REDACCIÓN
Los centros de datos necesitan mucho más que computadoras: demandan grandes superficies, energía constante, conectividad y, según el sistema de refrigeración, enormes volúmenes de agua. El Súper RIGI permite computar la compra de inmuebles dentro de inversiones tecnológicas desde US$1.000 millones, mientras el Gobierno busca elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales en manos extranjeras.
La discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras suele presentarse como un conflicto entre quienes quieren atraer capitales y quienes pretenden impedir que el territorio argentino termine en manos extranjeras. Pero detrás de esa disputa aparece un actor que hasta hace pocos años no ocupaba ningún lugar central en el mercado rural: la industria mundial de la inteligencia artificial.
La IA suele ser representada mediante imágenes abstractas de algoritmos, nubes y redes digitales. Esa iconografía oculta su dimensión material. Los modelos no funcionan en un espacio incorpóreo: necesitan centros de datos, miles de procesadores, líneas eléctricas de alta tensión, conectividad de fibra óptica, sistemas de refrigeración, terrenos extensos y fuentes confiables de energía y agua.
En la Argentina, esa nueva demanda converge con dos iniciativas legislativas del gobierno de Javier Milei. Por un lado, la reforma de la Ley 26.737 flexibiliza las restricciones para que personas y empresas extranjeras adquieran tierras rurales. Por otro, el denominado Súper RIGI incorpora la “infraestructura tecnológica y digital estratégica” entre las actividades promovidas y permite computar la adquisición de inmuebles dentro de la inversión exigida para acceder a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años.
No existe prueba pública de que ambas leyes hayan sido diseñadas específicamente para beneficiar a OpenAI o a un proyecto determinado. Afirmarlo requeriría documentación o comunicaciones que no se conocen. Lo que sí está comprobado es que su combinación genera condiciones especialmente favorables para inversiones tecnológicas intensivas en territorio, energía y recursos naturales.
Comprar un terreno también cuenta como inversión tecnológica
El Súper RIGI, aprobado por la Cámara de Diputados el 24 de junio con 130 votos afirmativos, 106 negativos y siete abstenciones, establece un régimen para nuevas industrias con una inversión mínima de US$1.000 millones.
La iniciativa exige que los proyectos se estructuren mediante vehículos de propósito único y ejecuten por lo menos el 20% del monto comprometido durante sus primeros dos años. Entre sus posibles beneficiarios aparecen industrias sin antecedentes productivos significativos en el país, incluidos los centros de datos para inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y otras infraestructuras digitales.
La compra de inmuebles afectados al proyecto puede computarse como parte de los activos necesarios para alcanzar la inversión mínima. El cambio es relevante porque la tierra deja de ser solamente el espacio donde se instala la infraestructura: su adquisición pasa a formar parte del capital declarado para ingresar al régimen promocional.
Esto crea un incentivo doble. La empresa obtiene el control de un activo que puede conservar su valor o apreciarse con el tiempo y, al mismo tiempo, utiliza esa compra para cumplir parte del monto requerido por el Estado.
La adquisición de tierra no es necesariamente irregular ni improductiva: todo centro de datos necesita una localización física. El problema aparece cuando el régimen no diferencia adecuadamente entre el inmueble estrictamente necesario para desarrollar la actividad y una superficie mayor adquirida como reserva patrimonial, garantía financiera o mecanismo de valorización futura.
Sin límites y controles claros, una política anunciada para atraer tecnología puede terminar subsidiando también la acumulación territorial.
Treinta años de estabilidad para proyectos que consumen recursos
El Súper RIGI concede 30 años de estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria en las materias comprendidas por el régimen. También ofrece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias, amortización acelerada, beneficios sobre dividendos, exenciones aduaneras y disponibilidad progresiva de las divisas generadas por exportaciones.
