además dejó una perlita: el gobierno actuó sin respetar el procedimiento. No convocó a la comisión bicameral que corresponde, y metió el tema en el Congreso cuando no había sesiones extraordinarias habilitadas. Todo mal.
Lo que viene
El gobierno tiene tres días para presentar un informe. Después, la causa sigue su curso. Pero por ahora, la motosierra se frenó en la puerta de los tribunales laborales.
Los 1.530 empleados que no sabían si seguían laburando o se iban a la calle pueden respirar. Por ahora. Porque el gobierno no se va a quedar de brazos cruzados. Van a apelar, van a insistir, van a buscar la vuelta.
El problema de fondo
Esta no es una pelea técnica entre un juez y un decreto. Es la pelea de siempre: la de los de arriba queriendo ajustar a los de abajo, y la de los de abajo resistiendo con lo que tienen. En este caso, con un gremio que presentó un recurso y un juez que hizo su trabajo.
Mientras tanto, el gobierno sigue insistiendo con que la reforma laboral es «para el bien de todos». Pero cuando uno mira los detalles, el «bien de todos» siempre termina siendo el bolsillo de unos pocos y el ajuste de muchos.
Nos leemos pronto.
Melina Schweizer
