Melina Schweizer
Aldo Sergio Parodi asegura que lleva más de 20 años impulsando denuncias judiciales por presunto encubrimiento de crímenes de lesa humanidad. En una entrevista exclusiva con InfoNegro, sostuvo que su causa más reciente, la CFP 804/2026, busca activar el Estatuto de Roma en Argentina y llevar el caso hasta la Corte Penal Internacional. Sus afirmaciones apuntan a la Cancillería argentina, al Vaticano, a exjefes de Estado y a la responsabilidad política de haber dejado avanzar, sin respuesta judicial efectiva, denuncias que —según sostiene— nunca debieron ser archivadas.
Aldo Sergio Parodi se presenta como “un mendocino, un ciudadano como usted, comprometido con la dignidad humana, con la verdad y con la justicia”. No elige un tono bajo ni una entrada diplomática. Habla como denunciante, como alguien que hace años decidió llevar a tribunales lo que, según su relato, el poder político prefirió callar. En la entrevista exclusiva con InfoNegro, lo dice de entrada y sin rodeos: “Nosotros, en lugar de horrorizarnos por lo que nos sigue, hicimos lo que había que hacer: judicializarlo”.
Su punto de partida, afirma, fue el 12 de octubre de 2003. Ese día, recuerda, leyó en la prensa internacional una noticia que lo sacudió: “el Pentágono vendía insumos para fabricar armas bacteriológicas online”. “Yo leí tres veces la denuncia y la judicialicé”, asegura. Desde entonces, ubica allí el origen de una larga secuencia de presentaciones judiciales que, con los años, se fueron ampliando hacia Irak, Guantánamo, Abu Ghraib, Líbano y Gaza. En su reconstrucción, no se trata de episodios aislados sino de una misma trama: la de graves crímenes internacionales que, a su entender, fueron objeto de un presunto encubrimiento diplomático y político.
Parodi afirma que el núcleo de su denuncia es tan simple como explosivo: Argentina, como Estado parte del Estatuto de Roma, tenía la obligación de denunciar crímenes de lesa humanidad y no de encubrirlos. “Cuando adherimos al Estatuto de Roma, adherimos a todo el Estatuto de Roma. Son más de 126 países y eso conlleva la responsabilidad de denunciar criminales de lesa humanidad, no encubrirlos”, dice. Y refuerza esa idea con un argumento de autoridad simbólica: “Argentina tiene toda la autoridad moral para haber denunciado en tiempo y forma esto”, en alusión a la tradición local en materia de derechos humanos y al hecho de que el primer fiscal de la Corte Penal Internacional fue el argentino Luis Moreno Ocampo.
Su denuncia más reciente quedó registrada, según explica, bajo la causa CFP 804/2026. Parodi sostiene que hoy ese expediente representa una oportunidad para que la Justicia argentina rompa con una inercia de años. La causa, afirma, busca que “la justicia argentina active los mecanismos previstos en el Estatuto de Roma” y, al mismo tiempo, exponga el bloqueo que —según denuncia— existió desde la vía diplomática. En su planteo, no se trata sólo de revisar hechos del pasado, sino de probar una conducta sostenida de encubrimiento estatal.
Cuando habla de la Cancillería, Parodi apunta menos a los funcionarios de carrera que a la cadena de mando política. “La Cancillería recibe órdenes”, dice. Y enseguida formula una de las frases más fuertes de toda la entrevista: “El Poder Ejecutivo lo desempeña una sola persona. Y si esa persona decide encubrir a Bush o a Trump, no hay chance de que ningún funcionario de Cancillería pueda hacer algo”. En su mirada, el ministerio queda atrapado “entre lo que tiene que hacer por tratado internacional y lo que le mandan a hacer”. Por eso agrega: “El canciller no puede hacer otra cosa que o renunciar o hacer lo que le dice el presidente. Y en este caso, si no renunciás, sos parte de este encubrimiento”.
Es ahí donde desplaza el foco hacia la responsabilidad de los jefes de Estado argentinos. Los nombra como actores que, a su juicio, permitieron que las denuncias no avanzaran. “Estas compulsas gotean sangre inocente desde los armarios de Cancillería, pero fueron los presidentes argentinos los que lo permitieron”, dice. En la entrevista menciona a George W. Bush, José María Aznar, Tony Blair, Benjamin Netanyahu y Donald Trump entre los líderes denunciados, y al mismo tiempo cuestiona a quienes gobernaron la Argentina mientras esos expedientes pasaban por juzgados y despachos oficiales sin una derivación eficaz hacia instancias internacionales.
