GONZALO SCHWEIZER
Documentación entregada por la propia administración del hospital reveló que al cierre de 2025 había $40.899 millones en bonos, títulos y letras y otros $17.208 millones en un fondo común de inversión. Los trabajadores cuestionan que esos recursos convivieran con el conflicto salarial y la pérdida de personal. Las autoridades rechazan que se tratara de dinero disponible: sostienen que eran colocaciones transitorias destinadas a gastos operativos, obras y compromisos futuros.
En pleno conflicto por el financiamiento y los salarios del Hospital Garrahan, apareció un dato que cambia el eje de una discusión que durante meses estuvo dominada por la falta de recursos: al 31 de diciembre de 2025, la institución tenía $58.107.618.576 colocados en inversiones financieras.
La cifra no surge de una estimación gremial. Figura en documentación presentada por la administración del hospital en el marco de los expedientes judiciales 23618/2026 y CAF 39186/2025, después de un reclamo de acceso a la información pública. El Anexo III identifica $40.899.287.551,75 en bonos, títulos y letras y $17.208.331.024,27 en el Fondo Común de Inversión Pellegrini. No había dinero colocado a plazo fijo.
El hallazgo resulta especialmente sensible por el momento en que se produjo. Mientras trabajadores y profesionales denunciaban deterioro salarial, pérdida de personal y problemas de funcionamiento, entre 2024 y 2025 las colocaciones en bonos aumentaron $4.691 millones, según la documentación difundida.
La discusión, por lo tanto, ya no gira solamente alrededor de cuánto dinero recibió el hospital. También alcanza una cuestión mucho más incómoda: qué se hizo con los recursos disponibles y qué prioridades estableció la administración en medio de la emergencia pediátrica.
$58.107 millones en bonos y fondos de inversión
Los documentos permiten reconstruir exactamente la composición de las inversiones. De los $58.107 millones registrados al cierre de 2025, aproximadamente el 70% estaba colocado en bonos, títulos y letras, mientras los restantes $17.208 millones permanecían en el Fondo Común de Inversión Pellegrini.
Desde la administración rechazan, sin embargo, que pueda hablarse de $58.000 millones «sobrantes» o inmovilizados mientras el hospital atravesaba dificultades. Su explicación es que esos fondos tenían destinos comprometidos y que las colocaciones financieras eran transitorias.
Las autoridades sostienen que el mecanismo se encuentra respaldado por el DNU 668/2019 y que el dinero estaba reservado para gastos operativos, obras, bienes de capital y otros compromisos cuya ejecución ocurriría posteriormente. A medida que las obligaciones se devengan, argumentan, los fondos son retirados de esos instrumentos para realizar los pagos.
Esta aclaración es fundamental porque la existencia contable de una inversión financiera no significa automáticamente que todo ese dinero pudiera destinarse inmediatamente a salarios o cualquier otro gasto. Pero tampoco elimina la controversia: trabajadores y profesionales cuestionan precisamente las prioridades presupuestarias adoptadas mientras atravesaban un prolongado conflicto salarial.
Menos transferencias y más conflicto
La documentación también aporta otra cifra central. Durante 2024, la Nación transfirió al Garrahan $304.627 millones. En 2025 fueron $252.077 millones, es decir, $52.549 millones menos en términos nominales, en un año en el que la inflación fue del 31,55%, según los datos consignados en el informe.
Los trabajadores utilizan esas cifras para sostener que existió un proceso de desfinanciamiento. La administración lo rechaza y asegura que el hospital siempre contó con financiamiento suficiente y que el problema anterior era una mala administración de los recursos.
El balance muestra además un resultado positivo de $16.652 millones en 2025, frente a $24.612 millones en 2024, una reducción aproximada del 32%. Los profesionales atribuyen parte de ese resultado al congelamiento salarial, mientras las autoridades advierten que un resultado contable no debe confundirse con dinero efectivo disponible en caja.
Esa diferencia es importante. Un superávit contable no equivale necesariamente a una montaña de billetes sin destino. Pero la controversia política y administrativa persiste porque el hospital mostraba resultados positivos y mantenía importantes inversiones financieras mientras sus trabajadores reclamaban por salarios y condiciones laborales.