La estabilidad no significa que una empresa quede completamente exenta de toda futura legislación ambiental, hídrica o laboral. Tampoco implica que el Estado renuncie automáticamente a sus facultades de regulación. Su alcance concreto dependerá del texto finalmente sancionado, la reglamentación, los compromisos asumidos y la interpretación judicial o arbitral.
Sin embargo, una garantía por tres décadas aumenta el costo jurídico de modificar las condiciones económicas de un proyecto. Si una provincia endureciera posteriormente las reglas sobre consumo de agua, energía o uso del suelo, la empresa podría alegar que la nueva regulación afecta derechos adquiridos o altera el equilibrio bajo el cual realizó la inversión.
La posibilidad de recurrir al arbitraje internacional tampoco significa que todo conflicto deba resolverse necesariamente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI. Para llegar a esa instancia debe existir consentimiento jurídico, generalmente derivado de un tratado, un contrato o el propio régimen aplicable.
El riesgo real es más preciso: las protecciones internas del Súper RIGI pueden combinarse con tratados bilaterales de inversión y cláusulas arbitrales, trasladando determinadas controversias fuera de los tribunales argentinos. En proyectos que involucren recursos naturales estratégicos, esa posibilidad reduce el margen de acción estatal o, como mínimo, encarece su ejercicio.
La reforma ya no elimina todo límite, pero permite extranjerizar mucho más
El artículo original presenta como vigente un dictamen que eliminaba el límite nacional del 15% para la titularidad extranjera. Esa descripción quedó desactualizada después de las modificaciones anunciadas por Patricia Bullrich el 4 de agosto.
Ante la falta de votos en el Senado, el oficialismo presentó una nueva versión que restablece un techo, pero lo eleva del 15% actual al 25% de la superficie rural nacional, provincial y departamental. Es decir, no libera por completo las compras, aunque permite aumentar en dos tercios la participación extranjera autorizada.
La diferencia no es menor. En un territorio con 100 hectáreas rurales, la legislación vigente permite que hasta 15 estén en manos foráneas; la reforma habilitaría 25. El Gobierno puede presentar ese porcentaje como una concesión frente a su propuesta original, pero en comparación con la ley actual continúa siendo una flexibilización profunda.
El nuevo texto prohíbe la adquisición directa por parte de Estados extranjeros y exige autorización conjunta de la Nación y las provincias para determinadas estructuras jurídicas con participación estatal foránea. También obliga a registrar la nacionalidad de los compradores.
Esos controles no reemplazan otras protecciones que el Gobierno pretende modificar. La discusión incluye el límite individual de mil hectáreas en la zona núcleo, la regulación de predios vinculados con cuerpos de agua y el Certificado de Habilitación emitido por el Registro Nacional de Tierras Rurales.
La transferencia de competencias hacia las provincias es presentada como una expresión de federalismo. Pero las provincias administran sus recursos naturales en condiciones económicas muy desiguales. Una jurisdicción con necesidades fiscales urgentes puede negociar frente a una corporación cuyo valor supera varias veces el presupuesto provincial. La autonomía formal no elimina esa asimetría material.
La inteligencia artificial tiene sed
Los centros de datos pueden utilizar diferentes sistemas de refrigeración y no todos consumen la misma cantidad de agua. Las instalaciones con torres de enfriamiento evaporativo requieren reposición permanente porque una parte considerable del recurso se pierde como vapor. Los sistemas cerrados, la refrigeración directa de chips y la condensación por aire pueden reducir drásticamente el consumo hídrico, aunque en algunos casos aumentan la demanda eléctrica.
La ubicación, la temperatura, el diseño, el tipo de procesadores y la fuente de electricidad determinan la huella final. Por eso es incorrecto asignar a todos los centros de datos una cifra universal de consumo.
El impacto potencial, sin embargo, está comprobado. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa estima que un centro relativamente pequeño de un megavatio con refrigeración evaporativa tradicional puede consumir alrededor de 25,5 millones de litros de agua al año. También advierte que más del 60% de la huella hídrica puede ser indirecta y provenir de la generación eléctrica que alimenta la instalación.
