Melina Schweizer
Joaquín Benegas Lynch, senador de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Agricultura, fundó Glocal Terra SRL, una empresa que ofrece campos y servicios de administración a inversores extranjeros. El vínculo quedó expuesto mientras el oficialismo intentaba flexibilizar la Ley de Tierras y provocó un pedido formal para apartarlo del debate por presunto conflicto de intereses.
Mientras el gobierno de Javier Milei intentaba convencer al Senado de que facilitar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros era una política destinada a atraer inversiones, uno de sus legisladores más cercanos tenía una actividad privada directamente vinculada con ese mercado. Joaquín Benegas Lynch, senador nacional por Entre Ríos, fundó y dirige Glocal Terra SRL, una compañía dedicada al asesoramiento de inversores, la intermediación inmobiliaria y la administración de campos en la Argentina y otros países sudamericanos.
La vinculación no surge de una denuncia anónima ni de una interpretación opositora. Está documentada en el Boletín Oficial y en la propia página de la empresa, donde Benegas Lynch aparece presentado como “Founder & Managing Director”. Glocal Terra promociona en inglés oportunidades de inversión en tierras agrícolas, forestales, áreas protegidas, estancias y propiedades de lujo, además de ofrecerse para representar y administrar los campos de propietarios radicados en el exterior.
El dato convirtió una discusión legislativa sobre la soberanía territorial en un posible conflicto de intereses. El senador no solamente pertenece al bloque que promovía la flexibilización de las restricciones: desde marzo de 2026 preside la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, una posición institucional estrechamente relacionada con la actividad económica desarrollada por su empresa.
Una sociedad creada para administrar y comercializar campos
Glocal Terra SRL fue constituida el 13 de marzo de 2020 por Joaquín Alberto Benegas Lynch y su esposa, Eloisa Perea Muñoz. El edicto de constitución fijó como sede social la avenida Santa Fe 768, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras ambos socios declararon domicilio personal en La Paz, Entre Ríos.
El objeto social publicado en el Boletín Oficial es suficientemente amplio: permite gestionar y administrar bienes rurales y urbanos, brindar asesoramiento relacionado con inmuebles e intervenir en la compraventa de propiedades, participaciones empresariales, ganado y otros activos.
La página institucional ofrece servicios en la Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. En su cartera aparecen terrenos agrícolas, tierras forestales, grandes superficies protegidas y fincas de lujo. También promete búsquedas de propiedades exclusivas que no se encuentran públicamente en el mercado.
La presentación comercial está dirigida claramente a capitales internacionales. La empresa explica que puede actuar en nombre de propietarios extranjeros, supervisar las explotaciones, elaborar informes financieros y administrar integralmente los activos rurales. No se trata, por lo tanto, de una consultora sin relación directa con la propiedad de la tierra: su negocio consiste precisamente en conectar inversores con campos y gestionar esos bienes después de la adquisición.
Glocal Terra afirma contar con experiencia vinculada con “más de tres millones de hectáreas en transacciones” en América Latina. Ese enunciado debe reproducirse con precisión: es una afirmación comercial de la propia firma sobre la experiencia acumulada por su equipo, no una prueba independiente de que la sociedad fundada en 2020 haya vendido por sí sola esa superficie.
El antecedente de Pampa Partners y Douglas Tompkins
La relación de Benegas Lynch con el mercado internacional de tierras comenzó mucho antes de Glocal Terra. El actual senador dirigió durante más de trece años Pampa Partners, una firma creada en la órbita del empresario y conservacionista estadounidense Douglas Tompkins.
En su perfil profesional, Benegas Lynch sostiene que fue contratado por Tompkins para poner en marcha y conducir la compañía. El sitio de Pampa Partners todavía lo identifica como contacto para las consultas relacionadas con propiedades y con la eventual comercialización de campos.
Tompkins, fundador de The North Face y cofundador de Esprit, compró junto con su esposa, Kristine McDivitt Tompkins, grandes extensiones territoriales en la Argentina y Chile para proyectos de conservación. Una parte importante de esas tierras fue posteriormente donada a los Estados para crear o ampliar parques nacionales.
Por esa razón, describir a Pampa Partners simplemente como una estructura utilizada para apropiarse de territorio sería incompleto. Existieron adquisiciones privadas de enormes dimensiones, pero también transferencias al patrimonio público y proyectos de preservación ambiental. Lo relevante para el caso actual es otro dato: Benegas Lynch posee una extensa experiencia profesional en la adquisición, administración y comercialización de campos para capitales internacionales.
El senador que podía beneficiarse con la ley
La reforma impulsada por el Gobierno buscaba modificar la Ley 26.737, sancionada en 2011, que limita al 15% la superficie rural que puede quedar bajo titularidad extranjera. La primera versión oficialista pretendía eliminar restricciones centrales. Ante la resistencia de gobernadores y senadores aliados, Patricia Bullrich ofreció elevar el límite del 15% al 25%.
