GONZALO SCHWEIZER
Gabriel Esterelles renunció a la conducción de la Oficina de Presupuesto del Congreso a pocas semanas de que el Presidente presente el proyecto para 2027. La salida se produce después de una auditoría impulsada por el oficialismo y un recorte presupuestario de $55 millones. Desde la oposición denuncian un intento de debilitar al organismo técnico encargado de analizar las cuentas públicas.
A poco más de dos semanas de que Javier Milei llegue al Congreso para presentar el Presupuesto 2027, la oficina que debe proporcionar a diputados y senadores herramientas técnicas independientes para analizar los números del Gobierno atraviesa una crisis interna. Gabriel Esterelles renunció a la conducción de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y todavía no fue confirmado quién ocupará su lugar.
La salida no ocurre de manera aislada. Llega después de una auditoría impulsada por la conducción oficialista de la comisión bicameral encargada de supervisar el organismo y de un recorte de $55 millones en su presupuesto, en medio de acusaciones opositoras sobre un intento de avanzar sobre su autonomía.
La coincidencia temporal convierte el conflicto en un asunto institucional de primera importancia. El próximo 15 de septiembre, Milei tiene previsto concurrir al Congreso para presentar el cálculo de ingresos, gastos y metas económicas para 2027. Y precisamente la OPC es una de las herramientas que tienen los legisladores para determinar si esas proyecciones son consistentes.
En otras palabras, mientras el Ejecutivo prepara los números que deberá defender ante el Congreso, se debilita el organismo técnico encargado de revisarlos.
Qué es la OPC y por qué importa
La Oficina de Presupuesto del Congreso es un organismo técnico del Poder Legislativo cuya función es elaborar análisis, estudios y proyecciones sobre las cuentas públicas. Su importancia reside precisamente en que permite a diputados y senadores evaluar con información propia el impacto fiscal de proyectos de ley y las estimaciones económicas enviadas por el Poder Ejecutivo.
Ese trabajo adquiere especial relevancia durante la discusión presupuestaria. El Gobierno puede proyectar determinado crecimiento, inflación, recaudación, gasto o resultado fiscal, pero el Congreso necesita capacidad técnica para analizar si esos supuestos resultan consistentes y cuánto costarán realmente las políticas incorporadas al proyecto.
Sin esa capacidad, la discusión presupuestaria se vuelve mucho más desigual: el Poder Ejecutivo produce los números y el Congreso debe analizarlos dependiendo, en mayor medida, de la información del propio Ejecutivo.
Ese es el trasfondo de la advertencia realizada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien calificó la situación como una «nueva embestida contra el control parlamentario efectivo» y cuestionó que puedan silenciarse o subordinarse las áreas técnicas encargadas de aportar evidencia al debate legislativo.
Una renuncia después de la auditoría
La salida de Esterelles se conoce además cuando la Comisión Bicameral Especial de Supervisión Parlamentaria de la OPC se prepara para analizar los resultados de una auditoría ordenada por el oficialismo.
La comisión está presidida por el senador libertario Agustín Monteverde y tiene al diputado Bertie Benegas Lynch entre sus integrantes. La agenda de la reunión prevista para este lunes incluye tanto la presentación de los resultados de la auditoría como cuestiones vinculadas con el presupuesto del organismo.
Desde sectores opositores vienen cuestionando el procedimiento desde junio. Fuentes parlamentarias llegaron a describir la auditoría como una «invasión política» y denunciaron que unas diez personas ingresaron a las dependencias de la OPC y precintaron elementos.
La auditoría, por sí misma, no constituye una irregularidad: un organismo público puede y debe ser sometido a controles. El conflicto político está en quién impulsa ese control, cómo se ejecutó y qué ocurre posteriormente con la autonomía, el presupuesto y la conducción del organismo auditado.
La renuncia de su titular agrega ahora una nueva pieza a esa secuencia.
