Javkin se alió con LLA para evitar que Rosario explique la pauta a La Derecha Diario

El oficialismo municipal y los libertarios impidieron que llegara al recinto el expediente 281835-P-2026, que ya tenía despacho favorable de comisión. El pedido identifica cuatro acreencias impagas de $2 millones a favor de Madero Media Group y exige conocer qué servicios prestó, quién los autorizó y si hubo nuevas contrataciones en 2026. La maniobra no demuestra todavía un pacto electoral, pero exhibe una coincidencia política concreta rumbo a 2027: cuando Monteverde pidió abrir las cuentas, Javkin y LLA votaron cerrar la discusión.

El intendente Pablo Javkin y La Libertad Avanza encontraron en el Concejo Municipal de Rosario un punto de acuerdo que vale más que cualquier fotografía de campaña: impedir que el Ejecutivo tenga que explicar públicamente por qué contrató a Madero Media Group, la sociedad vinculada con La Derecha Diario, qué servicios recibió y quién autorizó las operaciones.

El pedido de informes no contenía una acusación penal ni proponía cancelar medios por su orientación ideológica. Solicitaba documentación administrativa sobre la utilización de fondos públicos. Había sido aprobado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero el oficialismo municipal y los concejales libertarios evitaron que fuera incorporado al temario de la sesión.

El resultado político es sencillo: la Municipalidad no quedó obligada a responder.

La oposición interpreta la maniobra como la primera manifestación legislativa de un entendimiento entre Unidos —la coalición que gobierna Rosario— y La Libertad Avanza rumbo a 2027. La votación aislada no alcanza para demostrar la existencia de un pacto electoral cerrado. Sí confirma que los dos espacios coordinaron una mayoría para proteger al Ejecutivo de un pedido de transparencia relacionado con un medio abiertamente alineado con el universo libertario.

Cuatro acreencias y ninguna explicación sobre el servicio

El documento incorporado al Concejo permite reconstruir la historia sin exageraciones. El proyecto fue presentado el 19 de agosto de 2026 por Juan Monteverde, Antonio Salinas, Agustina Gareis y Julián Ferrero. Ingresó formalmente el 20 de agosto como expediente 281835-P-2026 y fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El pedido parte de la Rendición de Cuentas municipal correspondiente a 2025. Dentro del detalle de cuentas impagas aparece Madero Media Group SRL con cuatro acreencias de $2 millones cada una, todas fechadas el 30 de diciembre de 2025. Los comprobantes identificados son LQP 23610, LQP 23612, LQP 24327 y LQP 23971.

El monto documentado suma $8 millones, pero existe una precisión indispensable: el anexo consultado registra cuentas impagas o pendientes de pago al cierre del ejercicio. No permite afirmar por sí solo que todo ese dinero haya sido efectivamente transferido. Esa diferencia, omitida en parte de la cobertura, es justamente una de las razones por las que el pedido de informes era necesario.

Los concejales reclamaban que el Ejecutivo precisara cuánto había pagado, cuánto permanecía pendiente, qué tareas fueron contratadas, qué expedientes respaldaban las operaciones y qué dependencia municipal autorizó el gasto. También preguntaban si existieron nuevas contrataciones durante 2026 y si alguna otra repartición había celebrado acuerdos con la empresa.

No era una pesquisa ilimitada. Eran cuatro artículos con preguntas administrativas concretas.

El proyecto fue aprobado en comisión y desapareció del temario

La Comisión de Presupuesto y Hacienda otorgó despacho favorable al expediente. La propia página del Concejo Municipal informó que el decreto había recibido aprobación para solicitar al Departamento Ejecutivo el destino de los fondos pagados o pendientes de pago a Madero Media Group. También dejó asentado que Julián Ferrero había señalado la existencia de cuatro facturas de $2 millones.

El trámite legislativo avanzaba, por lo tanto, hacia el recinto. Sin embargo, durante la sesión del jueves el bloque alineado con Javkin y los concejales de La Libertad Avanza evitaron que el expediente fuera incorporado al temario.

Según la reconstrucción que hemos hecho representantes del oficialismo alegaron que no habían acompañado el proyecto en comisión. La transmisión pública de esa reunión, difundida posteriormente por Ciudad Futura, mostraría lo contrario.