La Agencia Internacional de Energía proyecta que el consumo eléctrico mundial de los centros de datos crecerá desde unos 415 teravatios hora en 2024 hasta aproximadamente 945 en 2030. La expansión de la inteligencia artificial explica una parte decisiva de ese aumento.
El agua, por lo tanto, no se utiliza solamente dentro del edificio para enfriar servidores. También interviene en la generación energética y en la fabricación de semiconductores. Una evaluación seria debe contemplar todo el ciclo y no limitarse al caudal extraído directamente por el establecimiento.
Google en Chile: el antecedente que obligó a cambiar la refrigeración
El proyecto de Google en Cerrillos, en la Región Metropolitana de Santiago, muestra cómo una decisión tecnológica puede modificar el impacto territorial de un centro de datos.
La empresa había recibido en 2020 una autorización ambiental para una iniciativa de aproximadamente US$200 millones. El proyecto provocó reclamos de residentes y autoridades locales por su posible impacto sobre el acuífero Santiago Central, en una región afectada por una sequía prolongada.
En febrero de 2024, el Segundo Tribunal Ambiental chileno anuló parcialmente la autorización y ordenó revisar la evaluación hídrica incorporando los efectos del cambio climático.
Google finalmente desistió del diseño original y anunció que prepararía un proyecto desde cero con condensadores refrigerados por aire, eliminando el uso previsto de aguas subterráneas para enfriar los servidores.
El antecedente demuestra dos cosas. Primero, que el consumo hídrico no es inevitable: puede reducirse mediante otra tecnología. Segundo, que las empresas no siempre adoptan espontáneamente la alternativa de menor impacto; en este caso, la intervención comunitaria, administrativa y judicial resultó determinante.
Por eso, el debate argentino no debería limitarse a permitir o prohibir centros de datos. La cuestión central es qué requisitos ambientales se imponen antes de aprobarlos: tecnología de enfriamiento, procedencia del agua, consumo máximo, reutilización, energía empleada, información pública y prioridades ante períodos de sequía.
Stargate Argentina: una promesa, no una obra en construcción
El proyecto más ambicioso asociado con esta discusión es Stargate Argentina. OpenAI y Sur Energy anunciaron en octubre de 2025 la firma de una carta de intención para explorar la construcción de un centro de datos de inteligencia artificial con una capacidad potencial de hasta 500 megavatios.
A escala completa, la inversión podría alcanzar US$25.000 millones. Sur Energy lideraría el desarrollo energético y de infraestructura, conformaría un consorcio con una empresa especializada en servicios de nube y OpenAI podría participar como comprador de capacidad de procesamiento.
Los términos utilizados son decisivos: se firmó una carta de intención para evaluar el proyecto. No existe todavía confirmación pública de una decisión final de inversión, un sitio definitivo, permisos ambientales aprobados, financiamiento completamente cerrado ni comienzo de obra.
La propia OpenAI describe la iniciativa como una colaboración que “espera” llevar Stargate a la Argentina. Sur Energy utiliza expresiones como “planes para el desarrollo” y una capacidad de “hasta” 500 megavatios.
Presentar esos máximos como una inversión ya asegurada sería transformar una posibilidad empresarial en un hecho consumado. El anuncio es real; la obra todavía no.
También debe evitarse afirmar que el centro se instalará definitivamente en un punto específico de la Patagonia mientras las empresas no publiquen la localización seleccionada y las autorizaciones correspondientes.
El frío patagónico no alcanza
La Patagonia ofrece temperaturas favorables para reducir parte de las necesidades de refrigeración, disponibilidad territorial y un importante potencial eólico, hidroeléctrico y gasífero. Esas ventajas explican el interés de los desarrolladores.