La concesión no alcanzó. El miércoles 5 de agosto, La Libertad Avanza retiró íntegramente el capítulo sobre extranjerización para evitar una derrota en el recinto. El resto del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” continuó en la agenda del Senado, pero la modificación de la Ley de Tierras regresó a comisión.
La aparición pública de Glocal Terra agravó las sospechas cuando el oficialismo ya había perdido los votos. Una empresa dedicada a conseguir y administrar campos para inversores extranjeros podía obtener mayores oportunidades comerciales si se ampliaba el porcentaje de territorio rural disponible para esos compradores.
Eso no demuestra que Benegas Lynch haya promovido la reforma para aumentar sus ganancias ni prueba la comisión de un delito. Para sostener semejante acusación sería necesario acreditar una intervención legislativa orientada deliberadamente a beneficiar a la compañía y un provecho económico concreto. Lo que sí existe es una superposición objetiva entre su función pública y sus intereses empresariales.
El senador debía intervenir sobre una norma capaz de modificar el mercado en el que opera su propia empresa. El problema ético no desaparece porque todavía no se haya demostrado un beneficio económico. Un conflicto de intereses también puede existir cuando los intereses particulares generan dudas razonables sobre la imparcialidad con la que se ejerce una función pública.
Di Tullio pidió apartarlo del tratamiento
La senadora justicialista Juliana Di Tullio presentó una impugnación ante la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para que Benegas Lynch no pudiera debatir, firmar dictámenes ni votar la reforma.
La presentación invocó la Constitución Nacional, la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y los deberes de imparcialidad, transparencia y prevalencia del interés público. Di Tullio definió la situación como un caso en el que el legislador podía terminar actuando como “juez y parte”.
La Ley de Ética Pública alcanza expresamente a quienes desempeñan funciones por elección popular. Entre sus obligaciones establece que deben privilegiar el interés público sobre el particular, evitar beneficios personales indebidos y abstenerse de intervenir en asuntos comprendidos por causales legales de excusación.
Eso no significa que la impugnación produjera automáticamente la inhabilitación del senador. El Reglamento de la Cámara alta dispone que un legislador presente solamente puede abstenerse de votar con autorización del cuerpo. Además, la reforma territorial fue retirada antes de llegar al recinto, por lo que Benegas Lynch finalmente no tuvo que emitir su voto sobre ese capítulo.
La caída momentánea del proyecto evitó resolver el caso inmediato, pero no eliminó la pregunta de fondo: ¿puede el director de una empresa vinculada con inversiones extranjeras en campos participar en la elaboración de una ley que amplía el mercado para ese mismo negocio?
El libre mercado comenzaba en el despacho del senador
Glocal Terra no oculta su orientación ideológica. En su página sostiene que las empresas rentables funcionan mejor en contextos de libre mercado y sistemas no regulados. También atribuye a las regulaciones e intervenciones gubernamentales efectos negativos sobre la economía, la pobreza y la nutrición infantil.
La argumentación reproduce uno de los mecanismos discursivos habituales del mileísmo: cualquier límite estatal aparece asociado con pobreza, mientras la desregulación se presenta como una solución beneficiosa para toda la comunidad. Aplicada al territorio, la fórmula resulta particularmente conveniente para una empresa que intermedia entre propietarios e inversores.
Cuantas menos restricciones existan para comprar campos, más operaciones potenciales puede gestionar una firma dedicada a venderlos y administrarlos. La coincidencia entre ideología, actividad empresarial y proyecto legislativo no prueba por sí sola corrupción, pero exige una transparencia que hasta ahora el senador no proporcionó públicamente.
Benegas Lynch debería explicar qué participación conserva en Glocal Terra, si continúa percibiendo ingresos o utilidades, qué operaciones realizó la firma desde que asumió su banca y qué medidas adoptó para separar su actividad privada de sus funciones legislativas. También corresponde conocer si declaró esa participación ante los organismos competentes y si intervino en reuniones, dictámenes o negociaciones relacionadas con la reforma.
El Gobierno retiró el capítulo porque no consiguió los votos, no porque hubiera renunciado a su objetivo. Bullrich y los bloques aliados anunciaron que el tema continuará analizándose en comisión. Si la modificación vuelve al Congreso, el conflicto de intereses regresará con ella.
La discusión ya no se limita a determinar cuántas hectáreas pueden comprar los extranjeros. También obliga a preguntar quién redacta las reglas, quién las vota y quién puede ganar dinero después de que sean modificadas.
Porque una cosa es defender doctrinariamente el libre mercado y otra bastante más rentable es sentarse en el Senado a abrir el mercado en el que trabaja la empresa propia. La Ley de Tierras se cayó por falta de votos, pero dejó expuesto algo más profundo: mientras el Gobierno hablaba de atraer inversiones, uno de sus senadores ya tenía preparada la inmobiliaria.