La maniobra resulta más grave que un voto negativo. Si el oficialismo consideraba improcedente el pedido, podía rechazarlo en el recinto y explicar sus razones. Al impedir su tratamiento, evitó la discusión pública, la identificación nominal de las posiciones y la obligación política de defender la contratación.

No respondió las preguntas: bloqueó el mecanismo que podía formularlas institucionalmente.

“La información es pública”, pero no la entregan

Durante el tratamiento en comisión, la presidenta Carolina Labayru sostuvo que toda la información solicitada era pública. El argumento, lejos de justificar el bloqueo, lo vuelve todavía más difícil de explicar.

Si los contratos, facturas, actos administrativos y áreas responsables pueden consultarse libremente, el Ejecutivo no debería tener ninguna dificultad para remitirlos al Concejo. Una respuesta documental habría permitido cerrar rápidamente cualquier sospecha.

Pero la información conocida hasta ahora no explica qué servicio recibió Rosario de Madero Media Group. La empresa figura en el Padrón de Agentes de Cobro con el número 83343 y bajo la categoría “servicios de publicidad no clasificados previamente”. Esa denominación fiscal acredita su inscripción como proveedora, pero no permite determinar qué campaña difundió, en qué plataforma, durante cuánto tiempo ni con qué alcance.

Tampoco responde por qué las cuatro acreencias fueron registradas el mismo día y por el mismo importe.

El pedido de Monteverde no pretendía descubrir que la empresa existía. Buscaba conocer qué hizo a cambio del dinero público. Esa parte continúa oculta.

Los $8 millones son pequeños dentro de una caja enorme

La Municipalidad de Rosario comprometió durante 2025 unos $9.318 millones en publicidad y propaganda, equivalentes al 1,04% de un gasto total ejecutado de $910.331 millones. Al cierre del año mantenía deudas por $2.609 millones con medios y agencias. Dentro de ese universo, los $8 millones correspondientes a Madero Media Group representan una proporción reducida.

Por eso el caso no debe presentarse como si La Derecha Diario hubiera capturado la caja publicitaria municipal. No ocurrió.

El principal beneficiario del esquema fue el conglomerado relacionado con Gustavo Scaglione. Las acreencias acumuladas por Grupo Televisión Litoral, La Capital, Telefe, Publicidad Ovidio Lagos, Metrópoli y otros medios vinculados alcanzaron aproximadamente $1.571 millones: el 60,19% de toda la deuda publicitaria declarada al finalizar 2025.

Ese nivel de concentración constituye un problema estructural mucho mayor que la contratación puntual de Madero Media. Una política de transparencia seria debería permitir conocer los criterios completos utilizados para distribuir los $9.318 millones, no limitarse a investigar a un solo portal por su identidad política.

Sin embargo, que los $8 millones representen una porción pequeña no elimina el deber de explicarlos. Los montos reducidos también necesitan contratos, contraprestaciones verificables y funcionarios responsables.

La caja publicitaria quedó concentrada en una secretaría

El análisis de la Rendición de Cuentas realizado por Punto Biz agrega otro dato relevante: la Secretaría de Gobierno, encabezada por Sebastián Chale, administró aproximadamente $8.871 millones, equivalentes al 95% de todo el presupuesto municipal destinado a publicidad y propaganda. Las demás dependencias repartieron apenas el 5% restante.

Esa concentración facilita la coordinación de la comunicación oficial, pero también reúne una enorme capacidad política en una sola oficina. La pauta no es únicamente la compra de espacios para informar servicios municipales. Puede premiar coberturas favorables, construir vínculos con grupos empresarios, condicionar agendas periodísticas y financiar medios con los que un gobierno busca mejorar su relación.

Por eso el expediente preguntaba qué área, secretaría, subsecretaría, dirección o repartición había autorizado específicamente la contratación de Madero Media Group.

Bloquear esa respuesta protege a quien tomó la decisión.

El problema no es financiar una línea editorial de derecha

La Municipalidad puede contratar publicidad con un medio liberal, conservador, peronista, socialista o abiertamente opositor. Utilizar la posición editorial de La Derecha Diario como única razón para objetar el gasto reproduciría la lógica de una pauta utilizada para premiar afinidades y castigar diferencias.

