Melina Schweizer
La CGT, las dos CTA, la UTEP y ATE se movilizarán este jueves 20 de agosto a las 14 frente al Ministerio de Economía. Reclamarán un programa público de desendeudamiento para millones de familias que ya utilizan tarjetas y préstamos para comprar alimentos, pagar servicios y cancelar otras deudas.
La deuda dejó de financiar el auto, las vacaciones o la compra de un electrodoméstico. En millones de hogares argentinos, ahora paga la comida, la farmacia, el alquiler y la factura de luz. Para denunciar esa transformación, la Confederación General del Trabajo, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y la Asociación Trabajadores del Estado volverán a movilizarse este jueves 20 de agosto en el centro porteño.
La concentración fue convocada para las 14 en Plaza de Mayo y tendrá como destino el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo. Las organizaciones reclamarán que el Gobierno reconozca el endeudamiento familiar como un problema social y aplique un programa que permita refinanciar obligaciones con tasas y plazos compatibles con los ingresos de los hogares.
La movilización reunirá por primera vez detrás de este reclamo específico a las principales centrales sindicales y organizaciones de la economía popular. El objetivo será colocar en la agenda pública una crisis que avanza silenciosamente detrás de los números de inflación: el salario puede alcanzar durante menos días, pero la tarjeta permite esconder el faltante hasta el próximo resumen.
Entonces llegan los intereses, el pago mínimo y una nueva deuda para cancelar la anterior. La heladera se llena una semana; el agujero financiero puede durar años.
Deber para poder comer
“El endeudamiento es para comer y pagar los servicios”, advirtió Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT. Para el dirigente, el modelo económico arrincona a las familias y las obliga a recurrir al crédito para sostener gastos elementales.
La afirmación se encuentra respaldada por la composición de las deudas. Los relevamientos sindicales muestran que una parte considerable de los préstamos ya no se destina a adquirir bienes durables, sino a urgencias médicas, educación, alquileres, expensas, ropa y alimentos.
Una encuesta realizada por ATE entre trabajadores estatales indicó que el 87% mantiene alguna deuda vigente. Dentro de ese grupo, el 73% debe dinero a más de una entidad simultáneamente. El 40% recurrió al financiamiento para atender gastos médicos, educativos o habitacionales, mientras que otro 37% lo utilizó para comprar comida y ropa o pagar compromisos anteriores.
El endeudamiento dejó así de funcionar como una forma de anticipar consumo futuro. Se convirtió en un complemento privado de salarios que no cubren el presente.
Una familia que pide dinero para llenar el changuito no está mejorando su nivel de vida: está trasladando el hambre de hoy al resumen del mes próximo, con intereses.
La mora familiar se multiplicó
La velocidad con la que aumentaron los incumplimientos muestra que el problema no puede explicarse por una supuesta irresponsabilidad individual. Según los datos difundidos a partir de los informes del Banco Central, la irregularidad de las financiaciones a las familias alcanzó el 12,7% en junio de 2026. En octubre de 2024 se encontraba alrededor del 2,5%.
El salto significa que el índice se multiplicó por cinco en menos de dos años. La tendencia ya era visible en enero, cuando el Banco Central informó que la mora familiar había llegado al 10,6%. El deterioro se concentra principalmente en tarjetas de crédito y préstamos personales, las herramientas más utilizadas para financiar el consumo cotidiano.
El dato representa operaciones impagas, pero detrás de cada registro aparece una familia que comenzó a atrasarse, perdió acceso al crédito bancario o quedó expuesta a intereses punitorios. Cuando el sistema formal cierra sus puertas, el siguiente escalón suele ser todavía más caro: billeteras virtuales, financieras no bancarias, aplicaciones con escaso control y prestamistas informales.
Desde las organizaciones sociales advierten que siete millones de personas ya habrían perdido la condición de sujetos de crédito por no poder afrontar sus obligaciones. En los barrios populares, esa expulsión abre un mercado para mecanismos de préstamos asociados en algunos casos con redes delictivas, amenazas y violencia.
El Banco Central puede considerar sólido al sistema financiero porque los bancos cuentan con previsiones suficientes para absorber los impagos. La familia endeudada, en cambio, no tiene un fondo contable para absorber que el sueldo se termine el día 20.
El Gobierno dice que es un asunto entre privados
La movilización también será una respuesta directa al discurso de la Casa Rosada. Frente al crecimiento de la mora, el gobierno de Javier Milei rechazó impulsar una asistencia nacional y sostuvo que las deudas forman parte de relaciones contractuales entre privados.