Uno de los pasajes más sensibles de la conversación aparece cuando detalla el caso del sacerdote mendocino Jorge Hernández. Parodi afirma que Hernández, oriundo de San Rafael, tuvo como primer destino pastoral la parroquia Sagrada Familia, en la Franja de Gaza, y que en 2014 ese templo fue bombardeado. “Acá hay una víctima argentina que cumple tres condiciones: es mendocino, es un clérigo y fue atacado por el Estado israelí”, sostiene. Según su relato, el Vaticano no promovió una denuncia penal internacional por ese hecho, sino que trasladó al sacerdote. “En lugar de denunciar, lo cambiaron de parroquia”, afirma. A partir de ese episodio, Parodi construye uno de sus argumentos más insistentes: que el Estado Vaticano, al ser un Estado soberano, tenía y tiene capacidad de actuar judicialmente.
No es el único caso que menciona. También incorpora el nombre de Gabriel Romanelli, a quien presenta como un segundo sacerdote mendocino alcanzado por bombardeos en Gaza. En la lógica de Parodi, estos dos casos cambian la escala del conflicto: ya no se trataría sólo de denuncias abstractas sobre crímenes internacionales, sino de hechos que involucrarían directamente a ciudadanos argentinos y a dos miembros del clero católico. Por eso insiste: “No es lo mismo que denuncie una ONG a que el Estado Vaticano denuncie crimen de guerra en perjuicio de dos clérigos”. Y empuja su hipótesis hasta una consecuencia concreta: “Si el Estado Vaticano se presenta como víctima en la Corte Penal Internacional, esta historia se resuelve en 48 horas”.
La entrevista sube todavía más de temperatura cuando se refiere al Papa y al actual jefe del Vaticano. Parodi no acepta la posibilidad de un simple desconocimiento de los hechos. “Salió en todos los diarios del mundo que un sacerdote fue bombardeado en Gaza”, dice. Entonces, afirma, la pregunta no debería ser si el Papa está o no enterado, sino por qué no se impulsa una acción penal. En esa línea, nombra a Robert Prevost y lo define como “el jefe del Estado Vaticano”, el único que —según su visión— podría hacer estallar “la bomba de la verdad” con una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional. “La guerra es un negocio, el Papa lo sabe y tiene que dejar de estar escondido detrás de la sotana”, afirma. Y remata: “Si nosotros no metemos presos a los perros de la guerra, los perros de la guerra van a terminar con el mundo en cuestión de horas”.
Ese concepto, “los perros de la guerra”, recorre gran parte de su discurso. Parodi lo vincula con una idea de negocio global basado en la muerte, el petróleo y los recursos naturales. “Hay suficiente arsenal nuclear para desintegrar el mundo en horas y estamos en manos de perros de la guerra que lo único que quieren es lucrar con los recursos naturales y lucrar con la muerte”, sostiene. No habla como un jurista técnico sino como un denunciante que combina expediente, geopolítica, religión y acusación moral. En esa mezcla, insiste en que la Corte Penal Internacional “está siendo atacada con una presión brutal” y menciona los pedidos de captura o medidas contra Vladimir Putin, Netanyahu y Maduro, además de reclamar que el tribunal avance sobre Donald Trump.
Su confianza, sin embargo, no está puesta sólo en La Haya. También mira a Comodoro Py. Parodi asegura que “lo último está en Servini de Cubría” y que la causa la tiene el fiscal Carlos Rívolo, a quien identifica como presidente de la Asociación de Fiscales argentinos. Allí formula otra frase central: “No podés archivar un crimen de guerra”. En su argumento, tampoco puede archivarse “una denuncia que te está diciendo que hace 23 años el Poder Ejecutivo Nacional es parte, o sea cómplice”, de crímenes de lesa humanidad. Esa imposibilidad moral y jurídica de archivar es, para él, el punto donde la Justicia argentina debería marcar una diferencia.