Casi 500 personas dejaron el hospital
El conflicto tiene además una dimensión que no aparece únicamente en los balances. Familiares de pacientes denunciaron que casi 500 trabajadores que dejaron el Garrahan no fueron reemplazados, lo que habría generado una mayor sobrecarga sobre enfermería y otros equipos profesionales.
Anna Mareco, madre de dos pacientes que fueron atendidos durante años en la institución, cuestionó que la inversión en tecnología pueda compensar las dificultades para conseguir turnos o comunicarse con determinadas áreas. Su planteo apunta precisamente a la diferencia entre disponer de infraestructura y garantizar que existan suficientes trabajadores para que los pacientes puedan acceder efectivamente a ella.
El contraste es central para comprender el conflicto: un hospital de alta complejidad no funciona únicamente con edificios y equipamiento; necesita profesionales, técnicos, enfermeros y personal suficiente para utilizar esa infraestructura y atender a los pacientes.
La administración asegura que invirtió más de $30.000 millones en obras
Las autoridades del Garrahan defienden su gestión con otro conjunto de números. Afirman haber destinado más de $30.000 millones al mayor plan de obras desde la creación del hospital, incluyendo una nueva área de radioterapia, un acelerador lineal y un tomosimulador de última generación.
También aseguran haber comprado 310 camas de internación, renovado equipamiento de quirófano, sillas de ruedas y habilitado el helipuerto, además de continuar obras vinculadas al trasplante de médula ósea y remodelaciones internas. La administración sostiene además que los pacientes nunca sufrieron faltantes de insumos.
Respecto de los trabajadores, afirma que durante 2025 el personal recibió un incremento salarial superior al 80% y considera que la ley de emergencia pediátrica respondió a una crisis que, según su interpretación, no existía.
Son dos lecturas completamente enfrentadas de una misma institución: para los trabajadores, los balances prueban que existían recursos mientras se aplicaba un ajuste; para la administración, demuestran que el dinero estaba siendo ordenado e invertido para garantizar el funcionamiento presente y futuro del hospital.
Seguridad, limpieza y obras: dónde se gastó el dinero
La documentación también permite observar algunas de las principales erogaciones. El gasto en seguridad privada alcanzó $13.234 millones, a los que se agregaron $377 millones correspondientes a la Policía de la Ciudad. La alimentación de pacientes internados representó $15.389 millones, las remodelaciones $18.339 millones y la limpieza integral del hospital $27.375 millones.
Desde la administración explicaron que la seguridad privada y la Policía cumplen funciones diferentes y que ambas existen en la institución desde su inauguración. La primera se ocupa de la seguridad hospitalaria, mientras la segunda interviene en cuestiones vinculadas con las entidades bancarias que funcionan dentro del predio y situaciones judiciales.
La discusión sobre esas partidas vuelve a colocar en primer plano el problema de las prioridades. No necesariamente porque cada peso destinado a una categoría pudiera trasladarse automáticamente hacia otra, sino porque un presupuesto expresa también qué gastos se protegen, cuáles se postergan y qué áreas absorben el costo de un ajuste.
La discusión ya no puede reducirse a “no hay plata”
Los $58.107 millones registrados como inversiones financieras no prueban por sí solos que existieran $58.107 millones completamente libres que pudieran utilizarse de inmediato para salarios. La propia documentación y la explicación oficial indican que una parte estaba vinculada con obligaciones futuras y funcionamiento operativo.
Pero los números tampoco permiten reducir el conflicto a una simple ausencia absoluta de recursos.
Mientras se desarrollaba una de las disputas sanitarias más importantes de los últimos años, el Garrahan tenía decenas de miles de millones de pesos colocados en instrumentos financieros, registraba resultados contables positivos y ejecutaba un importante programa de inversiones en infraestructura, al mismo tiempo que atravesaba un conflicto salarial y perdía personal.
Ahí está el verdadero núcleo de la controversia. La pregunta ya no es solamente si había o no dinero. La pregunta es para qué estaba comprometido, cómo se administró y por qué, mientras $58.107 millones figuraban invertidos, los trabajadores del principal hospital pediátrico del país sostenían que faltaban recursos para quienes hacen funcionar el Garrahan todos los días.
