GONZALO SCHWEIZER
El empresario Claudio Drescher advirtió que la apertura acelerada de las importaciones, la caída del consumo y el ingreso de productos en condiciones desiguales están destruyendo el entramado productivo argentino. El Gobierno promete precios más bajos, pero en las vidrieras tampoco se vende lo importado: cuando desaparece el salario, hasta lo barato resulta caro.
La crisis de la industria textil argentina ya no puede explicarse como la simple incomodidad de algunos empresarios frente a la competencia extranjera. Fábricas cerradas, trabajadores suspendidos, puestos eliminados y comercios sin compradores revelan un problema más profundo: el modelo económico impulsado por Javier Milei está debilitando simultáneamente la producción y el consumo.
Claudio Drescher, referente de la industria de la moda y presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, lo resumió sin rodeos: “Se está destruyendo el tejido productivo de la Argentina”.
La frase tiene una precisión involuntariamente perfecta. No solo habla de textiles. Describe una economía cuyas costuras comienzan a romperse porque el Gobierno decidió que producir dentro del país es una actividad sospechosa, mientras importar aparece presentado como una virtud modernizadora.
La promesa oficial sostiene que la apertura comercial obligará a los fabricantes nacionales a competir, bajar precios y mejorar la calidad. Pero la competencia solamente puede producir esos resultados cuando existe cierta igualdad entre quienes participan. Una empresa argentina que paga salarios, impuestos, servicios, logística y financiamiento local no compite en las mismas condiciones que una plataforma extranjera capaz de enviar productos fabricados a gran escala y comercializarlos mediante circuitos difíciles de controlar.
Eso no es apertura. Es colocar a dos corredores en la misma pista después de atarle una heladera a la espalda a uno de ellos y felicitar al otro por su competitividad.
“No se vende ni lo importado ni lo nacional”
Drescher cuestionó la velocidad y las condiciones de la apertura, pero aclaró que no defiende el cierre completo de la economía. Esa distinción importa porque el debate suele quedar atrapado entre dos extremos artificiales: aceptar indiscriminadamente cualquier importación o vivir detrás de una muralla comercial.
Una política industrial inteligente no exige prohibir todo producto extranjero. Requiere establecer reglas, controlar el dumping, impedir la subfacturación, facilitar el acceso al crédito productivo y garantizar que una empresa local no sea castigada por producir en el país.
El problema adicional es que la apertura ocurre durante una contracción del mercado interno. “No se vende ni lo importado ni lo nacional”, afirmó Drescher. La frase desarma el principal argumento oficial: las importaciones pueden multiplicar la oferta, pero no fabrican compradores.
Una camisa extranjera puede costar menos que una nacional. Sin embargo, si el trabajador perdió su empleo o destina la mayor parte del sueldo a pagar electricidad, alquiler, salud y transporte, seguirá sin comprarla. El mercado puede llenarse de prendas y vaciarse de consumidores al mismo tiempo.
La libertad de elegir entre diez productos diferentes sirve de poco cuando el bolsillo solo permite mirar la vidriera.
El cierre de Derwill como advertencia
Drescher utilizó el caso de Derwill para señalar que el deterioro ya no afecta exclusivamente a talleres pequeños o empresas tecnológicamente atrasadas. Según explicó, se trataba de una de las principales exportadoras argentinas de indumentaria y de una compañía reconocida por su capacidad competitiva.
Su caída pone en discusión la explicación cómoda de que cierran únicamente quienes no supieron adaptarse. Cuando desaparecen empresas con experiencia, capacidad exportadora y conocimiento acumulado, lo que fracasa no es necesariamente una administración particular. Puede estar fallando el contexto completo en el que debe producir.
Una fábrica no es solamente un edificio con máquinas. A su alrededor existen proveedores, transportistas, diseñadores, talleres, vendedores, técnicos y familias que dependen directa o indirectamente de su actividad. Cuando cierra, no se pierde únicamente una marca: se rompe una cadena de conocimientos y relaciones productivas que puede tardar décadas en reconstruirse.
Importar una prenda requiere una operación comercial. Volver a levantar una industria exige tiempo, inversión, capacitación y consumidores con ingresos. Destruir es más rápido; por eso algunos gobiernos lo confunden con eficiencia.
La inflación que baja y los gastos que suben
El empresario también cuestionó la forma en que el descenso del índice general de precios es presentado como prueba de una recuperación. Para Drescher, la inflación promedio no refleja adecuadamente la situación de la clase media, cuyos ingresos están cada vez más comprometidos por las tarifas, las cuotas de medicina privada y los colegios.