Pero un centro de datos de 500 megavatios necesita mucho más que clima frío. Requiere una alimentación eléctrica continua, redundancia, estaciones transformadoras, líneas de alta tensión, fibra óptica de gran capacidad, rutas, proveedores especializados y mecanismos capaces de garantizar operaciones sin interrupciones.
Quinientos megavatios representan una demanda comparable con la de una ciudad grande y no pueden conectarse sin obras considerables. La Patagonia presenta zonas con redes débiles, grandes distancias entre nodos y, en el caso de Tierra del Fuego, aislamiento respecto del Sistema Argentino de Interconexión.
La infraestructura necesaria podría formar parte de la inversión anunciada, pero debe identificarse quién la financiará, quién será su propietario y qué otros usuarios podrán aprovecharla. Si el Estado asume obras energéticas y logísticas para abastecer a un único cliente privado, esos costos deben incluirse al evaluar el beneficio real del proyecto.
También hace falta saber de dónde provendrá la energía. Anunciar alimentación “renovable” no garantiza disponibilidad permanente: la generación eólica es variable y un centro de datos necesita continuidad las 24 horas. El sistema requerirá respaldo, almacenamiento o una combinación de fuentes cuyo impacto debe transparentarse.
¿Soberanía digital o nueva forma de extractivismo?
Un centro de datos puede crear empleo calificado, ampliar infraestructura, atraer inversiones y mejorar el acceso regional a capacidad informática. No existe una razón inevitable para rechazarlo. El resultado depende de las condiciones bajo las cuales se instale.
La pregunta decisiva es qué obtiene la Argentina además de la inversión inicial. Si el país aporta tierra, energía, agua y beneficios fiscales durante 30 años, mientras los procesadores son importados, el software pertenece a empresas extranjeras y la capacidad se utiliza para clientes del exterior, el modelo puede reproducir una estructura extractiva: recursos locales convertidos en valor que se captura fuera del territorio.
El producto exportado ya no sería litio, gas o granos, sino capacidad de cómputo. Pero la lógica podría ser similar.
Una política de soberanía digital debería negociar obligaciones concretas: capacidad reservada para universidades, organismos científicos y empresas nacionales; formación y contratación de técnicos argentinos; transferencia tecnológica; desarrollo de proveedores locales; auditorías sobre consumo energético e hídrico; publicación de indicadores ambientales; recuperación del calor residual; infraestructura compartida y garantías de restauración al finalizar el proyecto.
También debería impedir que la compra de tierras exceda las necesidades operativas y evitar que cuerpos de agua, zonas fronterizas o territorios de valor ambiental queden subordinados a contratos blindados durante décadas.
La verdadera discusión comienza antes de vender
La reforma de la Ley de Tierras y el Súper RIGI no demuestran por sí solos la existencia de un plan secreto destinado a entregar agua y territorio a las empresas de inteligencia artificial. Sí construyen un marco jurídico en el que la compra de inmuebles puede computarse como inversión tecnológica, la propiedad extranjera puede expandirse y los proyectos reciben estabilidad excepcional durante 30 años.
Esa convergencia exige controles más fuertes, no menos.
La inteligencia artificial no flota en una nube: se instala sobre una parcela, se conecta a una red eléctrica, consume recursos y produce efectos ambientales. La discusión sobre soberanía digital comienza antes de encender el primer servidor. Comienza cuando se decide quién puede comprar la tierra, cuánta puede adquirir, qué agua podrá utilizar y qué conserva la Argentina después de conceder décadas de beneficios.
Stargate Argentina todavía es una carta de intención. La reforma territorial tampoco fue sancionada. El país está a tiempo de discutir las condiciones sin presentar toda regulación como enemiga de la inversión.
Porque atraer tecnología no debería significar vender el suelo que la sostiene. Y convertir energía en inteligencia carece de sentido si, al terminar el proceso, la inteligencia queda afuera y la factura ambiental permanece en la Argentina.
Melina Schweizer