El cuestionamiento debe sostenerse sobre criterios verificables: audiencia, alcance territorial, segmentación, precio, cumplimiento del servicio y utilidad de la campaña para los habitantes de Rosario.

Precisamente esos datos no aparecen en la Rendición de Cuentas conocida.

La discusión tampoco debería transformarse en una condena anticipada contra Fernando Cerimedo por las causas abiertas en otros países. Su detención en Bolivia y las investigaciones que enfrenta aumentan el interés público sobre la estructura empresarial, pero no demuestran que los contratos municipales sean ilegales.

La contratación debe ser explicada por lo que contiene, no por la biografía judicial de una persona vinculada con la empresa.

Ese criterio fortalece el pedido de informes: si el servicio existió, fue prestado y tuvo un precio razonable, el municipio puede demostrarlo mediante documentos. Si no puede hacerlo, la gravedad no dependerá de la ideología del portal, sino de la ausencia de contraprestación o justificación administrativa.

Javkin quedó atrapado en su propia trayectoria

La alianza legislativa resulta particularmente incómoda para Javkin porque construyó su identidad política desde espacios que se presentaban como republicanos, progresistas y defensores del control institucional. Pasó por Franja Morada, presidió la Federación Universitaria Argentina, integró el ARI de Elisa Carrió y posteriormente creó su propia fuerza.

Su llegada a la Intendencia significó el final de tres décadas de gobiernos socialistas en Rosario. Desde entonces procuró ocupar un centro político autónomo, distante tanto del peronismo como de la derecha libertaria.

El bloqueo del expediente debilita esa construcción. No porque contratar publicidad en La Derecha Diario convierta automáticamente a Javkin en libertario, sino porque su bloque prefirió coincidir con LLA antes que entregar información pública solicitada por la oposición.

El progresismo puede sobrevivir a una pauta destinada a un medio de derecha. Lo que difícilmente pueda explicar es la negativa a mostrar el contrato.

La primera fotografía de una alianza para 2027

Monteverde se prepara para competir nuevamente por la Intendencia después de haber quedado cerca de derrotar a Javkin en 2023. Su armado con el peronismo y sectores de centroizquierda amenaza la continuidad del oficialismo municipal, mientras Javkin evalúa el camino hacia un tercer mandato.

En ese escenario, La Libertad Avanza puede convertirse en adversario, aliado electoral o socio legislativo según cómo evolucione la disputa. La coincidencia para retirar el pedido de informes funciona como una primera señal, pero no demuestra por sí misma que exista un acuerdo cerrado para 2027.

Un pacto electoral necesita negociaciones sobre candidaturas, listas, programas y distribución de poder. Nada de eso quedó acreditado con este episodio.

Lo comprobado es más limitado y, al mismo tiempo, políticamente importante: frente a un expediente que podía incomodar a Javkin y exponer contratos con una empresa vinculada al dispositivo comunicacional libertario, ambos espacios actuaron del mismo lado.

No alcanza para probar una alianza futura. Alcanza para documentar una sociedad presente.

La pregunta que sobrevivió al bloqueo

El expediente 281835-P-2026 no establecía que Javkin hubiera financiado ilegalmente a La Derecha Diario. Tampoco afirmaba que los $8 millones hubieran sido pagados en su totalidad. Pedía que el Ejecutivo aclarara esas cuestiones y remitiera la documentación necesaria.

Después de la maniobra legislativa, las preguntas permanecen intactas: qué servicio prestó Madero Media Group, quién lo contrató, por qué se registraron cuatro acreencias idénticas el 30 de diciembre, cuánto se pagó finalmente y si la relación continuó durante 2026.

Javkin y LLA consiguieron que el Concejo no obligara al municipio a responder. Pero el bloqueo produjo el efecto político contrario al que buscaban: convirtió cuatro comprobantes relativamente menores dentro de una caja de $9.318 millones en la prueba visible de que, cuando la oposición pidió abrir las cuentas, el oficialismo rosarino y los libertarios prefirieron cerrar juntos el expediente.

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