Rodolfo Gudino
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso el decomiso de una veintena de propiedades vinculadas a la ex presidenta y más de 80 inmuebles de otros condenados, entre ellos Lázaro Báez, para cubrir el monto del perjuicio económico al Estado. La decisión fue firmada este viernes por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes avanzar con la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, en el marco de la causa Vialidad. La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la actual presidenta del Partido Justicialista y a más de 80 inmuebles del resto de los implicados, entre ellos el empresario Lázaro Báez y sus empresas.
El fallo, firmado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, forma parte del proceso para recuperar el dinero considerado desviado en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La condena ya está firme e incluye la pena de prisión domiciliaria que la ex mandataria cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución.
Según lo establecido en la causa, el monto que debe devolver la ex presidenta fue actualizado con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes para resarcir al Estado. Los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que se encargará de su administración y eventual venta.
Los abogados de la ex presidenta y sus hijos se quejaron de la disposición al argumentar que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de su padre, Néstor Kirchner, o recibidos por cesión en 2016, y que incluso algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada. La Justicia, sin embargo, consideró que los bienes forman parte del patrimonio de los condenados y deben responder por el daño causado al Estado.
Melina Schweizer