La escena que describe para la jueza María Romilda Servini es incluso más dramática. “La jueza Servini tiene en sus manos los cadáveres de la escuela pública de Irán”, dice, aludiendo a una denuncia reciente que —según afirma— incorpora la muerte de más de 160 niñas bombardeadas mientras estaban en la escuela. Su pedido a la magistrada es directo y poco habitual: que viaje personalmente junto con el fiscal a la Corte Penal Internacional y exponga “todas las bombas juntas”: Irán, Irak, Gaza y Líbano. “Doctora, por favor, viaje personalmente con el fiscal y pida audiencia con la Corte Penal Internacional”, cuenta que le solicitó. En su visión, la gravedad acumulada del expediente justifica un gesto extraordinario.
Parodi también se detiene en el papel de la prensa. Considera que, hasta ahora, hubo publicaciones aisladas, pero subraya que esta entrevista representa la primera exposición televisiva integral de su caso, “con las pruebas sobre la mesa”. Ve a los medios como un detonante más que como un observador. “La prensa es la que prende la luz cuando todo está apagado”, dice. Y refuerza esa idea con una imagen que repite varias veces: la de las “bombas de verdad” que durante años no fueron detonadas. En otra parte de la entrevista recuerda que, cuando llevó a Mendoza al embajador palestino en Argentina en 2016, el expediente fue exhibido incluso ante el juez federal Walter Bento, hoy condenado por corrupción. “Un expediente que gotea sangre inocente no es un expediente más”, afirma. Y después agrega: “Dos periodistas hicieron caer a Nixon solamente con la verdad”.
Su mirada sobre los organismos de derechos humanos en Argentina tampoco ahorra dureza. Hacia el final de la entrevista le preguntan qué les diría hoy. La respuesta vuelve a condensar su reclamo en una sola palabra: “coherencia”. Pero antes carga con una frase que incomoda: “Que tengan un poco de vergüenza”. Parodi cuestiona que, según él, no hayan impulsado denuncias penales contra Bush, Trump o Netanyahu del mismo modo en que en su momento denunciaron a los responsables de la última dictadura argentina. “Es muy fácil pegarle a un perro muerto como Videla; había que denunciar a Bush cuando era presidente”, sostiene. Más allá de la crudeza verbal, ahí está el corazón político de su interpelación: que la agenda de derechos humanos no se limite a las fronteras nacionales ni a los responsables ya derrotados.
A lo largo de toda la conversación, Parodi habla en primera persona, pero intenta construir algo más amplio que una causa individual y por “un grupo de gente” en Cordoba que, según dice, eligió judicializar en vez de callar. Repite que no actúa por ideología partidaria ni por conveniencia personal. “Mi compromiso es con los que hoy no van a ver el sol”, dice en un momento, al recordar niños gazatíes, iraquíes y libaneses. Esa frase, más que cualquier otra, resume el tono de la entrevista: el de una denuncia sostenida sobre una mezcla de convicción moral, furia política y apuesta a que la verdad documental todavía pueda producir un efecto.
Nada de lo que afirma en la entrevista equivale, por sí mismo, a una condena judicial. Son acusaciones graves, de enorme sensibilidad institucional e internacional, que exigen verificación, derecho a réplica y contraste riguroso. Pero también es cierto que Parodi no habla como un comentarista lejano: habla como el hombre que denuncia. Y eso, en esta entrevista, queda claro desde el primer minuto. No viene a opinar sobre una causa; viene a decir que la impulsó, que la empujó durante más de dos décadas y que, según cree, todavía está a tiempo de estallar.
Si su pronóstico es correcto o no, eso ya no dependerá sólo de su voz. Dependerá de lo que hagan la Justicia, la política, la Cancillería, el Vaticano y también el periodismo ante una denuncia que, por la magnitud de lo que sostiene, no admite ligereza. En su última intervención, Parodi no pide prudencia: pide acción. Pide cárcel para “los perros de la guerra”, pide coherencia a los organismos de derechos humanos, pide una respuesta penal del Vaticano, pide que la jueza Servini viaje a La Haya y pide que la prensa no mire hacia otro lado. En otras palabras, pide que alguien haga algo antes de que, según su propia expresión, “nos quedemos sin tierra”.
CONCHITA PRETA
GONZALO SCHWEIZER