El ministro Luis Caputo afirmó que existe poco margen para intervenir porque se trata de acuerdos entre las personas y las entidades financieras. Milei fue más brutal: dijo que “nadie les puso una pistola en la cabeza” a quienes tomaron préstamos.
La frase convierte la necesidad en una elección libre y borra las condiciones en las que se produce. Nadie obliga físicamente a una madre a pagar alimentos con tarjeta, pero la amenaza de que sus hijos no coman cumple la misma función. Nadie apunta a un jubilado para que solicite dinero, pero el precio de los medicamentos puede dejarle solamente dos opciones: endeudarse o abandonar el tratamiento.
La libertad contractual entre un banco y una persona que necesita comer dura exactamente lo que tarda en llegar el hambre.
Para Jerónimo, la morosidad no es un conflicto exclusivamente privado porque fue generada dentro de un modelo que debilitó los ingresos laborales y expandió la especulación financiera. “El Gobierno no puede hacerse el distraído”, sostuvo al reclamar instrumentos para aliviar la carga sobre los hogares.
El reclamo por un programa nacional
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, pidió la creación urgente de un programa estatal de desendeudamiento que ofrezca alternativas reales de pago y limite el peso de los intereses acumulados.
“Más de 20 millones de personas, casi la mitad del país, están endeudadas”, afirmó el dirigente en la convocatoria oficial de ATE. Según Aguiar, el Gobierno dispone de herramientas regulatorias y financieras, pero se niega a utilizarlas en favor de las familias.
Las organizaciones todavía deberán transformar el reclamo general en una propuesta detallada. Entre las posibles medidas aparecen la refinanciación con tasas limitadas, la extensión de los plazos, la suspensión temporal de intereses punitorios, la regulación de los créditos otorgados por plataformas digitales y la creación de mecanismos para que los deudores recuperen el acceso al sistema financiero.
Un programa de esas características exigiría definir quiénes podrían ingresar, qué deudas serían alcanzadas y cuál sería la participación de los bancos. El objetivo no sería regalar dinero ni eliminar las obligaciones, sino impedir que intereses imposibles conviertan un préstamo pequeño en una condena financiera permanente.
La Ciudad de Buenos Aires ya avanzó con una experiencia limitada. El Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, nacido de un proyecto de Leandro Santoro y adoptado por la administración de Jorge Macri, permite refinanciar determinadas deudas en mora durante un máximo de 24 meses, con una tasa nominal anual de hasta el 35%. Nueve bancos adhirieron a cambio de beneficios en Ingresos Brutos.
La iniciativa porteña demuestra que el Estado puede intervenir incluso sin condonar el capital adeudado. También deja expuesta la contradicción nacional: mientras un gobierno del PRO negocia con entidades financieras para evitar la exclusión de los morosos, Milei reduce el problema a personas que supuestamente firmaron contratos sin que nadie las amenazara.
Cuando el sueldo termina antes que el mes
La crisis del endeudamiento revela el límite de celebrar la desaceleración inflacionaria sin mirar la capacidad real de compra. Los precios pueden aumentar más lentamente y, al mismo tiempo, los hogares continuar empobreciéndose si los salarios permanecen retrasados, las tarifas suben y los gastos fijos absorben una proporción cada vez mayor de los ingresos.
Según una encuesta de la consultora Zentrix, casi nueve de cada diez argentinos consideran que necesitan dos o más trabajos para llegar a fin de mes. Entre las personas menores de 40 años, el 85% no logra cubrir sus gastos después del día 20 y el 77% se encuentra endeudado.
Son datos de una consultora privada y no deben confundirse con estadísticas oficiales, pero coinciden con la aceleración de la mora registrada por el Banco Central y con los relevamientos sindicales. Todas las mediciones apuntan en la misma dirección: trabajar ya no garantiza vivir sin pedir prestado.
La protesta del jueves buscará llevar esa realidad desde las aplicaciones bancarias hasta la puerta del Palacio de Hacienda. Será una marcha de trabajadores formales, estatales, jubilados y sectores de la economía popular unidos por una nueva identidad común: todos deben dinero porque sus ingresos dejaron de financiar la vida.
El Gobierno llama libertad al derecho de los bancos a cobrar y responsabilidad individual a la obligación de las familias de pagar. Los sindicatos responderán desde la calle que no existe contrato libre cuando una de las partes necesita un préstamo para comer.
El jueves, Plaza de Mayo no estará ocupada por personas que se niegan a cumplir sus compromisos. Marcharán quienes trabajan, pagan y vuelven a pedir prestado porque el sueldo desaparece antes de que termine el mes. En la Argentina de Milei, llegar a fin de mes dejó de ser una cuenta doméstica: se convirtió en una operación financiera de alto riesgo.
Rodolfo Gudino
