CONCHITA PRETA
Sandra Pettovello quedó bajo una denuncia que puede escalar hasta la OIT después de que un sindicato intervenido con participación de funcionarios bajo la órbita de Capital Humano terminara prestando su sede para un acto de La Libertad Avanza. El gremio debía ser “normalizado”; aparecieron funcionarios nacionales, dirigentes libertarios y banderas partidarias. La batalla contra la casta sindical alcanzó así su fase superior: desalojarla para probarse el traje.
La Libertad Avanza llegó al poder prometiendo terminar con la casta.
El inconveniente es que cada vez que encuentra una caja, empieza a sentir vocación de familia ensamblada.
El caso que ahora salpica a Sandra Pettovello empezó en el Sindicato de la Fruta de Entre Ríos y Corrientes. El 28 de diciembre, según la denuncia, un grupo encabezado por Iván Amaro tomó por la fuerza la sede en Concordia, rompió cerraduras y desplazó al secretario general Alcides Camejo.
Amaro tenía un antecedente poco habitual para un proceso llamado “normalización”: fue condenado en 2016 a tres años de prisión por el intento de homicidio del exdiputado Alejandro Bahler.
Una elección interesante.
Cuando uno quiere transmitir institucionalidad, generalmente empieza cambiando la cerradura.
Acá empezaron rompiéndola.
La intervención necesitaba respaldo institucional de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano. En ese proceso apareció Eduardo Vidoni, responsable de la Agencia Territorial Concordia.
Hasta ahí, el Gobierno todavía podía sostener que estaba actuando como árbitro estatal frente a un conflicto sindical.
Entonces ocurrió algo que ningún manual de encubrimiento recomienda:
se sacaron una foto.
Vidoni apareció en la sede intervenida junto a Amaro y Roque Fleitas, presidente de La Libertad Avanza en Entre Ríos. Fleitas llegó acompañado por banderas partidarias, porque aparentemente consideraron excesivamente sutil intervenir un sindicato y después reunirse adentro.
También participaron el diputado nacional Pablo Ansaloni y funcionarios nacionales vinculados con Agricultura.
La neutralidad estatal quedó preciosa.
Lástima que salió atrás de la bandera violeta.
Para Camejo, la fotografía es dinamita jurídica: sostiene que permitiría demostrar que Vidoni tenía un interés político-partidario y que los informes, actas e inspecciones utilizados para respaldar la intervención podrían estar contaminados por parcialidad.
Sus abogados preparan un pedido de nulidad absoluta del proceso por presunto “vicio de finalidad”.
Traducido al idioma que comprende cualquier contribuyente:
dicen que fueron a arreglar el sindicato y sospechan que terminaron arreglándolo para ellos.
La cuestión puede ponerse todavía peor para Pettovello.
Camejo analiza recurrir a la Organización Internacional del Trabajo alegando una vulneración del Convenio 87 sobre libertad sindical. El Estado argentino tendría que responder y Capital Humano queda directamente involucrado porque la Secretaría de Trabajo depende de la cartera de Pettovello.
Una evolución administrativa fascinante.
El ministerio creado para concentrar políticas sociales, laborales, educativas y culturales ahora podría sumar otra función:
explicarle a un organismo internacional por qué un sindicato bajo intervención estatal terminó pareciendo un comité de campaña.
Y ahí aparece la ironía más deliciosa.
Durante años, el discurso libertario presentó a buena parte del sindicalismo como una estructura de cajas, aparatos, privilegios y utilización política de organizaciones gremiales.
Había que terminar con aquello.
Modernizar.
Transparentar.
Despolitizar.
Romper con las viejas prácticas.
Por lo visto, “romper” fue la única parte que algunos interpretaron literalmente.
Porque la denuncia no cuestiona solamente una fotografía inconveniente. Su argumento intenta atacar la legitimidad misma de la intervención: si quienes debían garantizar imparcialidad aparecen participando de un acto partidario dentro del gremio intervenido, la supuesta normalización podría terminar judicialmente convertida en otra cosa.
Y si prosperara la nulidad, todo podría retrotraerse y Camejo recuperar el sindicato.
Es decir: la operación destinada a normalizarlo podría acabar normalizando al normalizador de una patada administrativa.
Pero queda además flotando la cuestión de las cajas sindicales y de las obras sociales, un terreno que la propia nota vincula con el interés político alrededor de distintas organizaciones gremiales.
Ahí la batalla cultural adquiere una profundidad casi espiritual.
La casta sindical era repugnante.
Las cajas eran inmorales.
Las estructuras gremiales representaban la vieja Argentina.
Hasta que alguien miró para adentro.
Y la motosierra empezó a parecer llave de caja fuerte.
Ahora Pettovello queda frente a una acusación políticamente venenosa: la ministra de un gobierno que prometió liberar a la Argentina de los aparatos sindicales puede terminar dando explicaciones por la presunta utilización partidaria de un sindicato intervenido bajo la órbita estatal.
No significa que la denuncia ya esté probada ni que la OIT haya condenado al Gobierno. Es el planteo que preparan Camejo y sus abogados.
Pero como fotografía política resulta bastante difícil de mejorar.
Querían terminar con la casta.
Encontraron un sindicato.
Lo intervinieron.
Entraron los libertarios.
Colgaron las banderas.
Posaron para la foto.
Y ahora vienen los abogados.
Pettovello fue a combatir la casta sindical y terminó descubriendo el verdadero problema de adoptar una: después hay que ir a buscarla a la OIT.