Primero la auditoría, después el recorte
A las tensiones institucionales se agregó una decisión presupuestaria concreta. En junio, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada denunció que la OPC había sufrido un recorte de $55 millones.
La reducción fue instrumentada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial el 11 de mayo y firmada por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La combinación es políticamente sensible: auditoría, reducción de recursos y renuncia de la máxima autoridad, todo en los meses inmediatamente anteriores al debate del Presupuesto Nacional.
Por eso, la discusión excede ampliamente los $55 millones. El verdadero punto de conflicto es si la Oficina conservará suficientes recursos, personal especializado y autonomía para producir análisis independientes cuando llegue al Congreso la principal ley económica del año.
Milei vuelve al Congreso el 15 de septiembre
El momento elegido multiplica la importancia de la disputa. Milei tiene previsto presentar personalmente el Presupuesto 2027 el 15 de septiembre y, como ocurrió en 2024, utilizar una cadena nacional para explicar los principales lineamientos económicos de su administración.
El Presupuesto no es simplemente una tabla gigantesca de ingresos y gastos. Allí el Gobierno debe explicitar cuáles son sus previsiones para variables fundamentales y cómo piensa distribuir los recursos del Estado durante el próximo ejercicio.
Cada supuesto tiene consecuencias. Una proyección demasiado optimista de crecimiento puede inflar los ingresos esperados; una estimación de inflación que luego no se cumple modifica partidas reales; una previsión incorrecta sobre recaudación altera el resultado fiscal.
Por eso existe una oficina técnica especializada dentro del Congreso: para que el Poder Legislativo no tenga que aceptar sin herramientas propias las cuentas elaboradas por el mismo Gobierno que pretende que se las aprueben.
La pelea es por quién controla los números
El conflicto alrededor de la OPC adquiere todavía mayor relevancia bajo una administración que convirtió el equilibrio fiscal en el corazón de su programa económico. El Gobierno utiliza sistemáticamente el superávit, el déficit cero y el costo fiscal de las leyes como argumentos centrales para defender o rechazar decisiones del Congreso.
Precisamente por eso, la existencia de una institución legislativa capaz de realizar cálculos propios resulta particularmente importante.
Si un proyecto aumenta jubilaciones, financia universidades, modifica impuestos o amplía una política pública, el debate sobre su costo no debería depender exclusivamente de la estimación del Ministerio de Economía. La OPC permite que los legisladores cuenten con otra evaluación técnica para discutir esas cifras.
Debilitar esa capacidad no modifica necesariamente los números del Presupuesto, pero sí modifica la capacidad del Congreso para discutirlos en igualdad de condiciones.
El Presupuesto llega con el árbitro técnico debilitado
La renuncia de Esterelles no demuestra por sí misma que exista una intervención política de la OPC, del mismo modo que una auditoría o un recorte presupuestario no permiten concluir automáticamente que el organismo haya perdido su independencia. Pero la sucesión de acontecimientos explica las alarmas opositoras.
La Oficina fue auditada, sufrió un recorte de recursos y ahora perdió a su máxima autoridad. Todo ocurre mientras faltan pocas semanas para que el Ejecutivo envíe al Congreso el documento económico más importante de 2027.
Por eso el verdadero interrogante no es únicamente quién reemplazará a Esterelles.
La cuestión será en qué condiciones llegará la OPC al debate presupuestario y qué capacidad efectiva conservará para revisar las proyecciones del Gobierno.
Milei llegará al Congreso el 15 de septiembre para explicar cuánto piensa recaudar, cuánto pretende gastar y cuáles serán las variables sobre las que construirá su programa económico para 2027. Del otro lado debería existir un Poder Legislativo capaz de auditar esas cuentas con autonomía técnica.
El problema es que, justo antes de que lleguen los números de Milei, la oficina creada para ponerlos bajo la lupa se quedó sin jefe, con menos presupuesto y en medio de una auditoría impulsada por el oficialismo.
