REDACCIÓN
Con 121 legisladores presentes y ocho menos de los necesarios para sesionar, el Gobierno evitó que Diputados debatiera el rechazo del megadecreto. Las ausencias de representantes de Provincias Unidas, del bloque tucumano Independencia y de otras fuerzas provinciales fueron determinantes. Detrás del fracaso parlamentario aparecen negociaciones con gobernadores, cambios de estrategia y una pregunta que sigue abierta: por qué legisladores que podían habilitar el debate decidieron no ocupar sus bancas.
El gobierno de Javier Milei consiguió este jueves 15 de octubre preservar el DNU 70/2023 sin enfrentar una votación en la Cámara de Diputados. La oposición reunió 121 legisladores y quedó a ocho del quórum de 129 necesario para iniciar la sesión. El resultado impidió avanzar sobre el rechazo de un decreto que ya había recibido el voto negativo del Senado en marzo de 2024.
La cifra de ocho diputados resume el desenlace, pero necesita una aclaración: no existió un grupo único de ocho ausentes que tuviera en sus manos toda la decisión. En total, 138 legisladores no se sentaron para dar quórum. Entre ellos estuvieron los integrantes del oficialismo y sus aliados, pero también representantes provinciales y algunos diputados de espacios opositores cuya participación podía modificar el resultado.
Las ausencias identificadas en las crónicas parlamentarias permiten reconstruir una parte de esa trama política.
Los nombres detrás del quórum frustrado
Alejandra Torres, diputada por Córdoba e integrante de Provincias Unidas, estuvo entre las ausentes señaladas. Su sector mantiene vínculos políticos con el gobernador Martín Llaryora, cuyo espacio había cuestionado aspectos del DNU, especialmente la derogación de la Ley de Tierras. Sin embargo, esa posición no se tradujo en la presencia de todos sus legisladores para habilitar el tratamiento del decreto completo.
En Jujuy, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, también de Provincias Unidas, no participaron de la apertura de la sesión. Ambos pertenecen al espacio político vinculado al gobernador Carlos Sadir. Sus ausencias tuvieron particular importancia porque las negociaciones previas habían puesto a los representantes de los gobernadores radicales entre las posibles incorporaciones al quórum opositor.
Lourdes Arrieta, diputada mendocina de Provincias Unidas, completó el grupo de cuatro ausentes de ese bloque mencionados expresamente en las coberturas posteriores a la sesión. Su concurrencia había sido considerada incierta durante las conversaciones previas.
Pero el caso políticamente más significativo se registró en Tucumán. Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández, integrantes del bloque Independencia, tampoco ocuparon sus bancas. Los tres responden al gobernador Osvaldo Jaldo, cuya intervención fue señalada antes de la sesión por fuentes legislativas del propio espacio.
Según esas fuentes, Jaldo había solicitado expresamente a sus diputados que no concurrieran. La versión fue difundida el 14 de octubre y volvió a circular durante la jornada parlamentaria. Aunque no constituye una declaración pública directa del gobernador, es la explicación más concreta publicada sobre una decisión coordinada para impedir el quórum.
También se registraron ausencias de legisladores vinculados a bloques provinciales de Salta, Misiones, Santa Fe, Chubut y Neuquén. En algunos casos, esas bancadas estaban involucradas en conversaciones sobre la agenda legislativa; en otros, sus representantes habían anticipado que no participarían de una convocatoria destinada a rechazar íntegramente el DNU.
La información disponible identifica asimismo a dos ausentes de Unión por la Patria, provenientes de Santiago del Estero y Tierra del Fuego. El dato es relevante porque ese bloque había impulsado la sesión y necesitaba preservar su propia asistencia para reunir el número reglamentario. No obstante, sus identidades y motivos individuales requieren confirmación mediante el registro nominal oficial.
Jaldo, los gobernadores y la negociación con la Casa Rosada
Las negociaciones entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales fueron un componente central de la estrategia para impedir el rechazo del decreto.
En la previa, las miradas estaban puestas sobre Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Carlos Sadir, entre otros gobernadores con influencia sobre legisladores que podían resultar decisivos.
La Casa Rosada buscó reducir los incentivos para que esos sectores acompañaran una sesión impulsada por el kirchnerismo y otras fuerzas opositoras.