Técnicamente, el Índice de Precios al Consumidor no es “falso”: mide una canasta promedio conforme a una metodología determinada. Pero un promedio puede ser correcto y, al mismo tiempo, no representar la experiencia particular de cada hogar.
Una familia que destina una parte considerable de sus ingresos a servicios, alquiler, salud y educación puede experimentar un aumento de su costo de vida muy superior al índice general. Si esos gastos obligatorios crecen más que el salario, la desaceleración del precio de una remera no representa una mejora sustancial. Significa, en muchos casos, que la remera quedó fuera del presupuesto.
Parte de la moderación en determinados bienes manufacturados también puede responder al derrumbe de las ventas. Los precios dejan de subir porque los comercios ya no encuentran a quién venderle. El Gobierno mira la etiqueta y celebra; el comerciante mira la caja vacía y comprende de dónde salió el milagro.
China, dumping y controles debilitados
Drescher denunció el ingreso de productos chinos mediante posibles prácticas de dumping, contrabando y subfacturación. También cuestionó que algunas mercaderías entren con costos impositivos o aduaneros que considera insuficientes frente a las obligaciones soportadas por los productores nacionales.
Estas denuncias requieren controles e investigaciones concretas. No todo producto barato constituye dumping y no toda importación implica una irregularidad. El dumping existe cuando una mercancía se vende en el exterior por debajo de su valor normal o en condiciones capaces de provocar un perjuicio a la industria del país importador. Probarlo exige comparar costos, precios, subsidios y cadenas comerciales.
Pero la necesidad de demostrar cada caso no vuelve irrelevante el problema. China posee una escala industrial, una infraestructura logística y políticas de apoyo estatal que ninguna pyme argentina puede reproducir. Si además existen subfacturación, evasión de aranceles o controles insuficientes, la supuesta competencia deja de ser desigual para convertirse en una ceremonia de demolición.
La discusión tampoco debería reducirse a una guerra contra China. La responsabilidad de proteger las condiciones de competencia corresponde al Estado argentino. El proveedor extranjero defiende su mercado; la pregunta es quién defiende el nuestro.
El equilibrio fiscal sin fábricas
Drescher calificó el rumbo gubernamental como “antiindustrial” y cuestionó la posibilidad de sostener el equilibrio fiscal sin una recuperación de la actividad. Su observación toca el centro del programa económico de Milei.
Un resultado fiscal puede mejorar mediante la reducción del gasto, el deterioro de las prestaciones estatales y la caída de las transferencias. Pero si simultáneamente cierran empresas, disminuye el empleo registrado y se contrae el consumo, también se debilitan las fuentes futuras de recaudación.
Menos trabajadores registrados significan menos aportes. Menos ventas representan menor recaudación tributaria. Menos producción implica más dependencia de importaciones y una economía vulnerable a la disponibilidad de divisas.
El equilibrio fiscal es una herramienta importante, pero no constituye por sí mismo una política de desarrollo. Una familia también puede reducir sus gastos dejando de comer. La cuenta cierra; el cuerpo, no.
El verdadero precio de una prenda
El Gobierno presenta las importaciones como una defensa del consumidor frente a empresarios nacionales que cobraban precios elevados. Esa discusión es legítima: la industria local debe explicar sus costos, mejorar su productividad y ofrecer precios razonables. Proteger la producción no puede convertirse en una autorización permanente para fabricar caro, vender mal y exigir privilegios.
Pero tampoco puede llamarse defensa del consumidor a una política que destruye el empleo del mismo ciudadano al que promete ofrecerle productos más baratos. Consumidor y trabajador no son personas diferentes. Quien compra una camisa por la tarde necesita conservar por la mañana el empleo que le permite pagarla.
La advertencia de Drescher señala justamente esa contradicción. La Argentina puede abrir su economía, pero necesita decidir con qué ritmo, bajo qué controles y con qué herramientas de adaptación para sus empresas. De lo contrario, el resultado no será una industria más competitiva, sino un país convertido en depósito de productos fabricados en otros lugares.
El precio de una prenda importada aparece escrito en la etiqueta. El costo de una fábrica cerrada se distribuye entre trabajadores despedidos, proveedores quebrados, barrios empobrecidos y capacidades productivas perdidas.
Esa segunda cuenta no aparece en la vidriera. Pero siempre termina pagándola alguien.