Uno de los movimientos más relevantes fue incorporar la protección de las tierras rurales frente a la extranjerización dentro de otra iniciativa legislativa. La medida ofrecía una respuesta parcial a uno de los cuestionamientos contra el DNU, sin necesidad de discutir su derogación completa.
El Ejecutivo también impulsó una convocatoria alternativa para el 21 de octubre, con asuntos vinculados a discapacidad y endeudamiento familiar, dos temas que estaban incluidos en la sesión opositora.
La estrategia permitió que algunos bloques encontraran motivos para mantener conversaciones separadas con el oficialismo.
No existen, sin embargo, pruebas suficientes para afirmar que todos los ausentes recibieron instrucciones de sus gobernadores o que sus decisiones respondieron a contraprestaciones económicas. Esas hipótesis requieren documentación adicional.
El caso tucumano se distingue porque fuentes del propio bloque atribuyeron una instrucción específica al gobernador Jaldo.
Por qué esas ausencias fueron decisivas
La sesión del 15 de octubre tenía consecuencias jurídicas concretas.
El Senado había rechazado el DNU 70/2023 el 14 de marzo de 2024 por 42 votos contra 25 y cuatro abstenciones. Conforme a la Ley 26.122, el rechazo expreso de ambas cámaras produce la derogación del decreto, sin afectar los derechos adquiridos durante su vigencia.
Diputados podía completar ese procedimiento.
Sin embargo, para votar primero era necesario reunir 129 legisladores presentes. La oposición llegó a 121.
Esa diferencia impidió abrir el debate. No significa que los ocho diputados adicionales hubieran garantizado la derogación, porque alcanzar el quórum y conseguir una mayoría para rechazar el DNU son instancias diferentes.
Pero sí significa que las ausencias permitieron evitar una votación que podía poner en riesgo una de las principales herramientas de la política económica presidencial.
El Gobierno consiguió preservar el decreto sin tener que demostrar que contaba con una mayoría legislativa dispuesta a respaldarlo expresamente.
Qué estaba en juego mientras las bancas permanecían vacías
El DNU 70/2023 modificó numerosas relaciones económicas y comerciales. Derogó la Ley de Alquileres, eliminó determinadas regulaciones sobre abastecimiento y comercialización, introdujo modificaciones en el régimen de medicina prepaga y reformó disposiciones aplicables a distintas actividades productivas.
Algunos de sus artículos fueron posteriormente alcanzados por resoluciones judiciales o modificaciones legislativas, pero una parte sustancial de su esquema de desregulación permanece vigente.
Para sus defensores, esas modificaciones permiten reducir restricciones y estimular la competencia. Para sus críticos, debilitan protecciones en mercados donde consumidores, trabajadores, inquilinos y pequeños productores enfrentan a actores con mayor poder económico.
La sesión frustrada también debía tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y un proyecto relacionado con el endeudamiento de las familias. Ambos asuntos quedaron sin tratamiento durante esa convocatoria.
Una derrota parlamentaria que exige respuestas individuales
La falta de quórum expuso tanto la estrategia del oficialismo como las diferencias de la oposición.
Los nombres de Torres, Rizzotti, Zigarán, Arrieta, Medina, Noguera y Fernández permiten identificar siete ausencias relevantes, aunque no constituyen por sí solos una nómina de siete legisladores que hubieran prometido asistir. Otras ausencias provinciales también influyeron y deben ser examinadas individualmente.
El interrogante político más importante es qué posición asumió cada diputado antes de la sesión, qué conversaciones mantuvo su bloque y qué explicación ofreció por no ingresar al recinto.
Las negociaciones con los gobernadores forman parte de la actividad política habitual. Pero cuando esas decisiones impiden que el Congreso debata una norma de semejante trascendencia, también adquieren relevancia pública y requieren explicaciones.
A Milei le alcanzó con que la oposición quedara ocho diputados por debajo del quórum para mantener su megadecreto. La decisión no constituyó una ratificación parlamentaria de sus reformas, pero sí permitió que continuaran vigentes.
La investigación sobre las ausencias todavía tiene una cuenta pendiente: completar la nómina nominal y contrastar las razones expresadas por cada legislador.
Porque la pregunta no es solamente quiénes faltaron al Congreso el 15 de octubre. Es quiénes decidieron no habilitar el debate, por qué lo hicieron y qué responsabilidades políticas asumieron al contribuir a que el DNU 70/2023 continuara vigente.
Melina Orquidea
